La credibilidad presidencial también se gobierna

Una democracia puede tolerar errores, exageraciones e incluso malas políticas; lo que no puede naturalizar sin costo es que la palabra presidencial pierda valor. Cuando un jefe de Estado utiliza datos parciales, cifras fuera de contexto o afirmaciones que no encuentran respaldo en los registros oficiales, no sólo compromete su imagen personal: erosiona un instrumento esencial de gobierno, que es la confianza pública en aquello que dice.

La palabra de un presidente no constituye una opinión más dentro del debate público, porque tiene un peso institucional capaz de orientar expectativas económicas, justificar políticas, condicionar decisiones empresariales, influir sobre mercados, movilizar apoyos, generar temores y construir percepciones sobre la realidad nacional. Por eso, cuando esa palabra pierde precisión o comienza a ser sistemáticamente discutida por los propios datos oficiales, el problema excede ampliamente la polémica partidaria y pasa a convertirse en una cuestión de calidad institucional.

El reciente chequeo realizado sobre afirmaciones de Javier Milei durante una entrevista con Luis Majul ofrece un elemento concreto para analizar ese problema. La organización Chequeado verificó declaraciones presidenciales relacionadas con actividad económica, empleo, inmigración, PBI per cápita y exportaciones y concluyó que, entre las afirmaciones analizadas, algunas eran falsas, otras engañosas y una resultaba verdadera.

El dato no debería ser utilizado únicamente como munición opositora, porque su importancia es bastante mayor: permite preguntarse qué ocurre institucionalmente cuando el Presidente de la Nación construye una narrativa pública que, en distintos puntos, necesita ser corregida, contextualizada o directamente confrontada con las estadísticas disponibles.

La diferencia entre mentir y construir una verdad conveniente

No todas las afirmaciones cuestionadas tienen la misma naturaleza, y esa diferencia resulta fundamental para cualquier análisis serio. Cuando Milei sostuvo que durante sus primeros dos años la actividad había crecido 6,7 % en el primero y más de 4 % en el segundo, utilizó cifras existentes, pero correspondientes a comparaciones interanuales de meses específicos. Según el chequeo citado, para evaluar el desempeño económico anual resulta más apropiado observar los promedios de cada año; bajo ese criterio, la actividad cayó 1,3 % en 2024 y creció 4,5 % en 2025, lo que produce una lectura sustancialmente diferente de la sugerida por la formulación presidencial.

Algo semejante ocurre con la afirmación de que durante su gestión se crearon más de 500 mil puestos de trabajo. El incremento aparece efectivamente en determinados datos, pero Chequeado señaló que se explica por el crecimiento del empleo no registrado y del trabajo por cuenta propia mientras, simultáneamente, disminuyó el empleo asalariado registrado. A ello se suma que, cuando se incorpora el crecimiento de la población en edad de trabajar, el resultado pierde buena parte de la contundencia con la que fue presentado públicamente.

Aquí aparece una cuestión particularmente relevante para la credibilidad presidencial: no siempre es necesario inventar un número para producir una imagen distorsionada de la realidad. También puede lograrse seleccionando exclusivamente el indicador más favorable, el período más conveniente o la metodología que mejor encaja con el relato, mientras se omiten aquellos datos que cambiarían sustancialmente la interpretación.

Un presidente puede, por lo tanto, pronunciar una frase construida sobre datos técnicamente existentes y aun así transmitir una representación engañosa del fenómeno que pretende explicar.

Cuando la distancia con los datos ya no admite demasiados matices

Otros ejemplos presentan una dificultad diferente. Milei afirmó que durante 2025 su gobierno había expulsado a “10 mil terroristas”, mientras los datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones consignados en el chequeo muestran 772 expulsiones vinculadas con diferentes delitos, principalmente relacionados con drogas, propiedad, integridad sexual y delitos contra las personas, sin que esos registros identifiquen específicamente expulsiones por terrorismo.

Durante ese mismo período también se registraron 16.684 rechazos migratorios, pero se trata de una figura jurídicamente distinta: personas a quienes se impidió ingresar al país, principalmente por cuestiones documentales o por haber sido consideradas falsos turistas. Tampoco ese universo permite respaldar, según la información examinada, la afirmación sobre “10 mil terroristas”.

