Cámaras, redes y organizaciones convierten cada operativo en un espacio observado e interpelado: primero la sociedad registra, después identifica y cuestiona, luego esa tensión llega al propio policía y finalmente entra en su casa. Un nuevo escenario donde la fuerza ya no sólo controla: también es observada, discutida y confrontada por el mismo pueblo al que pertenece.
La identificación pública de policías a partir de fotografías, videos, transmisiones en vivo y búsquedas colectivas en redes sociales está modificando de manera irreversible los operativos de seguridad. La exposición ya no alcanza solamente al funcionario: puede extenderse hacia su familia y, al mismo tiempo, obliga a mirar más arriba, hacia las órdenes, protocolos y cadenas de mando que explican por qué un efectivo terminó actuando de determinada manera.
Los sucedido con un policía armado y vistiendo ropas de civil durante un operativo frente al Congreso volvió a mostrar un cambio profundo en el escenario de la seguridad pública. Teléfonos, cámaras profesionales, transmisiones en vivo, archivos digitales, periodistas, organizaciones y ciudadanos pueden combinar registros independientes y reconstruir en pocas horas quién estuvo en determinado lugar, qué hizo y eventualmente dentro de qué estructura jerárquica actuó.
El reciente señalamiento público del comisario inspector Gustavo Antonio Gauna como el funcionario registrado durante los incidentes frente al Congreso tiene, por eso, una dimensión que excede ampliamente un nombre propio. La capacidad social de reconstruir un operativo policial ya no depende exclusivamente de la información que decida proporcionar el Estado.
Hasta hace algunos años, identificar a quienes habían intervenido en una manifestación podía requerir acceder a partes de servicio, órdenes operacionales, sumarios o expedientes judiciales. Hoy un procedimiento queda registrado simultáneamente desde decenas de posiciones y genera una verdadera trazabilidad social del operativo: una fotografía muestra un rostro, otra un arma, un video fija una secuencia y registros anteriores pueden terminar vinculando una imagen con una identidad.
Esto modifica también una vieja práctica: actuar de civil o sin una identificación claramente visible ya no asegura anonimato. Puede producir precisamente el efecto contrario, porque una persona armada actuando junto a una formación policial concentra inmediatamente la atención de cámaras, periodistas y organizaciones interesadas en determinar quién es y qué función cumple.
El policía observado
Esta capacidad de control posee una dimensión democrática evidente. Las imágenes pueden demostrar abusos, pero también proteger al propio policía frente a acusaciones falsas, acreditar agresiones previas o reconstruir correctamente un procedimiento. El problema comienza cuando la investigación es reemplazada por el señalamiento apresurado: una fotografía poco clara o un parecido físico no deberían convertir las redes sociales en un tribunal.
Para las fuerzas, sin embargo, hay una conclusión inevitable: todo operativo relevante debe planificarse suponiendo que será filmado desde múltiples ángulos y posteriormente revisado cuadro por cuadro.
El parte oficial dejó de poseer el monopolio del relato. Las órdenes, desplazamientos, utilización de armas y conductas individuales pueden ser confrontados con registros independientes. La transparencia dejó de ser solamente una obligación institucional; se convirtió en una realidad tecnológica.
Pero el operativo también llega a la familia
Hay otra consecuencia menos considerada. Cuando aparece públicamente el nombre de un policía, la exposición puede extenderse rápidamente hacia esposas, hijos, padres o hermanos mediante redes sociales y búsquedas abiertas.
La responsabilidad por una actuación profesional es individual y no debería trasladarse a quienes simplemente comparten un apellido. Sin embargo, el funcionamiento actual de las redes tiende a borrar esa frontera. Una actuación de segundos puede entrar después en la casa del funcionario y enfrentar a su propia familia con imágenes de aquello que hizo.
Ya hemos visto casos en los que familiares de policías identificados públicamente reaccionaron con un durísimo repudio hacia la conducta observada. Ese fenómeno merece atención porque muestra cómo el acto abandona el universo interno de la fuerza —con sus órdenes, jerarquías y códigos— y regresa al mundo civil, donde puede ser juzgado con parámetros completamente diferentes.
El caso Pablo Grillo
El caso del fotoperiodista Pablo Grillo muestra de manera dramática el alcance de esta transformación. Grillo resultó gravemente herido en la cabeza por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado en línea recta por el cabo primero de Gendarmería Nacional Héctor Jesús Guerrero durante la represión de una marcha de jubilados frente al Congreso el 12 de marzo de 2025.
Las imágenes permitieron reconstruir el episodio e identificar al gendarme. Pero precisamente allí aparece un riesgo: creer que identificar al hombre que efectuó el disparo explica todo lo sucedido.
No es así.
También corresponde preguntar cuáles fueron las órdenes, qué protocolo se aplicaba, cómo había sido entrenado el personal, quién dirigía el dispositivo y qué orientaciones políticas y operacionales existían. El policía individual puede tener responsabilidad por sus actos, pero no debería convertirse automáticamente en el fusible que permita desaparecer del análisis a toda la cadena que estaba detrás suyo.
¿Por qué algunos policías aceptan lo inaceptable?
Aquí aparece una pregunta más incómoda: ¿por qué algunos funcionarios terminan aceptando prácticas o modos de intervención que, una vez fuera del operativo, pueden resultar difíciles de explicar incluso ante su propia familia?
Una respuesta tentativa surge en mi ensayo reciente ¿Por qué algunos policías aceptan lo inaceptable?. Allí se sostiene que determinadas culturas institucionales pueden transformar la vocación en sacrificio permanente y hacer de la obediencia una prueba de compromiso. Reclamar límites puede ser percibido como debilidad, mientras soportar y cumplir adquieren prestigio dentro del grupo.
Mientras existe pertenencia, esa lógica puede sostenerse durante años. El policía continúa siendo parte de una comunidad que le proporciona identidad y sentido, y las contradicciones son racionalizadas, postergadas o absorbidas mediante mecanismos como el desgaste silencioso, el endurecimiento o aquello que el trabajo denomina “cinismo funcional”: cumplir aun cuando ya no se cree.
El problema adquiere otra gravedad cuando esa cultura de obediencia y sacrificio alcanza el uso de la fuerza. Si la vocación sustituye a las reglas, el sacrificio reemplaza a la prevención y el silencio ocupa el lugar del derecho, el problema deja de ser exclusivamente personal y pasa a ser institucional y estatal.
Por eso no alcanza con preguntar quién disparó, quién estaba vestido de civil o quién quedó registrado por una cámara. Hay que preguntarse también qué institución formó a esa persona, qué órdenes recibió, qué límites aprendió y qué respaldo tendrá cuando termine el operativo.
Una fuerza profesional necesita obediencia, pero no obediencia sin juicio. Necesita disciplina, pero no sacrificio ilimitado. Y necesita asumir que detrás de cada uniforme existe una persona cuya vida no termina cuando entrega el arma reglamentaria y vuelve a su casa.
La tecnología hizo visible al último eslabón de la cadena.
El desafío democrático es no confundir al último eslabón con toda la cadena.
Del panóptico estatal al panóptico social
Estamos entrando en una suerte de panóptico social distribuido. Durante décadas, el Estado dispuso de una capacidad de observación muy superior a la de los ciudadanos. Hoy esa relación comenzó a modificarse: teléfonos, cámaras, transmisiones en vivo, archivos abiertos, periodistas y organizaciones permiten que la sociedad observe también a quienes ejercen la fuerza pública.
El policía ya no actúa solamente bajo la mirada de su superior, de una cámara institucional o de un eventual sumario. Puede estar siendo registrado simultáneamente por decenas de personas y reconstruido después desde distintos ángulos. El antiguo observador también sabe ahora que está siendo observado.
Pero este nuevo panóptico no tiene un centro único ni siempre respeta las garantías de un procedimiento formal. Puede producir prueba, control democrático y transparencia, pero también errores de identificación, linchamientos digitales y exposición de familiares ajenos a los hechos. La vigilancia se democratizó; las reglas para utilizar responsablemente ese poder todavía están en construcción.
A veces el operativo se convierte en asamblea
Hay además otro fenómeno que merece ser observado. En muchas movilizaciones, el pueblo no se limita a protestar frente al dispositivo policial: intenta incorporar simbólicamente a quienes están detrás de los escudos a la propia asamblea de la calle.
Veteranos de guerra, docentes, jubilados, trabajadores, organizaciones sociales y ciudadanos interpelan directamente a policías, gendarmes y prefectos. Les hablan, les recuerdan que también son trabajadores, que tienen familia, salario, jubilación, problemas cotidianos y que muchas de las políticas que se discuten frente a ellos también terminarán afectándolos.
No siempre funciona y tampoco conviene idealizarlo. Existen momentos de enfrentamiento, órdenes que deben cumplirse y situaciones en las que la distancia entre manifestantes y fuerzas se vuelve prácticamente infranqueable. Pero hay también escenas distintas: escudos apoyados, bastones envainados, formaciones detenidas durante largos minutos mientras del otro lado alguien habla y los efectivos escuchan.
En esos momentos, el operativo deja de ser solamente un dispositivo de control y comienza a parecerse, por algunos minutos, a una asamblea popular espontánea, en la que una parte de la sociedad intenta convencer a quienes fueron enviados a contenerla de que también forman parte de ese mismo pueblo.
Ese intento de interpelación tiene una profundidad política considerable. El manifestante ya no ve únicamente un uniforme; busca llegar a la persona que está adentro. Le habla al trabajador, al padre, a la madre, al hijo, al vecino y al futuro jubilado que existe detrás de la función.
Quizás allí aparezca uno de los límites más difíciles para cualquier política basada exclusivamente en la confrontación. El Estado puede ordenar una formación, establecer un perímetro y disponer un operativo, pero no puede controlar completamente lo que cada funcionario escucha ni lo que esas palabras producen cuando termina el servicio.
Porque después de horas de tensión, ruido, insultos, empujones, órdenes contradictorias y desgaste físico, el policía regresa a su casa.
Y allí comienza otra conversación.
La pareja que vio las imágenes, el hijo que recibió un video, el hermano que siguió la protesta por televisión o los padres que reconocieron el uniforme pueden formular preguntas que ningún superior controla. Lo que no logró penetrar durante el operativo puede reaparecer horas después alrededor de una mesa familiar.
Por eso el efecto de estas movilizaciones no debería medirse solamente por cuántas personas marcharon, cuántas cuadras ocuparon o cómo terminó el procedimiento. Existe también una disputa mucho más silenciosa: la búsqueda persistente de quebrar la separación absoluta entre “el pueblo” y “la fuerza”, recordándole al uniformado que cuando termina su turno vuelve exactamente al mismo mundo social que acaba de custodiar, contener o reprimir.
En ese sentido, el panóptico social no solamente observa.
También habla.
Y algunas veces, del otro lado del escudo, alguien escucha.
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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