Cursantes de la Escuela de Especialidades en Seguridad, sede Recreo, cuestionaron las condiciones en que se desarrolló la materia Tiro y los criterios utilizados para desaprobar a dos participantes, quienes terminaron excluidos del curso.
Las denuncias incluyen escasas clases presenciales, presuntos descuentos de puntos por cuestiones ajenas al rendimiento académico y falta de explicaciones sobre las calificaciones. APROPOL tomó conocimiento de las presentaciones realizadas y mantuvo contacto con un profesional que prepara un reclamo para solicitar la revisión del caso.
Un curso de perfeccionamiento que terminó en polémica
Una serie de denuncias recibidas por APROPOL puso bajo discusión los criterios de evaluación utilizados en una actividad de perfeccionamiento policial desarrollada en la Escuela de Especialidades en Seguridad, dependiente del Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe (ISEP), con sede en Recreo.
La controversia comenzó cuando dos participantes fueron calificados como no aprobados en la asignatura Tiro, situación que, conforme a las disposiciones aplicadas por la institución, determinó su separación del curso.
Según los testimonios y la documentación conocida por este medio, los afectados cuestionan las condiciones en que se desarrolló la formación, la cantidad de clases efectivamente dictadas y los fundamentos utilizados para determinar las desaprobaciones.
El planteo adquiere especial importancia porque la exclusión de un curso de perfeccionamiento puede representar la pérdida de una oportunidad de capacitación y afectar las expectativas de desarrollo profesional de quienes habían cumplido con las actividades exigidas hasta ese momento.
Denuncian pocas clases y evaluaciones sin criterios claros
De acuerdo con las manifestaciones recibidas, la materia habría contado con una actividad presencial considerablemente menor a la esperada, mientras que durante la etapa virtual no se habrían desarrollado las evaluaciones parciales y los trabajos prácticos que los cursantes entendían previstos en la modalidad de formación.
Los denunciantes sostienen que recibieron fundamentalmente una clase sobre reglas básicas de seguridad y manipulación del armamento, seguida posteriormente por la actividad de evaluación en el polígono.
También señalan que durante una de las jornadas programadas el docente responsable no habría estado presente, circunstancia que incrementó el malestar por la preparación recibida antes de rendir.
Estas observaciones fueron compartidas por otros integrantes del curso en conversaciones grupales a las que tuvo acceso APROPOL, donde se cuestionó la escasa actividad docente y la falta de explicaciones sobre las condiciones de aprobación.
La cuestión merece una aclaración: una formación rigurosa en tiro policial es indispensable y nadie debería aprobar sin demostrar las competencias necesarias para manipular un arma de fuego con seguridad. Precisamente por eso, las evaluaciones deben responder a parámetros técnicos conocidos, verificables y aplicados de manera uniforme.
La polémica por presuntos descuentos de puntos ajenos al examen
Uno de los aspectos más controvertidos de la denuncia se relaciona con observaciones que el instructor habría realizado sobre cuestiones de presentación personal y organización del grupo de cursantes.
Según la presentación conocida por APROPOL, durante las actividades se habrían formulado advertencias sobre posibles descuentos de puntos por circunstancias que los afectados consideran ajenas al desempeño técnico en la evaluación de tiro.
Entre las situaciones mencionadas aparecen observaciones sobre el aspecto personal de uno de los participantes y reproches vinculados con la ausencia momentánea de otros integrantes del grupo durante una actividad presencial.
Los denunciantes consideran que estas circunstancias habrían influido en las calificaciones, aunque todavía no se cuenta con información institucional suficiente para establecer si efectivamente fueron incorporadas al resultado final.
El interrogante resulta sencillo: ¿qué criterios técnicos se utilizaron para determinar las desaprobaciones y qué disposiciones reglamentarias permitirían modificar una calificación académica por cuestiones disciplinarias o de presentación personal?
Si existieron incumplimientos reglamentarios, corresponde que sean examinados mediante los procedimientos previstos. Pero una eventual falta disciplinaria no debería confundirse automáticamente con la evaluación de las competencias técnicas, salvo que las normas aplicables establezcan expresamente su incidencia.
Otros cursantes también cuestionaron lo ocurrido
La situación no quedó limitada a quienes resultaron excluidos. En conversaciones mantenidas entre participantes del curso, varios expresaron su desacuerdo con la forma en que se desarrollaron las actividades y manifestaron preocupación por la falta de instancias de recuperación.
Algunos señalaron que la preparación recibida había sido insuficiente, mientras que otros cuestionaron las diferencias que, según sus percepciones, habrían existido entre los criterios aplicados para aprobar o desaprobar.
También surgió la posibilidad de efectuar planteos colectivos ante las autoridades educativas, aunque se expresaron dudas sobre las consecuencias que una denuncia podría generar dentro de una institución organizada jerárquicamente.
