ISEP: pagaron varios meses juntos a cursantes de Auxiliar Forense después de meses de reclamos

El reclamo había sido planteado públicamente

El 9 de octubre, APROPOL dio a conocer el testimonio de una madre de una cursante de Auxiliar Forense que relató la difícil situación económica que atravesaban mientras aguardaban el pago.

La mujer explicó que su hija no podía desarrollar otra actividad laboral debido a los horarios de cursado y que ambas dependían de una jubilación mínima para afrontar los gastos cotidianos.

“Somos muy humildes, estamos solas. Se hizo un gran esfuerzo para que llegue y pueda tener un futuro, trabajo estable y pueda cumplir su sueño”, había manifestado.

El testimonio reflejaba una situación que no podía reducirse a una demora administrativa, porque cada mes sin acreditación obligaba a las familias a absorber gastos de alimentación, transporte, ropa, materiales y demás necesidades propias de la formación.

El pago llegó, pero acumulado

Según pudo conocer APROPOL, finalmente se acreditaron varios meses de becas de manera conjunta.

La noticia debe ser valorada porque significa que los cursantes recibieron recursos que necesitaban y que venían esperando desde hacía tiempo. Pero también obliga a mirar el problema completo.

Cuando una ayuda económica prevista para acompañar una etapa de formación se paga después de acumular varios períodos, el Estado termina trasladando temporalmente su propia obligación a las economías familiares.

Para una familia con ingresos suficientes, una demora puede significar una molestia. Para quienes viven de una jubilación mínima, de salarios bajos o de ingresos inestables, puede significar directamente no poder cubrir necesidades básicas.

Una beca debe cumplir su función en tiempo real

La finalidad de una beca de este tipo no es únicamente reconocer económicamente al cursante, sino permitir que pueda sostenerse mientras atraviesa un régimen formativo que limita otras posibilidades laborales.

Por esa razón, el momento del pago resulta tan importante como el monto.

Una beca destinada a cubrir necesidades durante septiembre, octubre o cualquier otro mes pierde buena parte de su función social si recién llega cuando las familias ya tuvieron que endeudarse, pedir ayuda o recortar gastos esenciales para atravesar ese período.

El pago acumulado corrige la deuda económica, pero no borra las dificultades provocadas durante la espera.

También hubo temor a reclamar

Uno de los aspectos más delicados del primer testimonio recibido por APROPOL fue el pedido expreso de preservar la identidad de la familia.

“Por favor, mantener el anónimo. No queremos perjudicar a los chicos”, había solicitado la madre.

Ese elemento merece seguir siendo observado, porque ningún cursante ni su familia debería sentir que reclamar por una obligación económica pendiente puede afectar su trayectoria dentro de una institución de formación estatal.

Una administración transparente debe permitir los reclamos sin que exista temor a consecuencias académicas, disciplinarias o laborales.

El desafío ahora es evitar nuevas acumulaciones

Que finalmente se hayan acreditado varios meses es una buena noticia para los cursantes, pero el verdadero indicador de normalización será que, de aquí en adelante, los pagos puedan realizarse regularmente y sin nuevas acumulaciones.

El Estado tiene derecho a exigir disciplina, asistencia, estudio, compromiso y cumplimiento de obligaciones durante la formación. Esa exigencia debe tener una contrapartida institucional igualmente seria: cumplir en tiempo y forma con aquello que fue comprometido.

Desde APROPOL seguiremos observando la evolución de los pagos y recibiendo testimonios de cursantes y familiares, especialmente para determinar si la regularización alcanzó a todos y si las próximas becas se acreditan dentro de plazos razonables.

Porque pagar una deuda es necesario.

Pero evitar que vuelva a generarse es todavía más importante.