La justicia santafesina resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Marcelo Saín, exministro de Seguridad de Omar Perotti, acusado de direccionar una licitación millonaria para la compra de armas y equipos tácticos durante su gestión.
Por Marcos Anglada
El caso, que comenzó como una investigación administrativa, se transformó con el tiempo en uno de los expedientes más sensibles de la provincia, no solo por el monto involucrado sino por el entramado político que envuelve cada movimiento judicial.
Lo que se discute no es solo una licitación: es un modelo de conducción de la seguridad que dejó heridas profundas y un conflicto institucional que aún no cicatriza.
Un exministro en el banquillo: un hecho inédito para Santa Fe
La elevación a juicio oral de un ministro de Seguridad —ni más ni menos— es un hecho extraordinario en la historia provincial. Saín llega a esta instancia imputado por:
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Dirección fraudulenta de contratos,
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Violación de los deberes de funcionario público,
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Administración infiel,
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Y un posible esquema de favorecimiento empresarial.
La causa gira alrededor de una licitación por $348 millones, donde fiscalía sostiene que hubo un “traje a medida” para un proveedor puntual.
Más allá del resultado judicial, el caso expone una tensión central: la del funcionariado que pretendió “reformar a los empujones” una de las estructuras más sensibles del Estado, y una reacción institucional que escaló hasta convertirse en conflicto abierto.
Del laboratorio a la trinchera: el estilo Saín y su choque con las fuerzas
Saín llegó a Santa Fe como académico, consultor y referente en criminología. Su desembarco prometía reformas profundas, pero rápidamente se transformó en un choque frontal con:
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la Policía,
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sectores del Ministerio Público de la Acusación,
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la política tradicional,
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y parte del sistema judicial.
No buscó convivir: buscó disciplinar y eso generó resistencias que hoy explican, en parte, por qué cada movimiento suyo sigue siendo observado con lupa.
Este juicio oral no se entiende sin ese contexto: la batalla cultural e institucional que dejó su paso por el ministerio.
También el ex jefe del D4
Uno de los imputados que también llega a juicio oral es Marcelo Correa (51), exjefe del Departamento D4 – Logística de la Policía de Santa Fe, señalado como partícipe necesario en la maniobra que habría permitido direccionar la millonaria licitación.
Su presencia en el banquillo no es un detalle menor: D4 es, desde hace décadas, una pieza clave en el engranaje administrativo de la fuerza, el área donde se gestionan compras, equipamiento, suministros y contratos. En otras palabras, el corazón técnico que habilita –o frena– los movimientos logísticos de cualquier gestión política. En la práctica, y según describen funcionarios y policías de larga carrera, D4 funciona como la “escribanía técnica” de los gobiernos de turno, el lugar donde se traducen decisiones políticas en expedientes, pliegos y adjudicaciones.
De allí que la imputación de su exjefe no solo comprometa un nombre propio, sino también un modo histórico de operar las compras en seguridad: un espacio donde la frontera entre técnica y política siempre fue delgada, y donde un jefe de Logística puede resultar tan determinante como un ministro.
Una causa judicial, pero también un mensaje político
Aunque la fiscalía sostiene que el caso se basa en evidencia documental —pliegos, correos, dictámenes técnicos—, nadie ignora que este expediente se convirtió en un símbolo. Para muchos sectores de la política santafesina, este juicio representa una suerte de “audio institucional” que busca cerrar una etapa traumática de la relación entre el poder civil, la policía y los organismos de control.
La pregunta inevitable es si este juicio es únicamente un acto de justicia, o también un acto de ordenamiento político después de años de conflicto.
No hay que olvidar que Saín, una vez fuera del cargo, acusó a medio sistema de corrupción, pactos oscuros y complicidades históricas. Hoy ese mismo sistema lo llevará a un tribunal.
La otra discusión: ¿es una causa penal o un caso de gestión fallida?
Aquí aparece una grieta conceptual:
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¿Hubo delito?
Si la fiscalía logra probar direccionamiento, sí. -
¿O es una mala decisión administrativa convertida en caso penal?
Algunos juristas sostienen que la frontera entre delito y mala gestión se está volviendo demasiado borrosa.
El juicio oral —con testigos, peritos y contrainterrogatorios— será el espacio donde esas dos lecturas se enfrenten abiertamente.
Lo que está en juego
La causa Saín no solo definirá la responsabilidad penal de un exministro. Define también:
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los límites del poder civil sobre las fuerzas,
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el margen de discrecionalidad administrativa,
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el alcance del control judicial sobre decisiones políticas,
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y la forma en que Santa Fe procesa sus crisis institucionales.
De un lado, la fiscalía quiere mostrar que nadie está por encima de la ley. Del otro, Saín intentará sostener que lo persiguen por tocar intereses enquistados.
El juicio será un espectáculo político, jurídico e institucional. Y, seguramente, uno de los más comentados del año.
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