En estas columnas y con la firma de Ignacio Cagliero, reverdece un viejo debate que nos recuerda que “todo conflicto no resuelto escala a dimensiones de sorpresa”.
Por Rubén Dunda (*)
El periodista en diálogo con importantes referentes provinciales trae al presente lo que resultaba actual hace más de treinta años y que se podría sintetizarse en tres aspectos fundamentales que han atravesado el tiempo.
Que debe reconocerse en la legislación provincial el derecho al reclamo de los intereses de los integrantes de sus fuerzas de seguridad que se consideren afectados.
Que la representación de las fuerzas de seguridad se ejerza a través de Colegios de Profesionales de la actividad de las instituciones de seguridad organizadas a tales efectos.
Que la legislación establezca el reconocimiento de estas mediaciones como únicas, en la gestión de los conflictos.
Ocupando la titularidad de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, y respondiendo a los crecientes reclamos ciudadanos de la época, propicié la creación de una comisión que llevó por título en el decreto de creación: Comisión de Estudio y Análisis de la Seguridad Pública, -con término de vigencia de sesenta días-, que tenía por finalidad redactar un anteproyecto de ley con destino a ser tratado por las Cámaras legislativas, que contemplara los temas de inquietud social y propusiera líneas de solución a los mismos.
El título de aquella iniciativa fue “Reforma de la estructura policial y de seguridad de la Provincia de Santa Fe (1998)”. En esta tarea fui acompañado por prestigiosos profesionales que resaltaron entre otros asuntos, la inviabilidad de continuar negando la contraposición eventual de intereses entre el Estado provincial y su personal de seguridad y la resistencia consiguiente de no mediar una gestión apropiada de los conflictos.
Se planteó en ese anteproyecto, la creación de Colegios profesionales como organismo de representación diferenciado, según el objeto de las fuerzas de seguridad, tendiente a la concepción de una nueva conciencia en las defensas de los derechos de los colegiados, democratización de estos organismos, con un mayor sentido de pertenencia y espíritu de servicio.
Los colegios de profesionales de la seguridad de este modo contarían de un adecuado ámbito de dialogo que permita exponer a las autoridades correspondientes, las iniciativas y sugerencias acerca de las condiciones de trabajo que resuman las aspiraciones de sus miembros, actuando como órgano consultivo en la elaboración de planes, disposiciones y resoluciones que puedan afectarles, presentando a las autoridades las propuestas aprobadas por el colegio, organizándose de manera tal que lleguen a buen término tales reivindicaciones. Estos colegios, además, tendrían la tarea de programar y desarrollar la formación técnica, científica, cultural, social y ética de sus componentes, instando a las autoridades a la realización de cursos, conferencias academicas, congresos, publicaciones. También habrá de asumir la defensa de sus miembros en su actuación profesional, facilitando la asistencia para ello.
A estos efectos, se propuso que los Colegios se organicen y funcionen de una manera democrática, por lo que sus integrantes se darán sus propios estatutos que deberán respetar las premisas de la presente Ley:
- a. Garantizar la organización y funcionamiento democrático
- b. La representación de las minorías
- c. Que todos los colegiados, salvo impedimentos estatutarios, puedan postularse como candidatos a todos los cargos electivos internos
- d. Que en sus reclamos recurran a la conciliación y al arbitraje
- e. Que respeten las limitaciones que imponga la reglamentación que se dicte al efecto
Todas las limitaciones que surgieran al derecho de colegiación, tienen su razón de ser en el carácter público y tutelar del servicio de seguridad y en el correlativo derecho de la comunidad a verse resguardada en su persona y en sus bienes por estos. De ahí que estas restricciones concurran a evitar que la colegiación incida negativamente en el ejercicio de su deber funcional.
Vuelve a ocupar el lugar central en estos días el conflicto entre el gobierno de la Provincia y su policía, con reclamos fragorosos que cuentan con la adhesión mayoritaria de la ciudadanía, según se desprende de las notas periodísticas, no le debe caber dudas al gobierno provincial que “algo hay que hacer, porque no hacer nada sería lo peor que se haga”.
Pensamos que recoger la vieja idea de los colegios profesionales de seguridad expuesta, podría volver a ser el cauce de resolución de un problema que no debería haber existido.
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NR: APROPOL la Asociación profesional Policial Santa Fe fundada en 2001 toma su lema «Proteger al que Protege» del proyecto del Dr. Dunda por aquel entonces Defensor del Pueblo de Santa Fe.
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(*) Doctor en Sociología por la Universidad Nacional de San Martín IDAES y profesor universitario en Sociología. Presidió la Cámara de Diputados de Santa Fe durante el gobierno democrático de 1973 a 1976, y fue preso político desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 hasta 1978. En 1991, resultó nuevamente electo como diputado provincial y se desempeñó, además, como vicepresidente de la Cámara hasta 1994. Posteriormente fue titular de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social, y Juez Comunitario de Santa Fe. Entre otras normativas, es autor de la ley 10.975 sobre el reordenamiento metropolitano del transporte provincial, de la ley 11.102 sobre viviendas FONAVI y de la disposición por ley que impuso el nombre «Dr. César Tabares» a la Cárcel Modelo de Coronda, en homenaje a quien fue director del Servicio Penitenciario Provincial, secuestrado y desaparecido por la última dictadura. Así mismo, a lo largo del tiempo ocupó numerosos cargos partidarios, de los que cabe recordar la presidencia del Congreso del Partido Justicialista, órgano máximo del Justicialismo de Santa Fe; y en función ejecutiva, la Secretaría General del Concejo Ejecutivo provincial, y la Secretaría departamental de Rosario, entre otros. Edad recomendada: Adultos.
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