Estos testimonios no sustituyen la documentación académica ni permiten establecer por sí solos irregularidades, pero muestran que el malestar excede las situaciones individuales y merece una explicación institucional.
Las presentaciones administrativas no obtuvieron una revisión favorable
De acuerdo con los antecedentes aportados, uno de los afectados realizó presentaciones escritas ante las autoridades educativas solicitando conocer los fundamentos de su desaprobación y revisar la calificación.
En esos escritos cuestionó la ausencia de determinadas actividades evaluativas, la falta de una devolución académica suficientemente detallada y la imposibilidad de acceder a una nueva instancia de examen.
Incluso manifestó su disposición a realizar otra práctica de tiro para demostrar sus capacidades, ofreciendo afrontar los costos que pudiera demandar.
La respuesta recibida indicó que, luego de consultar al docente responsable, se mantenía la calificación originalmente asignada por considerar que no se había alcanzado el rendimiento exigido.
También se informó que las instancias de evaluación previstas habían concluido y que no correspondía habilitar una nueva instancia individual fuera de la planificación.
Sin embargo, en la respuesta documental conocida por APROPOL no aparece desarrollado un detalle técnico de la puntuación obtenida, la escala aplicada y las razones específicas de la desaprobación.
Esto no demuestra por sí mismo que la calificación haya sido arbitraria, pero plantea la necesidad de determinar si los afectados tuvieron acceso efectivo a los fundamentos de la evaluación y a los mecanismos de revisión correspondientes.
Un profesional prepara un reclamo para revisar lo sucedido
Ante la falta de una solución favorable, APROPOL mantuvo contacto con un profesional que se encuentra preparando un reclamo relacionado con las circunstancias denunciadas, con el propósito de solicitar que se examinen las actuaciones académicas y administrativas vinculadas con la exclusión.
La presentación en preparación apunta a esclarecer las condiciones en que se desarrolló la materia, los criterios utilizados para evaluar a los participantes, las actividades efectivamente realizadas y los fundamentos de las calificaciones que determinaron la separación del curso.
También se busca establecer si se respetaron las instancias de evaluación contempladas en la normativa aplicable y si existieron posibilidades reales de revisión.
Por el momento, corresponde diferenciar las presentaciones administrativas ya realizadas de este nuevo reclamo, cuya preparación no implica que exista una resolución favorable ni que las irregularidades denunciadas hayan sido acreditadas.
APROPOL mantendrá bajo reserva los datos personales y laborales de los involucrados, atendiendo especialmente al temor expresado por algunos participantes respecto de posibles consecuencias institucionales por haber formulado cuestionamientos.
La autoridad docente también debe rendir cuentas
La capacitación del personal policial requiere disciplina, responsabilidad y exigencias profesionales elevadas, particularmente en materias relacionadas con la utilización de armamento.
Sin embargo, la autoridad académica no debería confundirse con una facultad para adoptar decisiones sin explicación suficiente ni mecanismos de revisión.
Un instructor puede y debe desaprobar a quien no reúna las condiciones necesarias, pero también tiene la responsabilidad de aplicar criterios objetivos, informar los resultados y garantizar que las evaluaciones respondan a los contenidos y competencias que efectivamente fueron enseñados.
De la misma manera, las autoridades educativas deben contar con mecanismos capaces de revisar las controversias sin limitarse exclusivamente a ratificar la posición del docente cuestionado.
La existencia de una organización jerárquica no elimina la obligación de fundamentar las decisiones que afectan la formación y la trayectoria de los trabajadores.
Formar mejores policías también significa respetar sus derechos
El caso de Recreo deja planteada una cuestión que excede a los participantes de un curso determinado: la necesidad de garantizar que los procesos de formación y perfeccionamiento de las fuerzas de seguridad combinen exigencia profesional con transparencia, igualdad de trato y respeto por los derechos de quienes se capacitan.
Nadie pretende que se flexibilicen las condiciones de aprobación en una materia tan importante como Tiro, ni que se otorguen calificaciones sin acreditar las competencias necesarias.
Lo que se reclama es que los trabajadores reciban la enseñanza prevista, conozcan anticipadamente los criterios de evaluación, puedan acceder a los fundamentos de sus resultados y dispongan de mecanismos de revisión cuando consideren que una decisión fue incorrecta.
La disciplina no está reñida con la justicia, y la autoridad de un instructor no pierde legitimidad cuando debe explicar cómo evaluó. Por el contrario, se fortalece cuando sus decisiones pueden ser verificadas.
APROPOL considera necesario que las autoridades educativas esclarezcan los cuestionamientos planteados, garanticen que no existan represalias contra quienes formularon reclamos y permitan que cualquier revisión se desarrolle mediante procedimientos transparentes.
Porque formar policías profesionales también significa enseñar, desde las propias instituciones, que la autoridad debe ejercerse con responsabilidad y que ningún trabajador pierde sus derechos por encontrarse dentro de una estructura jerárquica.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe
–
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora