CHACO: Fuerte reclamo de familiares de policías a legisladores por un premio a otorgar

charata tapa

Es por un premio que decidieron otorgar a la madre de un joven fallecido cuyas circunstancias se están analizando en juicio y que reclaman su inocencia.

 

 

Por Alberto Martínez

El hecho sucedió el 26 de febrero del 2022 tras ser arrestado por la policía de la localidad de Charata (Chaco) y en ella el joven Leandro Bravo fallece en circunstancias que se investigan bajo custodia policial. Bravo era un conocido adicto crónico y pese a que su familia vive allí estaba en una situación de calle de manera casi permanente. Todo esto hoy se ventila en un juicio donde se están conociendo detalles de graves irregularidades en perjuicio de los cuatro policías hoy detenidos “por las dudas”.

 

 

Esto tomo ribetes de escándalo cuando un jurado que tuvo la tarea de evaluar las postulaciones estuvo integrado por la diputada Mariela Quirós, integrante de la Comisión De Derechos Humanos; Nancy Sotelo por el INADI; la Dra. Silvina Canteros del Comité Prov. De Prevención de la Tortura Y Otros Tratos Y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes; el Dr. Matías Jachesky del Ministerio Público de la Defensa y Julio García en representación de la sociedad civil decidieron promover la entrega del Premio “Mario Bosch” Edición 2023 “A La Lucha Contra La Violencia Institucional” que otorga la Legislatura Provincial instituido por ley 2372-A a Nora Nieto la madre del joven fallecido.

Esta claro que hay una construcción sistemática de una culpabilidad de los policías ya que todavía no se estableció hasta el momento que hubo precisamente “violencia institucional” ya que esta en debate judicial. También esta claro una evidente intromisión de un poder del Estado e otro que debe tener total autonomía en su funcionamiento. En una clara editorial el periodista Gustavo Olivello de FM Gualamba 93.7 Mhz y portal Alerta Urbana posiciona lo ocurrido y las implicancias de esta decision legislativa. 

CARTA DE LECTORES (Diario El Norte)

 

editorial bravo

En virtud al anuncio del Poder Legislativo del Chaco, donde comunican que se otorgará el Premio "Dr. Mario Federico Bosch", edición 2023, un reconocimiento a la lucha por la violencia institucional, a la Sra. Nora Nieto, madre del fallecido Leandro Bravo; y teniendo en cuenta que el caso se encuentra en proceso judicial, sin resolución, sentencia ni veredicto, queremos elevar a la notoriedad aspectos que se deben tener en cuenta antes de celebrar el evento en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo el próximo miércoles 24 de Mayo.

Amparados por el Código Procesal Penal donde la presunción de inocencia constituye la máxima garantía constitucional del imputado, que permite a toda persona conservar el estado de "No autor del delito" en tanto no se expida una resolución judicial firme; entendemos que la entrega de dicho reconocimiento atenta contra las instituciones de la república y proclamadas por la Constitución Nacional. Sobre el particular, nuestra intención es LLAMAR A LA REFLEXIÓN A LOS LEGISLADORES de la provincia del Chaco, y que se respete el derecho a ser inocente y que en la medida que exista una investigación en curso NO se culpabilice a trabajadores por el solo hecho de vestir un uniforme.

En la misma inteligencia exigimos que se respete el debido proceso, el derecho a ser oído, el derecho a no ser encarcelado ARBITRARIAMENTE, a transitar el proceso en libertad, a la protección jurídica, la igualdad ante la ley, libre información, el derecho a libertad de expresión, el derecho a difundir ideas por cualquier medio a nuestro alcance, a la dignidad y la honra.

Si la Legislatura premia la "Lucha contra la violencia institucional" es porque asumen que Leandro Bravo fue víctima de eso y eso aún no está definido.

Por otro lado, venimos exigiendo a la justicia del CHACO que den curso favorable al cese de prisión preventiva de nuestros familiares, ya que a la fecha las pruebas presentadas, tanto testimoniales, de video y de autopsia sobre el cuerpo del señor Leandro Bravo demostraron de manera contundente, inequívoca e irrevocable que los trabajadores policiales investigados ninguna responsabilidad tuvieron en el trágico desenlaces y muerte del joven. Es decir que al momento tenemos 4 personas privadas de su libertad "Por las dudas", y por llevar a cabo su trabajo.

En el mismo sentido el correcto accionar de los funcionarios policiales familiares se acreditó en cada instancia del proceso.

¡Así que no se puede hablar de violencia institucional, donde no hubo y no hay!

La única certeza que hasta el momento tenemos es que no hay peor violación a los derechos humanos y tratados internacionales que los que se están cometiendo en este caso.

Estos tratados no son una cuestión de ideología ni color político. ¡Que no nos confundan!

Anticipar postura mediante actos públicos que declaren la culpabilidad del investigado de cara a la sociedad, es un ACTO GRAVE.

Las determinaciones sobre la inocencia de las personas deben basarse en función de pruebas y certezas, NO en relatos, presiones de organizaciones estatales que se sostienen con dinero de los contribuyentes para hacer daño, y que se autodenominan de "Derechos Humanos" y acusan a jóvenes trabajadores policiales, involucrándolos en una siniestra CAUSA ARMADA mediante mecanismos bien definidos y ya conocidos por todos.

Espero no ofender a nadie con lo expuesto, y motivar un comportamiento más cauto y responsables por parte de las personas que ocupan una banca en los organismos estatales. Sólo manifiesto lo que pienso a través de este medio, comparto información y reivindico la lucha por la verdad para un mundo mejor.

Agradezco la atención y saludo respetuosamente.

Daniel Romero

DNI 36.934.328

Resistencia

 

AMPLIAREMOS

APROPOL Noticias

Imprimir