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CAUSA CASCO: "Hace 8 años le tiraron un muerto al Socialismo. Hoy están acorralados y señalados como corruptos"

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Hugo Álvarez, escritor del libro "CAUSA ARMADA: la historia detrás del caso Franco Casco", co - fundador y presidente de la Asociación INOCENTE COLECTIVO dialogó con APROPOL.

Por Alberto Martínez

Todas las aristas políticas que encierra el caso. La primigenia y errónea construcción mediática y las particularidades sobre el ritmo del empedernido juicio contra 19 trabajadores policiales en una causa armada que ya es vergüenza nacional.

Apropol: Hugo, el próximo mes se cumplirán 8 años del inicio de la causa y 5 años del momento de las detenciones ¿Qué avances hubo en el caso y qué lectura hacen de la visibilización que obtuvieron?

Hugo Álvarez: El avance de la investigación y la presión de los familiares de estos trabajadores inocentes sobre la fiscalía federal hizo que el caso tuviera un giro de 180 grados.

Cuando digo "presión" no me refiero a una forma de coacción ilegítima, sino a una lucha transparente, democrática y popular que tuvimos que dar en las calles, en los medios, en las redes, y en todos los escenarios que nos plantearon para poder mostrarles a todes que el inicio y la base del caso se sustentan en unos cuantos operadores políticos y judiciales a los que hoy nadie les cree.

Eso quedó muy claro cuando la fiscalía federal N°1 se negaba a producir la prueba que hoy se expone en juicio y que vuelve a demostrar que detrás de la lamentable muerte de Casco armaron una gran mentira que perjudicó primero la memoria de Franco, luego a su familia y a nuestros familiares, y se extendió como un daño pluriofensivo a toda la sociedad.

Hace 8 años le tiraron un muerto al Socialismo. Hoy están acorralados y señalados cómo corruptos.

Apropol: Hablas de operadores políticos y judiciales ¿Se les puede poner hoy rostro y nombre?

Hugo Álvarez: Ya están individualizados, y todes conocemos sus rostros, sus nombres, y los puestos desde donde conspiraron para mentirle al sistema judicial y a toda la sociedad.

El ex Defensor General Gabriel Ganon y el ex Defensor Regional Gustavo Franchesquetti dieron el puntapié inicial cuando pidieron una "audiencia de habeas corpus" a fin de octubre del 2014.

Allí ya tenían datos precisos que confirmaban que Franco había estado demorado el 7 de octubre y se había ido en libertad.

Los presos de la comisaría séptima le habían revelado eso a las Defensoras que mandaron el propio Ganon y Franchesquetti para averiguar. Estas personas compartieron cercanía con Casco y afirmaron que sabían del caso "por la tele" y que en la comisaría "nunca habían tenido ningún problema".

Esa información fue transmitida por las empleadas a los funcionarios, y ello se confirmó en las pasadas audiencias donde las mismas letradas reconocieron ese extremo ante el Tribunal. Sin embargo en la audiencia de habeas corpus, Ganon y Franchesquetti ya presentaron la teoría que dio inicio al armado del caso.

Afirmaron que "si bien todos lo extremos que manifiestan los policías se acreditan con pruebas, nosotros tenemos la teoría de que Casco fue detenido la noche anterior de manera ilegítima, golpeado y asesinado en la dependencia policial". De ahí empiezan una serie de acuerdos con Nación para armar todo el caso.

Apropol: ¿Acuerdos con Nación?

Hugo Álvarez: Por supuesto. Fue el propio Ganon quien llevó el caso de esa forma al PRO.CU.VIN (procuraduría de violencia institucional) y quien digitó una reunión de los padres de Casco con Gils Carbó (ex procuradora de la nación, muy cercana a Cristina Kirchner) y posteriormente se especuló con que Cristina en persona los recibiría. No debemos olvidar el contexto de la época y su desarrollo.

En 2013 en las elecciones legislativas el Socialismo en la provincia de Santa Fe encabezó la lista de Diputados Nacionales con Hermes Binner obteniendo 43 % ganando en 18 de las 19 jurisdicciones de la provincia.

El propio Binner en agosto del 2014 -y esto era 2 meses antes del inicio del caso- fantaseaba con su postulación a presidente y afirmaba que "hay que ir a buscar los votos del kirchnerismo, de los sectores del progresismo que hoy no se sienten representados", los propios asesores de Binner afirmaban que "no habrá ninguna concesión discursiva, más bien vamos a vincular al kirchnerismo con las opciones de derecha, porque terminaron derechizando su Gobierno".