La diferencia entre diez mil personas y 772 expulsiones no puede reducirse a un simple error estadístico, del mismo modo que la utilización del término “terroristas” tampoco resulta inocua. El terrorismo constituye una categoría penal y política de enorme gravedad y aplicarla indiscriminadamente sobre extranjeros expulsados o rechazados transforma una cuestión migratoria y administrativa en una narrativa vinculada con la seguridad nacional.

Cuando semejante construcción proviene del Presidente, la discusión ya no consiste solamente en determinar si se equivocó con una cifra, sino en analizar qué imagen de la realidad genera utilizando ese término y cuáles pueden ser sus consecuencias sociales y políticas.

La economía y la tentación de elegir siempre el mejor ángulo

Otra afirmación cuestionada fue que la Argentina se encontraba en niveles máximos de PBI per cápita. Según el material analizado, el máximo de la serie considerada se había registrado años antes y el nivel correspondiente a 2026 permanecía por debajo de aquel récord.

En cambio, la afirmación presidencial referida a un récord de exportaciones fue considerada correcta cuando se observan las cantidades exportadas de acuerdo con la serie oficial del INDEC, que durante los primeros ocho meses de 2026 alcanzaron el mayor nivel dentro del período disponible.

Este último dato también debe destacarse porque una crítica seria no puede consistir en negar sistemáticamente todo lo que afirma el Gobierno. Cuando una cifra es correcta corresponde reconocerlo, del mismo modo que cuando es incorrecta o necesita una contextualización sustancial corresponde señalarlo. La crítica pierde credibilidad cuando pretende demostrar que absolutamente nada funciona; el discurso gubernamental la pierde cuando intenta convencer de que absolutamente todo funciona.

La credibilidad presidencial no se mide solamente en las encuestas

Habitualmente se habla de confianza presidencial a partir de encuestas de imagen, aprobación de gestión o intención de voto, pero existe una dimensión más profunda que difícilmente pueda medirse únicamente mediante esos instrumentos: la expectativa social de que cuando el Presidente afirma un hecho verificable, exista una base sólida para considerarlo verdadero.

Esa confianza constituye un activo institucional porque un jefe de Estado necesita ser creíble cuando comunica una crisis, anuncia una reforma, informa sobre seguridad, explica una negociación internacional o solicita un sacrificio económico a la sociedad. Si previamente convirtió la exageración, la selección conveniente de cifras o la hipérbole en una herramienta habitual de comunicación, ese capital comienza a desgastarse y, cuando finalmente llega una emergencia real, reconstruirlo resulta mucho más difícil.

El problema, por lo tanto, no es exclusivamente moral ni semántico. Tiene consecuencias concretas para la capacidad de gobernar.

Gobernar mediante la hipérbole

Milei construyó buena parte de su identidad política mediante un lenguaje deliberadamente extremo, caracterizado por categorías tajantes, imágenes de alto impacto y formulaciones destinadas a ocupar el centro de la conversación pública. Ese recurso puede resultar eficaz durante una campaña electoral o en el enfrentamiento partidario, pero adquiere una dimensión diferente cuando se traslada sin modificaciones a la comunicación presidencial.

Un candidato puede recurrir a metáforas y exageraciones para describir la situación de un país o para cuestionar a un adversario; quien ejerce la Presidencia, en cambio, tiene una responsabilidad adicional porque dispone de información oficial, organismos técnicos y capacidades estatales que obligan a distinguir cuánto cayó una variable, durante qué período, con qué metodología fue calculada y respecto de qué punto de comparación.

Del mismo modo, un dirigente político puede hablar genéricamente de una “invasión”, pero un Presidente debería distinguir con precisión entre una expulsión, un rechazo migratorio, una persona condenada por un delito común y alguien efectivamente vinculado con una organización terrorista. El Estado no puede administrar categorías jurídicas y políticas únicamente con criterios de eficacia comunicacional.

La verdad estadística también necesita contexto

Uno de los aprendizajes más importantes que dejan estas verificaciones es que los números no hablan solos. Su significado depende del período seleccionado, de la variable observada, de la metodología utilizada y, especialmente, de aquello que se decide mostrar o dejar fuera de la explicación.

