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BASTA de "Terrorismo de Estado"

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Repudian a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y al abogado Santiago Bereciartua.

Por Hugo Alvarez (*)

ROSARIO - Inocente Colectivo junto a asociaciones gremiales, sindicales y de Derechos Humanos mostraron alarma ante un petitorio del abogado que en el marco de un juicio realizado con hechos acontecidos en plena democracia solicitó la intervención del "Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Querellantes en los juicios contra el terrorismo de Estado" asumiendo de manera firme que los trabajadores policiales en pleno 2022 son "terroristas de estatales".

En el marco de la ya emblemática CAUSA ARMADA por la lamentable muerte de Franco Casco, el abogado Santiago Bereciartua realizó una petición al Tribunal Oral N°2 de Rosario que cayó muy mal entre Asociaciones Civiles, Sindicales y de Derechos Humanos.

En el escrito se solicitó al Tribunal que al señor Matías E. -un ex convicto que declaró contra trabajadores policiales en el marco de la CAUSA ARMADA- se lo incluya en el programa de "Acompañamiento y Protección a Testigos y Querellantes en los juicios contra el terrorismo de Estado".

Más allá de las cuestiones alusivas al análisis probatorio que harán las partes en sus alegatos, entre las cuales están los dichos de Matías E. (quien reviste como denunciado por falso testimonio en el incidente FRO 30045/2019) la gravedad del temerario pedido del señor Bereciartua radica en qué se le otorga a un testigo del cuál no se pudo comprobar siquiera en grado de probabilidad que haya dicho verdad, la calidad de "víctima" o de "testigo en un juicio contra el TERRORISMO DE ESTADO", encasillado de manera taxativa a los acusados en rol de ser "terroristas estatales".

Prejuzgamiento Estatal y LAWFARE

El derrotero del caso ya se reveló como una verdadera CAUSA ARMADA.

En ese orden, no se había visto desde las épocas de la segunda guerra mundial -y el ascenso de la radicalización de un partido extremista en la Alemania de fines de 1930- que un sector operarse tan impunemente, con un aparato de propaganda y presión coordinado y perfectamente ensamblado para tal fin.

Dentro de ese entramado, los acusadores seriales operan siempre el mismo tipo de causas, teniendo a su disposición todo tipo de programas creados por el propio Estado para perseguir, vulnerar, vigilar, castigar y amedrentar a cualquier trabajador policial que pueda ser señalado como supuesto responsable de un delito que encuadre en las pretensiones de estos organismos, pretensiones que siempre son las de conseguir culpables.

El caso Franco Casco les está costando muy caro al tener que empeñarse todos los acusadores en sostener una teoría que no pueden ni podrán demostrar bajo ningún concepto al no haber sucedido jamás los hechos como ellos los vendieron ante la opinión pública.

Ante esto es que tanto Santiago Bereciartua, como el resto de acusadores recurren continuamente a emplear herramientas que nada tienen que ver con la prueba y el hecho que pueda llegar a demostrarse en el juicio.

Desde el inicio del caso y con la complacencia de ciertos sectores políticos, militantes y mediáticos derrocaron los acusadores mandatos tan centrales como la presunción de inocencia, el derecho a no ser presumido culpable, el dercho a la honra y la dignidad, el derecho a la libertad personal, a no ser encarcelado arbitrariamente, a ser juzgado en un plazo razonable, la igualdad ante la ley o la protección jurídica, derechos de los que forman parte, a cuyo desprestigio contribuyen como ejecutores de su política represiva, de criminalización, persecución, estigmatización, politización del conflicto, escarnio público y linchamiento mediático.

"No olvidamos…"

No podemos olvidar que Santiago Bereciartua es el abogado representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por el señor Horacio Pietragalla Corti, quien durante una de las jornadas del juicio se hizo presente en la puerta del Tribunal para presionar a la justicia exigiendo que haya condenas, e incluso propinado todo tipo de falsedades antes los medios, aventurandose a sostener que Franco Casco había sido "torturado y asesinado por la policía de Santa Fe" en un franco acto de preguzgamiento Estatal.

Está cuestión fue desmentida durante el debate por distintos profesionales médicos, entre ellos los forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e incluso el mismo Equipo Argentino de Antropología Forense.

Pietragalla Corti ya acumula sendas denuncias ante organismos nacionales e internacionales por corrupción y enriquecimiento ilícito debido al alto crecimiento de su patrimonio (2300 % en dos años) e incitación al odio por la muestra promovida por su Secretaría "neoliberalismo nunca más" donde comparó a gobiernos democráticos con gobiernos militares.

En el presente caso la articulación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se impuso como un organismo para-fiscal encargado de perseguir a personas inocentes y someterlas a martirios y vulneración de derechos que paradójicamente esa Secretaría debe tutelar; el derecho a presunción de inocencia, el derecho a no ser encarcelado arbitrariamente o a ser juzgado en plazo razonable.

Además, la secretaria fue admitida cómo querellante de manera irregular, ya que la última instancia para poder participar como damnificado en el debate era durante la elevación a juicio, momento donde ningún funcionario de esa Secretaría se presentó para acusar, y llamativamente, sí lo hizo luego de las PASO 2021 donde el Frente de Todos perdió más de 4 millones de votos a nivel nacional.

La presentación se realizó bajo la excusa de que "se retomaba la querella que había abandonado en el gobierno de Macri"
En esa gestión a Santiago Bereciartua lo habían echado de su puesto, habiéndolo tenido que reintegrar Pietragalla Corti, quien hasta el momento ni siquiera había mostrado interés alguno en el caso.

Alineados

Las defensas están evaluando un escrito de reposición o aclaratoria ante el Tribunal ya que vislumbran que la participación de un organismo que actúa en "juicios contra el terrorismo de estado" para atender al ex convicto Matias E. puede configurar un claro supuesto de PREJUZGAMIENTO antes de una sentencia firme.

En ese sentido y en base al temario pedido del señor Bereciartua se expuso:

a) ¿En qué consiste la supuesta protección que le darán a Matías E?
b) Si recibirá asistencia "psicológica" ¿No puede esto hacerlo mediante un profesional particular?
c) ¿El señor Matías E. solicitó que se lo incluya en tal programa?
d) Incluyéndolo en tal programa ¿SE ASUME QUE EL MISMO ES TESTIGO EN UN JUICIO CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO?
e) Ergo: Los trabajadores policiales de la comisaría séptima ¿Forman parte del "terrorismo de estado"?
f) El caso de Franco Casco iniciado en 2014 ¿Forma parte de un caso donde se juzga a "EL TERRORISMO DE ESTADO"?
g) Los trabajadores policiales de la democracia ¿Son terroristas estatales?
En esta inteligencia se teme una nueva embestida de los acusadores para volver a presionar a testigos y ofrecerles dádivas a cambio de que declaren contra trabajadores policiales cómo ya fue revelado durante las audiencias de debate.
El próximo lunes 22 continúa el juicio.

(*) Presidente de la Asociacion Civil Inocente Colectivo

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