En el mismo sentido desde el análisis político de la época se afirmaba que "el Frente para la Victoria no logró (ni logra aún) hacer pie en la provincia".

Si bien era Bonfatti quien gobernaba, tanto el no poder dominar la provincia y tener un opositor del mismo partido enfrentado al Kirchnerismo dieron importancia al caso Casco cómo herramienta de desprestigio.

Para Ganon, peronista de izquierda y militante de "Justicia Legítima" llevar está ofrenda a Nación era una forma de congraciarse con la realeza.

Apropol: Pero en el primer intento rebotaron ¿Cómo fue eso?

Hugo Álvarez: Ganon lleva la denuncia al Fiscal Abel Córdoba en Nación, quien era mano derecha de Gils Carbó y también militante de Justicia Legítima. Este hace una descripción de los hechos bastante deficiente, con decirte que para el a Casco lo habían detenido "policías de la ciudad de Córdoba". El juez federal Marcelo Bailaque rechazó que la causa trámite en fuero federal y la devolvió a provincia, criticando en duros términos el encuadre "engendro" que pretendía el fiscal Córdoba.  Ante eso, Ganon de manera ilegal ensaya que la justicia provincial se declare incompetente y lo consigue. Acumular incidentes, es decir, pedir la competencia de un fuero por un lado, y si este lo niega solicitar la incompetencia por el otro está vedado por el Art. 45 del código penal de la Nación.

Este apartado del Código se denomina "Promoción" y prescribe de forma clara que las partes podrán “promover la cuestión de competencia por inhibitoria ante el tribunal que consideren competente o por declinatoria ante el tribunal que consideren incompetente (…) el que optare por uno de estos medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro, emplearlos sucesiva o simultáneamente". Está ilegalidad se le permite a Ganon quien ya estaba coordinando con Nación. Allí se completa la primera fase de la operación "causa armada".

Apropol: Entonces, el origen de la causa ¿Es netamente político?.

Hugo Álvarez: Su fundación si, su desarrollo es un poco más complejo. Para comprender acabadamente como un caso donde paradójicamente no hay caso se convirtió primero en un "emblema de la violencia institucional" y hoy es un emblema de los armados políticos, militantes y mediáticos -además de una vergüenza nacional- debemos reconocer las líneas históricas, culturales, sociológicas y simbólicas que en el imaginario colectivo vehiculizan las supuestas acciones de los trabajadores policiales. En primer lugar, una porción de la sociedad piensa que una persona al ser trabajador de una fuerza de seguridad, armada o policial automáticamente es corrupto o represor. En sí, hay un discurso muy definido desde ciertos sectores que trabaja con mucho ahínco para que eso no cambie.

Por otra parte, simbólicamente les uniformades son sujetos socialmente repudiados ya que representan en sus individuos coerción y represión, cuando no somos capaces de ver qué el Estado mismo se organizó para tener el monopolio de la violencia, y son sus líderes políticos y no les trabajadores de fuerza quienes deciden sobre cómo y cuándo reprimir.

Hay también un discurso permanente de separación entre población y trabajadores policiales, sin entender que estos son parte de la sociedad y tienen sus mismas problemáticas y sus mismos derechos. Esto es una especie de desprendimiento del famoso dicho de los 70 "mientras peor, mejor".

Políticas nefastas sobre seguridad, creadas por políticos y no por trabajadores policiales, provocan la ira de una población que termina por estigmatizar y criminalizar a un colectivo al cuál se lo presiona para que haga y se lo condena cuando hace, imprimiendo en la sociedad la idea de que todo trabajador policial es bruto, ignorante, corrupto o vago.

En ese sentido no es casualidad que la mayor parte de los medios de comunicación prefieran dar noticias negativas sobre el colectivo que visibilizar las muchas ocasiones en que les trabajadores policiales salvan vidas, protegen al ciudadano u obran cómo servidores del pueblo.

Todo eso se condensa y tiene mucha preponderancia en la causa armada; es un discurso plural y totalitario del cuál se valieron mucho los arma causas.

Apropol: Dicho con tanta claridad el panorama es funesto, ante está realidad ¿Tienen peso las cuestiones probatorias y definitivas?

Hugo Álvarez: Nosotros seguimos confiando en que los jueces Otmar Paulucci, Eugenio Martínez y Ricardo Moisés Vázquez sepan leer el panorama al completo, ya que es el único punto desde donde adentrarse en esta jungla de especulaciones y entender porque la causa sigue.

Por otro lado, si siguen el axioma "quod non est in actis non est in mundo" qué sería "lo que no está en el expediente, no existe en el mundo" la causa jamás debería haber llegado a juicio. Si de entrada vemos que hay abundantes registros fílmicos con fecha y hora posterior al egreso de Franco Casco de la comisaría, que es el mismo Franco Casco quien aparece caminando sano y salvo por la ciudad, donde además de eso, se confirma de manera categórica que la ruta que sigue el joven es la que lo lleva a la casa de sus familiares en Rosario, poco más habría que agregar. Aún así, si por un lado seguimos la teoría de que Franco fue torturado y golpeado hasta la muerte, y en 4 autopsias donde participan profesionales de Buenos Aires, de Rosario y del mismo Equipo Argentino de Antropología Forense se confirma que descartan el trauma lesivo cómo causa de muerte, que la misma es indeterminada y se orientan a un diagnóstico de que Franco se haya ahogado, tampoco tenemos mucho más para agregar. Todo eso estuvo siempre en el expediente, todo eso se confirmó ya en el juicio. Acá la cuestión es que análisis hará el Tribunal de estas pruebas que no tienen más lectura que la que es, Franco Casco se fue en libertad de la comisaría séptima y murió en circunstancias que aún no fueron investigadas.

Apropol: El caso lleva mucho tiempo, pero finalmente tendrá una sentencia, luego de eso ¿Cómo siguen los familiares y como sigue INOCENTE COLECTIVO?

Hugo Álvarez: Bueno, para empezar decir que ya está muy claro que al momento de pedir condenas, la fiscalía también pedirá muchas absoluciones, ya que es evidentemente grosero el que la propia acusación no pudo destruir el estado de inocencia de los acusados. Más allá de lo que el Tribunal falle, entendemos de manera lisa y llana que la historia ya declaró INOCENTES a estos trabajadores, que el ritmo al cuál la sociedad está viendo las atrocidades que se cometen desde los órganos más poderosos del Estado contra gente inocente marcan un antes y un después en la forma de administrar justicia que la sociedad creía que existía.

En ese punto, medios como Conclusión, Radio Wox, La Capital o ustedes mismos fueron vitales para que la población este informada y saque sus propias conclusiones. Alejandra Ojeda Garnero del medio Conclusión tuvo un compromiso categórico con un principio fundamental que es el derecho a ser oído, el cual está íntimamente ligado al derecho a difundir ideas y al derecho de la sociedad de estar informados.

Fue una de las únicas periodistas que oyó, entrevistó y habló con las dos partes, que indagó en cada foja del expediente, que presenció cada audiencia desde el inicio a la fecha e incluso soportó y soporta muchas presiones de colegas y actores de la acusación. Inocente Colectivo sigue con propuestas firmes y duraderas, entre las cuales además del acompañamiento a familiares y personas en situación de vulnerabilidad ante el armado de causas, preparamos tres proyectos de ley basados en la ley de iniciativa popular. Ley de transparencia y participación del acusado: instrumenta preceptos claros y no ambiguos sobre la participación en las instrucciones de las personas señaladas de un delito.

Ley de abstención en la condena previa: se regirá por las recomendaciones de la ONU, la CIDH y la CorteIDH sobre los deberes del Estado y sus funcionarios públicos de abstenerse de condenar informalmente a personas señaladas en causas penales. Sobre esto la CorteIDH afirma "la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública". También el comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sostuvo en torno a esto que "las personas acusadas de un delito serán tratadas de conformidad con el principio de inocencia. Todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado.”

Finalmente se solicitará una ley para la creación del ODEA (organismo de defensa al acusado) el cuál integrará un equipo interdisciplinario de abogados, juristas, asistentes sociales, sociólogos y psicólogos. Tendrá competencia para actuar en la defensa de personas acusadas con fines políticos y de delitos graves los cuáles sean no excarcelables.

El organismo podrá actuar coordinadamente con defensorías manteniendo su autonomía y se podrá pedir su asistencia cuando el acusado sea perseguido por dos o más agencias Estatales o para-fiscales, como es el caso de las querellas que interponen la Secretaría de Derechos Humanos, las fiscalías Ad-Hoc o la Defensoría General de la Nación ante la vulnerabilidad del acusado que debe soportar la persecución penal puesta en manos de múltiples agencias Estatales teniendo como compensación únicamente el malogrado y pisoteado derecho de presunción de inocencia.

APROPOL Noticias

 

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