Buenos Aires – El histórico veredicto que impuso penas de hasta 17 años de prisión a integrantes de una estructura policial vinculada con narcotráfico, extorsiones y procedimientos fraguados no solamente compromete aún más la situación del ex fiscal Claudio Scapolan.
También vuelve a colocar bajo la lupa las relaciones judiciales y políticas que rodearon durante años una causa atravesada por acusaciones, recusaciones, presiones y fuertes disputas de poder.
El Tribunal Oral Federal N.º 1 de San Martín acaba de cerrar una etapa decisiva de uno de los expedientes más graves de corrupción policial y judicial de las últimas décadas. Después de casi dos años de juicio, hubo 24 condenas, algunas de hasta 17 años de prisión, contra policías, abogados y otros involucrados en maniobras que incluyeron procedimientos falsos, extorsiones, robo de estupefacientes y utilización de recursos estatales para administrar, en los hechos, parte del negocio que debían combatir.
Pero el veredicto no cierra el caso.
En cierto modo, abre su capítulo más incómodo.
La propia Fiscalía Federal informó que durante el juicio sostuvo que aquella estructura policial contó con la complicidad del destituido fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, quien no fue juzgado en este debate, y pidió que las actuaciones producidas durante el proceso sean incorporadas a las investigaciones que continúan abiertas sobre él y otros posibles responsables pertenecientes tanto a la Policía como al sistema judicial.
Ese dato modifica sustancialmente el escenario.
Durante años pudo discutirse si las denuncias describían una organización criminal real o si eran producto de una investigación controvertida, atravesada por recusaciones, nulidades y enfrentamientos entre magistrados. Ahora existe un tribunal oral que, después de escuchar durante casi dos años pruebas y testimonios, condenó a numerosos integrantes de aquella estructura.
La discusión empieza entonces a desplazarse.
Ya no se trata solamente de establecer si hubo policías que fraguaron procedimientos, extorsionaron personas o se apropiaron de droga.
La pregunta es quiénes hicieron posible que semejante mecanismo funcionara durante tantos años dentro del Estado.
Scapolan quedó mucho más comprometido
El principal perjudicado por el nuevo escenario es Claudio Scapolan.
El fiscal federal Marcelo García Berro fue particularmente duro durante su alegato y lo señaló como uno de los eslabones fundamentales del esquema. Según la acusación, la intervención del entonces fiscal de San Isidro no habría sido meramente formal ni limitada a firmar documentación que le presentaban policías corruptos, sino que habría tenido un papel activo dentro de algunas de las maniobras investigadas.
García Berro sostuvo que reducir su eventual responsabilidad a una falsedad documental sería insuficiente y afirmó que su rol habría sido estructural dentro del mecanismo, proporcionando cobertura judicial para operaciones simuladas, manipulación de pruebas y apropiación de estupefacientes.
Naturalmente, Scapolan conserva todas las garantías constitucionales y ninguna de estas afirmaciones equivale a una condena en su contra. No estaba sentado en el banquillo de este juicio y su responsabilidad deberá determinarse en los procesos correspondientes.
Pero tampoco puede ignorarse lo ocurrido.
Una parte sustancial del entramado policial con el que se lo vinculó terminó en condenas.
Eso cambia el contexto probatorio y político en el que deberá continuar su situación judicial.
Leones Blancos, el operativo que terminó exhibiendo otra realidad
Uno de los casos centrales fue el denominado “Leones Blancos”, ocurrido en diciembre de 2013.
Lo que originalmente había sido presentado como un importante procedimiento contra el narcotráfico terminó reconstruido judicialmente como una operación montada para apropiarse de una parte considerable de un cargamento de cocaína perteneciente al clan Loza.
El caso se convirtió con los años en una suerte de radiografía de un sistema: policías que conseguían información sobre cargamentos, montaban procedimientos, sustraían parte de la droga y utilizaban mecanismos institucionales para otorgar apariencia de legalidad a las operaciones.
Entre los condenados ahora se encuentran Adrián “Palermo” Baeta y otros jefes policiales que recibieron penas de 17 años.
El problema es que semejante mecanismo difícilmente pudiera sostenerse durante tanto tiempo solamente desde una dependencia policial.
Por eso desde el comienzo apareció la denominada pata judicial.
Arroyo Salgado había puesto el foco allí años atrás
La investigación de varias de estas maniobras quedó durante años vinculada a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y al fiscal Fernando Domínguez. El propio material del juicio recuerda que cuatro de los hechos ventilados habían sido investigados originalmente por ambos.
Arroyo Salgado avanzó directamente sobre Scapolan y llegó a procesarlo como presunto jefe de una asociación ilícita. En aquella investigación se le atribuyeron delitos vinculados con falsificación de pruebas, sustracción de estupefacientes, extorsiones y utilización irregular del aparato judicial.
