Una agente penitenciaria que prestaba funciones como centinela/guardia de seguridad externa en la Unidad Penitenciaria Nº 12 (ex Unidad 16) de Rosario intentó quitarse la vida dentro de una garita. Fue trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad donde permanece internada con una herida de bala en el cuello.
Por Rubén Pombo
Los hechos —según testimonios recogidos por esta redacción y publicaciones públicas en redes sociales— indican que la mujer había advertido sobre su estado de vulnerabilidad y había pedido asistencia psicológica con anterioridad. A pesar de esos pedidos, habría sido destinada a cumplir servicio en la garita sin el seguimiento ni la contención necesarios. Familiares y allegados denuncian que las jerarquías conocían la situación y que ahora intentan minimizar o tapar lo ocurrido: “Otra vez te silencian, otra vez te dejan a la deriva, y como siempre, tapan todo”, dice un allegado que prefirió preservar su identidad.
Lo que denuncian los trabajadores y las redes
En publicaciones públicas que circulan entre agentes y ex agentes del Servicio Penitenciario de Santa Fe se repiten reproches a la gestión: recargas horarias constantes, turnos de 48 horas con descansos insuficientes, sueldos retrasados y falta de atención en salud mental. Comentarios recogidos en esas redes describen el clima laboral como “precarización, abuso de poder y acoso” y advierten que “con armamento en mano las 24 o 48 hs, no es difícil no encontrar otra salida”. Estas expresiones fueron publicadas en perfiles abiertos y grupos donde el personal denuncia condiciones internas.
(En la medida de lo posible documentamos las publicaciones; están disponibles en redes públicas y grupos, y pueden aportar pistas para la investigación interna.)
Contexto: un problema estructural
No se trata de un hecho aislado. En la provincia y la región hay antecedentes de muertes y episodios autoinfligidos dentro de fuerzas de seguridad y ámbitos penales, y existen estudios que muestran alta prevalencia de conducta suicida entre mujeres privadas de la libertad y entre personal penitenciario en escenarios de estrés crónico. Asimismo, el Servicio Penitenciario de Santa Fe opera en la Unidad 12 con actividad regular (requisas, ascensos, actos oficiales), lo que confirma la existencia institucional del establecimiento involucrado.
Exigencias concretas
Penitenciarios exigen con urgencia y de forma pública:
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Transparencia inmediata: que la autoridad competente (Ministerio de Justicia y Seguridad provincial / Dirección del Servicio Penitenciario) informe públicamente el estado de salud de la trabajadora —respetando su derecho a la intimidad— y detalle las circunstancias del hecho.
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Prohibición de encubrimientos: que no se alteren ni se oculten registros (planillas de servicio, pedidos de atención, legajos médicos, comunicaciones internas) y que se conserve todo material probatorio.
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Apertura de investigación independiente: se debe convocar una comisión independiente (con participación de la Secretaría de Derechos Humanos provincial y representantes gremiales) que investigue responsabilidades administrativas y penales en caso de existir omisiones.
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Medidas de protección y contención: suspensión preventiva de quienes estaban a cargo en la cadena de mando de la guardia donde ocurrió el hecho, y despliegue inmediato de asistencia psicológica y psiquiátrica para el personal afectado.
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Política de prevención: plan de prevención institucional (evaluaciones de riesgo, protocolos de atención en salud mental, limitación de recargas horarias, canales seguros de denuncia) con plazos y fiscalización pública.
Señalamiento político e institucional
Familiares y trabajadores señalan directamente a la gestión del ministro Pablo Cococcioni y a la Secretaría de Asuntos Penitenciarios Lucía Masneri, denunciando que la ausencia de políticas de prevención y la precarización del trabajo dentro del Servicio Penitenciario han creado un ambiente en el que estos hechos se repiten.
Sobre la verificación de información
Hasta el momento las autoridades provinciales no han difundido un comunicado oficial que confirme todos los detalles que circulan en redes. APROPOL publica este informe con las denuncias y testimonios recogidos y solicita a la población, a los familiares y a los testigos que aporten información, comunicaciones o imágenes que permitan reconstruir la secuencia y deslindar responsabilidades. (Hemos verificado la existencia y actividad de la Unidad Penitenciaria Nº 12 y recabado antecedentes sobre episodios similares en la región y estudios sobre conducta suicida en ámbitos penitenciarios).
No es humor lo que corresponde aquí: es acción. Pedimos que este episodio no quede en la lista de tragedias “tapadas” y que la presión pública y gremial obligue a las autoridades a actuar. La prevención salva vidas; la indiferencia mata.
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