La destrucción del INTI también golpea a los trabajadores policiales argentinos

La destrucción del INTI también golpea a los trabajadores policiales argentinos

El vaciamiento del INTI no sólo afecta a científicos y técnicos: también debilita la capacidad del Estado para sostener infraestructura, control y desarrollo tecnológico que impactan directamente sobre las condiciones laborales y operativas de los trabajadores policiales y penitenciarios.

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Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza su política de reducción y desguace de organismos públicos bajo la consigna de la “destrucción del Estado”, uno de los blancos más sensibles es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La discusión parece, a simple vista, lejana al universo policial. Sin embargo, detrás de los despidos, recortes y amenazas de vaciamiento, existe una consecuencia directa que también impacta sobre los trabajadores de la seguridad pública.

Porque cuando se destruye capacidad estatal, no sólo se afectan laboratorios, oficinas técnicas o industrias nacionales. También se debilita el entramado institucional que sostiene el funcionamiento integral del país, incluyendo las áreas de seguridad.

Un Estado debilitado también precariza la seguridad

Durante años, los trabajadores policiales y penitenciarios han padecido salarios deteriorados, falta de equipamiento, escasa inversión tecnológica y condiciones laborales muchas veces precarias. Esa realidad no mejora destruyendo organismos técnicos estratégicos. Por el contrario: se agrava.

El INTI cumple funciones fundamentales vinculadas al control de calidad, certificaciones técnicas, desarrollo tecnológico y asistencia industrial. Muchos de esos procesos impactan indirectamente en la seguridad pública: desde estándares de materiales utilizados en equipamiento hasta procesos industriales vinculados a comunicaciones, movilidad, infraestructura y tecnología aplicada.

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LICTACIONES. Cada chaleco que disponen las fuerzas policiales, de seguridad y militares argentinas son testeados bajo normas IRAM e INTI.

Cuando el Estado pierde capacidad técnica propia, termina dependiendo de empresas privadas o intereses externos. Y eso suele traducirse en más costos, menos controles y peores condiciones para quienes trabajan diariamente en la calle sosteniendo la seguridad.

El discurso contra el empleo público termina alcanzando a todos

El ataque sistemático contra organismos como el INTI instala además una idea peligrosa: que todo trabajador estatal es un “gasto”, una “carga” o un “privilegio”. Ese discurso no distingue entre científicos, médicos, docentes, administrativos o policías.

Los trabajadores policiales conocen demasiado bien las consecuencias de esa lógica. Cada vez que el Estado decide ajustar, congelar salarios o desinvertir, las fuerzas de seguridad terminan entre las principales afectadas. Menos presupuesto estatal nunca significó mejores condiciones laborales para la policía.

Por eso resulta un error creer que el vaciamiento de organismos técnicos sólo afecta a sectores específicos. Cuando se destruye una parte del Estado, se deteriora el conjunto.

La experiencia histórica argentina es clara

La Argentina ya atravesó etapas de desmantelamiento estatal en los años noventa. El cierre de organismos, las privatizaciones indiscriminadas y la pérdida de capacidades técnicas no trajeron modernización ni eficiencia duradera. Lo que dejaron fue dependencia, deterioro institucional y debilitamiento de las herramientas nacionales para planificar desarrollo y proteger derechos.

El INTI forma parte de ese patrimonio estratégico construido durante décadas. Allí trabajan profesionales, técnicos e investigadores altamente capacitados que sostienen conocimientos que el país necesita preservar.

Destruir esa estructura no representa un ahorro inteligente: implica perder soberanía tecnológica y capacidad de control estatal.

Solidaridad entre trabajadores del Estado

Los trabajadores policiales y penitenciarios no pueden mirar con indiferencia el ataque contra el INTI. Porque detrás de cada ajuste existe una misma concepción política: reducir al Estado a su mínima expresión y convertir derechos laborales en variables de ajuste.

Hoy el blanco es el INTI. Ayer fueron otras áreas estratégicas. Mañana puede ser cualquier sector estatal que el poder considere “costoso” o “innecesario”.

Defender al INTI no significa defender burocracias ni privilegios. Significa defender capacidades nacionales, empleo técnico argentino y presencia estatal. Y también implica comprender que ningún trabajador estatal se salva solo cuando avanza una política de destrucción institucional.

La solidaridad entre trabajadores no es un gesto ideológico abstracto: es una necesidad concreta frente a un modelo que avanza sobre derechos, estabilidad y futuro.

«Quien quiera oír que oiga»

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP),  «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV) y «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI).

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