¿La comisaría se vuelve la última puerta?

La escena ocurrió en Oberá, Misiones, pero podría ocurrir en demasiados lugares del país. Una mujer de 32 años, sola a cargo de cinco hijos, llegó a una comisaría y dijo lo que ninguna madre debería verse obligada a decir ante un uniforme: “No puedo más”. Había dejado a sus niños al cuidado de su hija de 15 años porque no encontraba otra red inmediata a la cual recurrir. La intervención policial activó luego al área municipal de Niñez. El caso está documentado.

No es una noticia policial en sentido estricto. Es una radiografía brutal de la fragilidad social y de un Estado que, bajo el pretexto del ajuste, el superávit, la corrección de abusos anteriores o la lucha contra la corrupción heredada, ha replegado buena parte de su capacidad de prevención, acompañamiento y asistencia. El resultado no desaparece con una planilla fiscal ordenada: se traslada a los hogares, a las madres solas, a los abuelos que ya no pueden sostener una crianza y a los adolescentes obligados a crecer antes de tiempo.

La emergencia llega antes que el expediente

La primera respuesta frente a una familia desbordada no debería ser una comisaría. Debería estar en el barrio: en una escuela que detecta ausencias, hambre o cambios abruptos de conducta; en el centro de salud que acompaña la salud mental, la crianza y la vulnerabilidad material; en equipos territoriales de niñez que conocen a las familias antes de que la situación se vuelva extrema.

Pero esos dispositivos están sobrecargados, con recursos insuficientes y una capacidad de intervención cada vez más limitada. Cuando las redes primarias fallan o llegan tarde, la comisaría queda como la puerta abierta las veinticuatro horas. Allí llegan el hambre, la violencia, los desalojos, las crisis de salud mental, los conflictos familiares y la desesperación.

La Policía debe socorrer. No puede mirar hacia otro lado cuando una mujer pide ayuda ni cuando hay niños que requieren protección. Sus efectivos tienen el deber de intervenir, resguardar, convocar a las áreas competentes y evitar un daño mayor. Pero una comisaría no puede reemplazar a la escuela, al hospital, al servicio local de niñez ni a una política social sostenida. Pedirle que cargue sola con esa función es también abandonarla.

Del acompañamiento a la sospecha

En Gobernar mediante la sospecha (2026) advertimos sobre un desplazamiento preocupante: problemas que nacen de la desigualdad, de la precariedad laboral, de la pobreza y del debilitamiento de los vínculos comunitarios empiezan a ser leídos principalmente como asuntos de control, orden y peligrosidad.

La madre exhausta deja de ser vista como una persona que necesita una red de cuidado y corre el riesgo de ser observada primero como una posible infractora. La familia sin recursos aparece bajo vigilancia antes que bajo protección. El adolescente que cuida a sus hermanos deja de ser un chico obligado por la emergencia y pasa a ser parte de un expediente. No se resuelve la desprotección: se la administra desde la sospecha.

Esa lógica es cómoda para gobiernos que reducen presupuesto social pero necesitan exhibir capacidad de respuesta. Se recorta el dispositivo que acompaña y luego se fortalece el que interviene cuando el daño ya ocurrió. El Estado se retira de la prevención y reaparece, tarde y uniformado, frente a la crisis.

El costo de convertir todo en seguridad

No hay seguridad pública sostenible cuando miles de familias viven al borde del agotamiento. No hay paz social cuando la escuela no alcanza, el centro de salud está desbordado y el área de niñez llega sólo después de una alarma. Tampoco hay superávit moral cuando el equilibrio de las cuentas se consigue trasladando el déficit de cuidados hacia los hogares más vulnerables.

Combatir la corrupción y ordenar las finanzas públicas son objetivos legítimos. Nadie debería defender privilegios, cajas negras o desvíos de recursos. Pero utilizar esos argumentos para justificar un Estado socialmente ausente equivale a confundir saneamiento con abandono. Un gobierno serio debe corregir lo que fue mal administrado sin desarmar aquello que protege a quienes no tienen margen para caer.

La mujer de Oberá no pidió impunidad, no pidió privilegios ni reclamó un favor. Pidió auxilio. Y cuando una madre llega a una comisaría para decir que ya no puede más, lo que está en crisis no es sólo una familia: es la capacidad de la comunidad y del Estado para llegar antes de que la desesperación se convierta en tragedia.

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“Quien quiera oír que oiga”