Tras la denuncia por el simulacro en Vicente López y la grave lesión de una joven soldado, senadores exigen explicaciones al ministro de Defensa. La política impulsada por Patricia Bullrich y Luis Petri busca borrar los límites entre defensa y seguridad.
Por Alberto Martinez (*)
El Senado de la Nación será escenario de un hecho político de alto voltaje: el bloque de Unión por la Patria (UxP) pidió la interpelación formal del ministro de Defensa, Luis Petri, para que explique por qué efectivos de la Armada Argentina fueron sometidos a un entrenamiento de control de disturbios, una tarea policial prohibida para las Fuerzas Armadas por la legislación vigente.
La iniciativa parlamentaria se precipitó luego de que trascendiera que una joven soldado resultó gravemente herida durante uno de esos ejercicios realizados en instalaciones militares de Vicente López. La noticia, sumada a la falta de explicaciones oficiales, derivó en un escándalo institucional que pone en el centro del debate la militarización de la seguridad interior.
¿Militares entrenados para reprimir civiles?
La gravedad del hecho radica en que las Fuerzas Armadas no pueden ni deben realizar tareas propias de las fuerzas de seguridad, según lo establece la Ley de Defensa Nacional N.º 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059.
Sin embargo, los ejercicios incluyeron técnicas de disuasión, control de masas y uso de equipamiento antidisturbios —propio del accionar policial—. No se trató de un simple simulacro: fue una instrucción operativa para intervenir en conflictos civiles, algo expresamente prohibido para los militares en tiempos de paz.
«El gobierno está preparando a las Fuerzas Armadas para actuar en la calle. Esto es inaceptable en un Estado de derecho», denunciaron desde organismos de derechos humanos.
Una joven internada, una causa judicial y silencio oficial
La polémica alcanzó un punto crítico cuando trascendió que una joven soldado sufrió graves fracturas durante uno de estos ejercicios. La causa judicial, según informó Infobae, ya cuenta con declaraciones que describen un contexto de negligencia y desorganización.
«Nos mandaron a hacer un operativo de represión sin saber bien qué hacíamos. No teníamos ni el entrenamiento ni la protección adecuada», habría declarado un testigo clave.
¿Quién autorizó este ejercicio? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué la Armada realiza prácticas policiales? Estas son las preguntas que Petri deberá responder ante el Congreso.
Un rumbo peligroso
Esta no es la primera vez que el gobierno nacional muestra indicios de querer militarizar la seguridad pública. Desde la instalación de radares en Rosario hasta el despliegue de efectivos militares para tareas de control urbano, la línea política impulsada por Patricia Bullrich y Luis Petri busca borrar los límites entre defensa y seguridad, con consecuencias institucionales peligrosas.
Militares formados para la guerra no pueden ni deben actuar como policías. La doctrina que separa funciones no es un capricho, sino un principio de convivencia democrática que protege a los ciudadanos… y a los propios soldados.
«El gobierno está confundiendo deliberadamente las funciones militares con las policiales»
«Una joven soldado terminó hospitalizada por un entrenamiento que nunca debió existir»
«El Congreso debe frenar este avance antes de que sea irreversible»
«No fue un simulacro: fue un ensayo represivo»
En contexto: lo que revelamos ayer
Ayer, desde este medio, advertimos en exclusiva sobre el preocupante avance de este tipo de prácticas, preguntándonos: “¿Qué hacían militares entrenándose como policías?”. Hoy, la respuesta ya no es solo periodística: es institucional y exige rendición de cuentas al más alto nivel del Estado.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en justicia y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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