La jueza fue posteriormente apartada de la causa después de una larga serie de planteos y recusaciones, circunstancia que alimentó durante años una fuerte controversia sobre la investigación.
Ese antecedente obliga hoy a una lectura más cuidadosa.
El reciente veredicto no significa que todas las decisiones tomadas por Arroyo Salgado hayan sido correctas ni que queden automáticamente convalidadas sus imputaciones contra Scapolan. Tampoco elimina los cuestionamientos que motivaron su apartamiento.
Pero sí introduce un dato difícil de ignorar: varias de las maniobras policiales cuya existencia aquella investigación denunciaba terminaron acreditadas en un juicio oral y produjeron condenas severas.
Eso obliga, cuanto menos, a revisar con otra perspectiva una causa que durante años quedó atrapada entre acusaciones cruzadas acerca de quién investigaba a quién y con qué intereses.
Cuando aparecieron las recusaciones también apareció la política
El expediente Scapolan nunca fue solamente una causa de narcotráfico.
Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer abogados, funcionarios, vínculos políticos y acusaciones sobre supuestas gestiones destinadas a desplazar a quienes investigaban.
Uno de los nombres que apareció en aquella controversia fue el de Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense durante la administración de María Eugenia Vidal y actualmente diputado nacional del PRO, con mandato hasta diciembre de 2027.
Aquí corresponde establecer una diferencia imprescindible.
Ritondo no fue acusado ni condenado en el reciente juicio y no existe en este veredicto una atribución penal en su contra.
El operativo “Leones Blancos”, además, ocurrió en 2013, dos años antes de que asumiera como ministro de Seguridad de la provincia.
Su nombre aparece en la historia posterior del expediente por las relaciones profesionales de personas que integraron su equipo con abogados vinculados a la defensa de Scapolan y por las acusaciones formuladas públicamente por Arroyo Salgado.
El abogado de Scapolan y el ex funcionario de Ritondo
Marcelo D’Angelo, uno de los abogados que defendió a Scapolan, había trabajado en el Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de Ritondo. Además, D’Angelo era socio de Marcelo Rocchetti, quien fue jefe de Gabinete del Ministerio durante aquella administración.
Esas conexiones fueron señaladas públicamente por Arroyo Salgado cuando denunció la existencia de presiones y movimientos destinados a desplazarla de investigaciones sensibles.
La acusación generó una respuesta inmediata de Ritondo, quien negó cualquier intervención personal y sostuvo que no tenía responsabilidad sobre las actividades profesionales que D’Angelo desarrolló después de abandonar el Ministerio. También rechazó afirmaciones que vinculaban a su ex jefe de Gabinete con la defensa de Scapolan.
Esto debe quedar perfectamente claro porque una relación profesional o política no constituye por sí misma una prueba de participación criminal.
Pero tampoco significa que los vínculos sean periodísticamente irrelevantes.
En una causa en la que se investiga justamente cómo una organización policial pudo conseguir durante años protección y capacidad para operar dentro del Estado, resulta legítimo examinar las redes institucionales que rodearon a sus protagonistas, siempre diferenciando hechos comprobados, acusaciones e inferencias.
Una causa donde todos terminaron acusando a todos
El expediente adquirió tal grado de conflictividad que llegó a convertirse en una disputa abierta entre sectores judiciales y políticos.
Arroyo Salgado habló públicamente de supuestos lobbies destinados a desplazarla de investigaciones sensibles. Ritondo rechazó aquellas afirmaciones y sostuvo que la jueza había formulado acusaciones falsas respecto de funcionarios de su gestión.
Las defensas, por su parte, cuestionaron la imparcialidad de la magistrada y finalmente lograron su apartamiento.
En medio de ese escenario quedaron los hechos originales.
Policías sospechados de apropiarse de cargamentos.
Procedimientos presuntamente fraguados.
Testigos falsos.
Extorsiones.
Y un fiscal acusado de proporcionar cobertura judicial.
El nuevo veredicto tiene importancia precisamente porque vuelve a desplazar la discusión desde las internas personales hacia aquello que efectivamente pudo probarse en un juicio.
Las condenas no prueban todo, pero prueban algo esencial
Sería irresponsable sostener que las condenas de los policías demuestran automáticamente la responsabilidad penal de Scapolan, de Ritondo o de cualquier otro funcionario mencionado durante estos años.
No la demuestran.
Cada persona debe responder por sus propios actos y cualquier responsabilidad penal requiere prueba individual.
Pero sería igualmente irresponsable interpretar el veredicto como si nada hubiera cambiado.
