Familiares de personas acusadas de violencia y abuso se concentran cada lunes ante los Tribunales de Santa Fe. Denuncian investigaciones deficientes, prolongadas prisiones preventivas y condenas dictadas sin pruebas suficientes.
Familiares y allegados de personas que aseguran haber sido perjudicadas por falsas denuncias, investigaciones incompletas o decisiones judiciales arbitrarias mantienen cada lunes una protesta frente a los Tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La convocatoria, conocida como Carpa Azul, es impulsada por integrantes de la agrupación Verdad y Justicia Santa Fe y busca visibilizar casos en los que, según sostienen, fueron vulneradas garantías constitucionales básicas.
La actividad fue difundida por el portal El Liberador.com, que recogió testimonios y reclamos de las familias participantes.
Bajo una carpa instalada frente a la sede judicial se reúnen madres, padres, abuelos, hijos y allegados de personas sometidas a procesos por denuncias de violencia o abuso sexual. Los manifestantes cuestionan la actuación de fiscales, jueces, peritos y organismos auxiliares de la Justicia.
Según afirman, en algunos expedientes no se habrían producido pruebas esenciales, se habrían demorado medidas fundamentales o incluso extraviado elementos de relevancia para las investigaciones.
Reclaman investigaciones objetivas
Los integrantes de la agrupación sostienen que determinadas causas avanzaron apoyadas principalmente en testimonios y sin una valoración suficientemente rigurosa del resto de la prueba.
También señalan que en algunos procesos no se habría respetado plenamente la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de in dubio pro reo, que obliga a resolver en favor de la persona acusada cuando persiste una duda razonable.
El reclamo no pretende negar la existencia de víctimas reales de violencia o abuso. Por el contrario, desde la Carpa Azul sostienen que las denuncias deliberadamente falsas o las investigaciones defectuosas también perjudican a quienes efectivamente atravesaron situaciones de violencia.
Cada acusación infundada, advierten, debilita la confianza social en los mecanismos de protección y genera mayores dificultades para que las verdaderas víctimas sean escuchadas y acompañadas.
Familias destruidas y años de proceso
Los manifestantes remarcan que las consecuencias de una acusación no se limitan al expediente judicial.
Las personas involucradas pueden atravesar largos períodos de prisión preventiva, pérdidas laborales, ruptura de vínculos familiares, dificultades económicas, aislamiento social y profundos daños psicológicos.
En muchos casos, afirman, la condena pública comienza desde el momento mismo de la denuncia, mucho antes de que exista una sentencia firme.
La exposición mediática, las restricciones de contacto con hijos y familiares y la duración de los procesos pueden producir daños difíciles de reparar, aun cuando la persona resulte posteriormente absuelta.
Por ese motivo, reclaman mecanismos de revisión, reparación y asistencia para quienes hayan sido sometidos injustamente a procesos penales prolongados.
Pericias y denuncias falsas
Entre los principales pedidos de la Carpa Azul aparecen un mayor control sobre las pericias interdisciplinarias, investigaciones más profundas y sanciones para quienes formulen denuncias que se demuestre que fueron intencionalmente falsas.
También solicitan que se revisen determinados procedimientos y que fiscales y jueces actúen con independencia, imparcialidad, idoneidad y respeto por las garantías constitucionales.
Desde la agrupación cuestionan además la influencia que podrían ejercer sobre algunos expedientes las presiones políticas, mediáticas o ideológicas.
Sostienen que ninguna perspectiva de análisis puede reemplazar la investigación concreta de los hechos ni convertir una denuncia en una presunción automática de culpabilidad.
Un debate que exige responsabilidad
Las denuncias de violencia y abuso requieren respuestas rápidas y mecanismos eficaces de protección. Pero esa obligación estatal debe convivir con el respeto irrestricto de los derechos de las personas acusadas.
Proteger a las víctimas reales y garantizar la presunción de inocencia no son objetivos incompatibles.
Un sistema judicial confiable debe investigar cada denuncia con seriedad, preservar las pruebas, escuchar a todas las partes y resolver sobre la base de hechos comprobados.
La Carpa Azul asegura que continuará presente frente a los Tribunales de Santa Fe para exigir una Justicia transparente, independiente y alejada de cualquier arbitrariedad.
Su mensaje central es claro: ninguna persona debe quedar desprotegida frente a la violencia, pero tampoco puede permitirse que una acusación sin pruebas destruya una vida antes de que la Justicia determine la verdad.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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