“Infórmese solo por el Gobierno”: cuando el poder pretende decidir cómo y dónde se informa la Policía

“Infórmese solo por el Gobierno”: cuando el poder pretende decidir cómo y dónde se informa la Policía

Tras el conflicto salarial, el Ministerio de Seguridad no solo explicó aumentos: también pidió a los efectivos informarse exclusivamente por canales oficiales, en un mensaje que abre debate sobre comunicación, transparencia y control del relato dentro de las fuerzas.

Por Alberto Rubén Martínez (*)

Del conflicto salarial al control del relato

En medio del malestar salarial que atraviesa a la Policía de Santa Fe y al Servicio Penitenciario, el Ministerio de Seguridad provincial eligió responder no solo con anuncios económicos, sino también con una línea comunicacional que ha despertado fuertes cuestionamientos dentro de las propias fuerzas.

Tras el adelantamiento del pago de la planilla complementaria —que originalmente estaba previsto para el 16— la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Giorgina Orciani, difundió un breve video institucional con un mensaje que generó polémica:

“HOY COBRASTE LOS AUMENTOS SALARIALES POR PLANILLA COMPLEMENTARIA QUE NOS HABÍAMOS COMPROMETIDO. LO QUE PROMETEMOS, LO CUMPLIMOS. POR ESO TE PEDIMOS, DE AHORA EN MÁS, QUE TE INFORMES A TRAVÉS DE LAS REDES OFICIALES E INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, PARA QUE AQUELLOS QUE QUIEREN DAÑAR LA INSTITUCIÓN POLICIAL Y PENITENCIARIA GENERANDO MALESTAR NO TENGAN LUGAR”.

La frase no pasó desapercibida.

Porque más allá del anuncio salarial, el mensaje introduce un elemento que preocupa a numerosos integrantes de las fuerzas: la pretensión de que la única fuente válida de información sea la comunicación oficial del gobierno.

El relato oficial: desinformación y “versiones malintencionadas”

La línea discursiva del Ministerio ya había quedado clara en la conferencia de prensa previa.

Allí, Orciani sostuvo que existe un “gran nivel de desinformación” y habló de “versiones malintencionadas” que —según afirmó— buscan confundir al personal policial y penitenciario e incluso “quebrar el plan de seguridad pública” del gobierno provincial.

VIDEO: Conferencia de prensa del 4 de marzo ultimo.

El argumento central del Ejecutivo es que el problema no radicaría en el monto de los salarios ni en la estructura de la recomposición, sino en cómo se interpretan los recibos de sueldo.

Según el gobierno, la “foto completa” del salario debía contemplar retroactivos, diferencias de aguinaldo y liquidaciones complementarias que se acreditan en distintos momentos.

Sin embargo, dentro de las propias fuerzas muchos agentes señalan que el problema no es de interpretación, sino de poder adquisitivo real, que continúa deteriorado frente a la inflación y al incremento del costo de vida.

Un mensaje que despierta críticas

Lo que generó mayor inquietud no fue tanto la explicación salarial como el mensaje político posterior.

La recomendación oficial de informarse exclusivamente por canales gubernamentales fue interpretada por numerosos agentes como un intento de deslegitimar cualquier voz alternativa dentro de la institución.

En instituciones jerárquicas como las fuerzas de seguridad —donde el derecho a la organización gremial sigue siendo un tema pendiente en Argentina— este tipo de mensajes adquiere una dimensión particularmente sensible.

Porque plantea un interrogante inevitable:

¿puede un trabajador uniformado cuestionar públicamente su situación laboral sin ser señalado como alguien que “genera malestar” o “daña la institución”?

La delgada línea entre comunicación y disciplinamiento

En términos institucionales, la comunicación oficial es una herramienta necesaria para brindar información clara al personal.

Sin embargo, cuando se presenta como la única fuente legítima de verdad, la comunicación puede transformarse en algo distinto: un mecanismo de control del relato.

El mensaje difundido por Orciani sugiere justamente eso.

Quienes expresan críticas o interpretaciones distintas de la versión oficial quedan implícitamente ubicados en una categoría problemática: la de aquellos que generan malestar o dañan la institución.

Pero en cualquier organización democrática —incluidas las fuerzas de seguridad— el malestar no se genera por hablar de los problemas, sino por la existencia misma de esos problemas.

El dato que el propio gobierno reconoce

Durante la misma conferencia, el ministro de Economía provincial reveló un dato que no pasó desapercibido: entre el 40% y el 50% del personal tiene descuentos en sus recibos por deudas financieras.

Ese número describe una realidad económica difícil para miles de trabajadores públicos.

La respuesta oficial incluye un programa de refinanciación de deudas a través del agente financiero de la provincia.

Pero el dato plantea una pregunta inevitable: si casi la mitad del personal está endeudado, ¿el problema es realmente la desinformación?

La institución no se fortalece silenciando el malestar

Desde distintos sectores del personal policial y penitenciario se insiste en una idea simple: la institución no se fortalece negando el malestar ni deslegitimando a quienes lo expresan.

Se fortalece cuando el personal siente que sus condiciones de trabajo y su situación económica son abordadas con transparencia y respeto.

Porque la confianza institucional no se construye solo con anuncios o videos oficiales.

Se construye con algo mucho más profundo: escuchar de verdad a quienes todos los días sostienen la seguridad pública en la calle y en las unidades penitenciarias.

Lo que también debería aclarar Orciani

Si el Ministerio de Seguridad está tan preocupado por combatir la “desinformación”, hay un dato que ayudaría bastante a despejar dudas.

Hace pocos días el propio Gobierno anunció una “inversión inédita de $33.000 millones” para equipar a 811 nuevos suboficiales egresados del ISEP.

Cuando se hace la cuenta simple, el costo promedio supera los $40 millones por policía.

Las armas parecen tener valores razonables dentro de parámetros de mercado.
Pero los otros ítems generan preguntas inevitables:

  • chalecos balísticos: más de $13 millones por unidad

  • uniformes completos: cerca de $25 millones por efectivo

Nadie discute que el personal deba salir correctamente equipado. Es una obligación del Estado.

Pero si el Gobierno pide que el personal se informe exclusivamente por los canales oficiales, tal vez esos mismos canales podrían explicar algo bastante sencillo:

cómo se llega a $33.000 millones para equipar a 811 suboficiales.

Porque combatir la desinformación está muy bien.

Pero la transparencia empieza por aclarar los números propios.

Un debate que recién empieza

El conflicto salarial puede haber tenido un capítulo administrativo con el pago de la planilla complementaria.

Pero el debate de fondo está lejos de cerrarse.

La discusión sobre salarios, condiciones laborales y canales de representación dentro de las fuerzas de seguridad continúa siendo uno de los grandes temas pendientes del sistema institucional argentino.

Y cada vez que el malestar aparece, la pregunta vuelve a ser la misma:

¿se lo escucha… o se intenta explicarlo desde arriba?

Porque una institución sólida no teme al debate interno.

Al contrario: lo necesita.

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«Quien quiera oír que oiga»

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP) y «La Teoría del Foco y la Vara».

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