Lo que sí quedó acreditado es la existencia de un mecanismo criminal en el que integrantes de la Policía Bonaerense utilizaron facultades estatales para extorsionar, montar procedimientos y apropiarse de drogas que debían secuestrar.
La Fiscalía sostiene que esa maquinaria contó con participación judicial y pretende ahora profundizar esa investigación.
La consecuencia es inevitable.
La lupa comienza a moverse hacia arriba.
La pregunta incómoda: ¿hasta dónde llegaba la protección?
Toda gran estructura de corrupción estatal plantea finalmente la misma cuestión.
Es relativamente sencillo identificar al funcionario que cobra una coima o al policía que roba un cargamento.
Mucho más difícil es establecer cómo pudo hacerlo repetidamente, durante años, sin que los mecanismos institucionales consiguieran detenerlo.
Ahí comienza la verdadera investigación del poder.
Porque una organización de estas características necesita información, capacidad operativa, impunidad y mecanismos para neutralizar controles. Cuando además intervienen funcionarios judiciales y aparecen relaciones políticas alrededor de las defensas y de las recusaciones, la obligación periodística consiste en seguir esos vínculos sin convertirlos artificialmente en culpabilidad.
Ese equilibrio es indispensable.
Ni mirar para otro lado porque aparecen nombres políticamente importantes.
Ni transformar una relación profesional en una condena inexistente.
Ritondo tiene una explicación; la Justicia deberá determinar si alcanza
Cristian Ritondo sostuvo desde el comienzo que no tuvo intervención en las maniobras investigadas y rechazó las acusaciones formuladas por Arroyo Salgado. Su situación no es comparable con la de Scapolan: el ex fiscal está directamente mencionado por la acusación del reciente juicio, mientras que el diputado aparece fundamentalmente en las controversias políticas y profesionales que rodearon a las defensas y al apartamiento de la jueza.
Esa diferencia debe mantenerse.
Pero también resulta legítimo recordar que Ritondo fue responsable político de la Policía Bonaerense durante cuatro años y que personas que integraron su estructura ministerial reaparecieron posteriormente vinculadas profesionalmente con protagonistas de una de las causas más graves de corrupción policial de las últimas décadas.
Eso no constituye un delito.
Sí constituye una circunstancia que merece ser explicada y examinada.
Especialmente ahora, cuando buena parte de la estructura policial investigada terminó condenada.
Los policías ya recibieron condena; ahora falta saber quién estaba arriba
El riesgo de estas grandes causas es que terminen cerrándose sobre quienes ejecutaron las maniobras y nunca alcancen a quienes pudieron haberlas facilitado, conocido o protegido.
El reciente fallo no permite afirmar todavía que eso haya ocurrido.
Pero el propio Ministerio Público está diciendo que queda pendiente investigar responsabilidades provenientes del sistema judicial.
Y ese dato debería impedir cualquier intento de presentar el juicio como una historia terminada.
Los policías condenados son una parte.
Los abogados condenados son otra.
Scapolan aparece ahora mucho más comprometido por aquello que se ventiló durante el debate.
Arroyo Salgado vuelve inevitablemente al centro de la escena porque parte de los hechos que investigó terminaron comprobados, aunque su actuación continúe siendo objeto de controversia.
Y alrededor de aquella batalla judicial permanecen nombres de la política que alguna vez fueron mencionados y que tienen derecho a que se distingan claramente las acusaciones de las responsabilidades acreditadas.
Entre ellos, Cristian Ritondo.
Una trama que todavía no llegó a su techo
Durante años este expediente pareció destinado a perderse entre recusaciones, nulidades, internas judiciales y acusaciones políticas cruzadas.
El juicio acaba de devolverlo a un lugar mucho más concreto.
Hubo una estructura criminal.
Hubo policías que utilizaron el poder estatal para hacer negocios con aquello que debían combatir.
Hubo procedimientos fraguados.
Hubo droga sustraída.
Y hubo condenas.
Lo que falta determinar es si los responsables terminaban allí.
Porque si la acusación fiscal tiene razón y existió una cobertura judicial consciente, entonces la organización fue bastante más importante que una banda de policías corruptos.
Y si alrededor de esas investigaciones existieron efectivamente movimientos políticos destinados a condicionarlas o frenarlas, habrá que probarlos, establecer quiénes participaron y determinar qué responsabilidad corresponde a cada uno.
Sin atajos.
Sin condenas mediáticas.
Pero también sin zonas prohibidas.
Después de las condenas conocidas esta semana, la causa Scapolan dejó una pregunta que vuelve a quedar sobre la mesa con mucha más fuerza que antes: si los policías ya fueron condenados, ¿hasta dónde llegaba realmente la red que permitió que todo aquello funcionara?
“CABRAL, GABRIEL Y OTROS S/ INFRACCIÓN LEY 23.737” by mariano.gaik
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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