Decir que aumentó el empleo sin aclarar qué tipo de empleo creció puede producir una conclusión muy diferente de aquella que surge al distinguir entre empleo formal, informal y trabajo por cuenta propia. Del mismo modo, describir el crecimiento económico mediante una comparación entre dos meses específicos puede generar una representación diferente de aquella que ofrecen los promedios anuales.

La responsabilidad presidencial, entonces, no consiste solamente en evitar una falsedad literal, sino también en no utilizar selectivamente datos verdaderos para producir conclusiones que la información completa no permite sostener. Naturalmente, se trata de un estándar exigente, pero también es excepcionalmente exigente el cargo desde el cual se habla.

Cuando el relato comienza a sustituir la realidad

Todos los gobiernos construyen un relato sobre su propia gestión. Seleccionan prioridades, destacan los resultados que consideran favorables, relativizan derrotas y buscan ordenar los acontecimientos dentro de una determinada interpretación política. Pretender una administración absolutamente desprovista de narrativa sería tan ingenuo como desconocer que la política también consiste en disputar sentidos.

El límite aparece cuando el relato deja de interpretar la realidad y comienza a reemplazarla, porque entonces cada cifra presidencial necesita traducción, cada anuncio requiere una comprobación independiente y cada afirmación empieza a recibirse socialmente con una dosis creciente de prevención.

Ese proceso termina afectando incluso al propio gobierno. Un Presidente cuya palabra sólo resulta confiable para sus partidarios posee menos capacidad política que aquel cuyos datos pueden ser aceptados como ciertos también por quienes se oponen a sus políticas.

La palabra presidencial como patrimonio público

La credibilidad no pertenece exclusivamente a Javier Milei ni a ningún otro presidente. También pertenece a la institución presidencial, porque quien llega temporalmente a la Casa Rosada recibe junto con las atribuciones constitucionales un patrimonio intangible construido históricamente: la presunción de que una comunicación proveniente de la máxima autoridad política del país merece atención y puede ser considerada una fuente particularmente relevante sobre los asuntos públicos.

Ese patrimonio puede administrarse con prudencia o puede consumirse lentamente. Cada cifra exagerada, cada dato presentado sin el contexto indispensable y cada afirmación que posteriormente debe ser rectificada o reinterpretada produce un costo que quizás no sea inmediatamente visible, pero que se acumula con el tiempo.

La erosión de la palabra presidencial es particularmente peligrosa porque sus efectos suelen aparecer cuando más se necesita de ella. Si la ciudadanía aprende que debe poner entre paréntesis aquello que escucha del jefe del Estado, la consecuencia no desaparece cuando finalmente el Presidente necesita comunicar una situación verdadera, urgente y grave.

Un Presidente debe poder ser creído incluso por quien no lo votó

Ese debería ser uno de los estándares democráticos más elementales. Nadie está obligado a compartir la ideología del Presidente, aprobar sus políticas económicas, acompañar su proyecto político o coincidir con su interpretación de la realidad nacional, pero cualquier ciudadano debería poder escuchar una afirmación presidencial referida a un hecho concreto y partir de una presunción razonable de veracidad.

Cuando esa presunción desaparece, no se deteriora solamente la imagen personal del gobernante, sino también la relación entre el Estado y la sociedad.

El chequeo de algunas declaraciones de Milei no demuestra, por supuesto, que todo cuanto diga el Presidente sea falso ni permite convertir cinco afirmaciones verificadas en una evaluación integral de su gobierno. Hacerlo sería tan metodológicamente cuestionable como aquello que precisamente se intenta señalar. Sin embargo, el ejercicio sí ofrece una advertencia relevante: cuando dentro de un conjunto de afirmaciones verificables varias necesitan correcciones sustanciales, dependen de contextos omitidos o directamente no coinciden con los registros oficiales, la discusión comienza a trascender cada dato individual y alcanza algo bastante más importante: la credibilidad de quien los pronuncia.

Un Presidente puede equivocarse y puede incluso exagerar alguna vez; lo verdaderamente corrosivo comienza cuando esas situaciones se vuelven tan frecuentes que la sociedad termina incorporando una duda automática cada vez que escucha hablar al jefe del Estado:

¿Será verdad esta vez?