El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó en la apertura del año judicial su deseo de contar con “una justicia aliada en la lucha contra el delito”. La frase, aparentemente inofensiva, encierra una visión peligrosa sobre el rol del Poder Judicial en un sistema democrático: ¿Debe la justicia alinearse con las políticas del Ejecutivo o mantenerse como un poder independiente? ¿Cómo perjudica esto a los trabajadores policiales?
Por Alberto Martínez (*)
Al ingresar al edificio de los Tribunales de Rosario, el gobernador seguramente no observó una frase esculpida en relieve que advierte: «Cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana»y se atribuye a François-Pierre Guizot, un historiador y político francés del siglo XIX (algunos también se la adjudican al Gral San Martín). Guizot fue un influyente pensador liberal y desempeñó un papel clave en la política de Francia durante la Monarquía de Julio (1830-1848). Su frase refleja una advertencia sobre los peligros de la injerencia política en el sistema judicial, algo que sigue siendo relevante en la actualidad. Creo que lamentablemente el Primer Magistrado Provincial como quienes lo acompañaban entre ellos el Ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni y el presidente del Colegio de Abogados local Lucas Galdeano tampoco.
El peligro de la judicialización de la seguridad pública
Pullaro insiste en que la justicia debe interpretar “los momentos que estamos viviendo” y dejar de sostener que no tiene relación con la construcción de la seguridad. Sin embargo, su planteo omite que el Poder Judicial no es una extensión del Poder Ejecutivo, sino un órgano independiente cuya función es impartir justicia de manera objetiva, sin responder a las necesidades coyunturales de ningún gobierno.
Históricamente, la idea de una “justicia alineada” ha sido utilizada como argumento para presionar a jueces y fiscales en la toma de decisiones que favorezcan una agenda gubernamental específica. En lugar de garantizar un sistema judicial imparcial y eficiente, este discurso abre la puerta a una posible manipulación de la justicia para sostener políticas de seguridad que pueden ser ineficaces o violatorias de derechos fundamentales.
Debut de los primeros «aliados»
Entre las novedades que trajo el inicio del año judicial en Santa Fe está la incorporación de Jorge Baclini y Margarita Zabalza a la Corte Suprema provincial. Lejos de representar una renovación imparcial del máximo tribunal, ambos magistrados llegan con un claro alineamiento al oficialismo y con antecedentes recientes que generan preocupación.
Antecedentes
Baclini, exfiscal general, tuvo una gestión cuestionada por su manejo del Ministerio Público de la Acusación, donde su actuación en casos sensibles despertó sospechas de parcialidad y en otros una comprobada connivencia en al menos un caso que apuntaba directamente al actual Gobernador Pullaro al que le suministró información reservada al MPA de causas que fiscales (Marty y Apullan) trabajaban. Zabalza, por su parte, es una militante del oficialismo cuya cercanía con el poder político con un paso centralk en la desarticulada Secretaria de delitos Complejos desde donde se suministraba información a la banda narco «Los Monos» y se la cuestionó por la Justicia Federal en otra causa donde desbarataron la cocina de cocaína más grande detectada hasta el momento y que era regenteada por el “Rey de la cocaína”, Delfín Zacarías, fue condenado a 6 años de prisión por lavado de activos. Esto son lugar a dudas en ambos casos pone en duda su independencia para impartir justicia.
La violación de la división de poderes y su impacto en los trabajadores policiales
El avance del poder político sobre la justicia no solo erosiona el Estado de Derecho, sino que también se convierte en una herramienta de persecución contra quienes reclaman legítimamente por sus derechos. Un caso paradigmático ocurrió recientemente en Misiones, donde ocho policías integrantes de la Mesa de Diálogo Salarial fueron detenidos y continúan privados de su libertad, tras reclamar mejores condiciones laborales.
Lo más alarmante de este caso es la participación directa del Poder Judicial en la represión política. La presidente del Superior Tribunal de Justicia de Misiones estuvo presente en una conferencia de prensa donde el gobernador Hugo Passalacqua acusó a los policías de “sedición”, en una maniobra evidentemente orientada a criminalizar la protesta de los trabajadores de la seguridad pública. A su lado, el presidente de la Legislatura provincial avaló públicamente la persecución, consolidando un escenario de connivencia absoluta entre los tres poderes del Estado.
