Grave denuncia de incompatibilidad en concursos de ascenso policial.
Una nueva denuncia sacude la credibilidad del sistema de concursos para ascensos en la Policía de la Provincia de Santa Fe. Esta vez, la señal de alerta apunta directamente a la Comisario C. F. quien concursa para el grado de Comisario Supervisor, mientras que su pareja, el Comisario Supervisor D. F., se desempeña como jurado del mismo proceso, específicamente en el agrupamiento Supervisión (Jurado IV).
Se trata de una situación de clara incompatibilidad ética y administrativa, que, de confirmarse, podría vulnerar los principios de transparencia, imparcialidad y legalidad que deberían regir todo concurso público, más aún tratándose del escalafón jerárquico de una fuerza de seguridad.
Pero el escándalo no es nuevo. El antecedente inmediato remite al Concurso 2023, cuando el actual Comisario Supervisor M. W., cuñado del ministro de Justicia y Seguridad, fue beneficiado con un cambio en la lista de aprobados al día siguiente de su publicación, situación que generó serias dudas sobre la integridad del proceso.
Ambos episodios muestran un patrón preocupante: la ausencia de mecanismos eficaces para prevenir conflictos de interés, y la falta de participación efectiva del personal policial raso en los órganos de evaluación, los cuales suelen estar compuestos por oficiales ya promovidos al grado que se pone en disputa.
“Es una burla, una falta de respeto al personal policial y a la transparencia. No puede ser que los jurados sean pareja de los concursantes, o jefes del mismo agrupamiento al que se aspira”, expresó un integrante de la fuerza que pidió reserva de identidad.
Este tipo de irregularidades mina la confianza en el sistema de ascensos, desalienta el mérito y la preparación profesional, y refuerza la idea de que “todo ya está arreglado de antemano”.
Desde APROPOL solicitamos públicamente al Ministerio de Seguridad, al Tribunal de Concurso y a la Dirección General de Recursos Humanos que actúen de manera urgente y transparente, verificando los vínculos entre jurados y postulantes y garantizando un proceso limpio, sin favoritismos ni acomodos.
La legitimidad no se hereda: se construye con ética institucional.
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