La provincia lanzó un sistema de recompensas para esclarecer homicidios sin resolver desde 2014. Mientras el gobierno lo presenta como un avance contra la impunidad, los policías cuestionan su efectividad en un contexto donde fiscales protegen a los delincuentes.
Por Alberto Martínez
El gobernador Maximiliano Pullaro anunció con bombos y platillos el Programa de Recompensas, una herramienta para obtener información sobre homicidios impunes en la provincia de Santa Fe. El mecanismo permite ofrecer dinero a quienes brinden datos clave en casos sin resolver desde 2014. Sin embargo, lejos de generar consenso, la iniciativa desató una ola de críticas entre policías y ciudadanos, quienes consideran que se trata más de una estrategia política que de una verdadera solución al problema de la inseguridad.
El anuncio cobró notoriedad tras la captura en Bolivia de Damián Reinfestuel, acusado del asesinato de Ivana Garcilazo, la joven hincha de Rosario Central atacada en septiembre de 2023. Según el gobierno, su detención fue posible gracias a este programa. No obstante, en las redes sociales y en foros de seguridad, muchos cuestionaron la eficacia real del sistema y su verdadero impacto en la reducción de la violencia.
Una justicia en crisis: fiscales involucrados con el narcotráfico
El principal problema no es la falta de información, sino la corrupción dentro del propio sistema judicial santafesino. En los últimos años, varios fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) han sido denunciados, procesados y hasta encarcelados por proteger a delincuentes y narcotraficantes.
🔹 Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad: Exfiscales investigados y condenados por cobrar coimas a bandas narco a cambio de protección judicial.
🔹 Matias Edery y Luis Schiappa Pietra: Fiscales y abogados lo han señalado por presuntas maniobras ilegales en causas de alto perfil.
🔹 La Justicia santafesina en la mira: La filtración de escuchas telefónicas ha revelado cómo algunos fiscales se vendieron al crimen organizado, dejando impunes a sicarios y capos narco.
En este contexto, resulta paradójico que el gobierno hable de «lucha contra la impunidad» cuando la estructura judicial que debe esclarecer los homicidios está podrida desde adentro.
Recompensas: ¿solución o fracaso encubierto?
El gobernador Pullaro sostiene que el Programa de Recompensas es «el más ambicioso del país» y que permitirá resolver crímenes del pasado. Sin embargo, la policía y los propios ciudadanos tienen otra lectura:
🔹 «Un fracaso de la seguridad»: muchos agentes ven esta iniciativa como una admisión de la incapacidad del Estado para investigar y resolver homicidios. «Lo que tiene que ser trabajo de la policía, lo hacen regalando plata», comentó un usuario en redes.
🔹 «Un parche, no una solución»: la política de recompensas es vista como una medida improvisada. «En las comisarías los presos se fugan, en las cárceles hay más droga que detenidos y la inseguridad sigue aumentando», señalaron algunos críticos del programa.
🔹 «Dinero público para tapar errores»: otro de los puntos más polémicos es el uso de recursos estatales para financiar estas recompensas. «Pullaro se hace el justiciero, pero lo paga con nuestra plata», denunciaron en redes sociales.
Los verdaderos problemas siguen sin resolverse
Más allá del marketing gubernamental, los policías santafesinos saben que la clave para mejorar la seguridad no está en los anuncios rimbombantes, sino en fortalecer a la fuerza. Mientras se ofrecen millones en recompensas, los agentes siguen enfrentando problemas estructurales:
🔹 Falta de equipamiento y tecnología.
🔹 Policías desprotegidos legalmente ante el accionar delictivo.
🔹 Falta de respaldo político y judicial.
El asesinato de Ivana Garcilazo es un caso emblemático de la violencia en Santa Fe. Pero el debate no debería centrarse en un programa de recompensas, sino en qué está haciendo el gobierno para evitar que más ciudadanos mueran en manos de delincuentes y barrabravas. La seguridad no se compra: se construye con respaldo a la policía, justicia eficiente y un Estado que deje de improvisar.
APROPOL Noticias
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