Este antecedente pone en evidencia los riesgos de una justicia subordinada al Ejecutivo: cuando la independencia judicial desaparece, la ley se convierte en un arma contra quienes deberían ser protegidos por ella. Si la justicia en Santa Fe sigue el mismo camino de Misiones, no solo se debilitará la institucionalidad, sino que los propios trabajadores policiales quedarán a merced de un sistema que los usa para reprimir, pero les niega derechos fundamentales.
A dónde vamos
Con estas designaciones, Pullaro avanza en la consolidación de una Corte Suprema que podría ser funcional a sus intereses. En un contexto donde el gobernador insiste en la necesidad de una “justicia aliada” en la lucha contra el delito, la composición de la Corte adquiere una relevancia central: ¿se trata de una justicia que garantizará el Estado de Derecho o de una estructura que responderá a las necesidades del Ejecutivo?
El modelo de justicia “barata” y la precarización judicial
El gobernador también planteó que la justicia puede ser “más barata” y eficiente, asegurando que quienes tienen altos salarios en el Poder Judicial deben justificar su remuneración con mayor compromiso. El argumento es demagogo y encierra un riesgo evidente: la justicia no es un servicio que pueda medirse exclusivamente en términos de costo-beneficio, sino un pilar fundamental del Estado de Derecho.
La falta de recursos en el sistema judicial ya es un problema grave en Argentina, y en particular en Santa Fe, donde los tribunales enfrentan una sobrecarga de trabajo y falta de infraestructura. Reducir costos sin garantizar un fortalecimiento institucional podría derivar en una mayor crisis de funcionamiento, con jueces y fiscales desbordados e incapaces de brindar respuestas efectivas.
Ley Antimafias: ¿solución real o reforma cosmética?
Pullaro destacó la aprobación de la Ley Antimafias, una norma que supuestamente permitirá desarticular organizaciones criminales en su totalidad. Sin embargo, la eficacia de esta medida dependerá de su aplicación práctica. La experiencia demuestra que leyes punitivistas sin una estructura judicial y policial fortalecida pueden terminar siendo inoperantes o utilizadas de manera selectiva.
Más allá de su impacto simbólico, la verdadera lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral: fortalecimiento de la investigación criminal, protección de testigos, inteligencia financiera y mecanismos de control sobre las fuerzas de seguridad. Sin estos elementos, la Ley Antimafias corre el riesgo de convertirse en una herramienta más de propaganda política sin resultados concretos.
El problema de los cargos judiciales: ¿eficiencia o control político?
El gobernador anunció la intención de cubrir más de 100 vacantes en el Poder Judicial, asegurando que se hará con criterios de necesidad y datos concretos. Sin embargo, esta afirmación plantea interrogantes clave:
- ¿Cómo se garantizará que estos nombramientos respondan a criterios de idoneidad y no a acuerdos políticos?
- ¿Existe un plan para mejorar la infraestructura y las condiciones de trabajo en los juzgados o simplemente se busca aumentar la cantidad de funcionarios sin fortalecer el sistema?
- ¿Este control sobre las vacantes puede derivar en una mayor injerencia del Ejecutivo en la independencia judicial?
Las declaraciones de Pullaro sugieren que el gobierno provincial busca ejercer un mayor control sobre la estructura judicial. Si bien es cierto que la cobertura de vacantes es una necesidad, el peligro radica en que este proceso pueda ser utilizado para colocar jueces funcionales a los intereses políticos del gobierno de turno.
Conclusión: entre la eficiencia y el riesgo de injerencia política
El discurso de Pullaro expone una visión pragmática sobre la justicia, pero deja en evidencia una tendencia preocupante hacia una subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo. En un contexto donde la independencia judicial es clave para garantizar el Estado de Derecho, cualquier intento de condicionar su accionar en función de la seguridad pública puede resultar contraproducente.
La justicia debe ser eficiente, sí, pero nunca a costa de su autonomía. El verdadero desafío no es construir una justicia “aliada” del gobierno, sino una justicia realmente independiente, con recursos adecuados, jueces imparciales y un enfoque integral que permita combatir el delito sin erosionar las garantías constitucionales.
Imagen: Pullaro ingresa a los tribunales para participar del acto
Audio: Declaraciones del Gobernador de Santa Fe
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
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