Una nueva purga sacude a la Policía de Rosario, pero lejos de una limpieza ética, lo que se esconde es una feroz interna política por el control de las millonarias “cajas” de la seguridad. Mientras caen algunos, regresan a escena viejos actores del escándalo. La impunidad, otra vez, juega de local.
Por Alberto Martínez (*)
La reciente intervención de la Policía de Rosario con 20 agentes detenidos, entre ellos jefes de alto rango y hasta civiles involucrados, podría parecer un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción institucional. Pero, si observamos con honestidad la historia reciente de la Policía santafesina, veremos que estamos ante una nueva puesta en escena de una obra vieja y repetida. Como en el mito del eterno retorno, los escándalos se reciclan, los funcionarios cambian los trajes, pero la tragedia es la misma.
La interna política detrás del operativo: una guerra por el control de las cajas
En el Ministerio de Seguridad de Santa Fe se vive una interna feroz. Diversas fuentes aseguran que el ministro Pablo Cococcioni no tiene control real sobre su equipo. Subsecretarios, asesores y operadores intermedios se disputan espacios de poder, y esta tensión se replica directamente sobre la Policía provincial, donde cada facción intenta garantizarse obediencias, lealtades y, sobre todo, acceso al manejo de las “cajas millonarias” del sistema de seguridad.
Dentro de este esquema debe leerse lo ocurrido en Rosario. El despliegue de allanamientos y detenciones no es una purga ejemplar, sino una movida dentro de una guerra interna. En este juego, ciertos actores caen como peones sacrificables, mientras otros —con prontuarios ya conocidos— son reubicados para responder a intereses sectoriales. No es casual que el designado “interventor” sea Claudio “Droopy” Romano, un comisario que ya estuvo ligado a escándalos de corrupción institucional.
Romano fue relevado de la Unidad Regional V (Castellanos) en 2020, en el marco de una causa donde su segundo, Ariel Palomeque, terminó condenado por peculado. El fallo judicial confirmó el robo de insumos, electrodomésticos, uniformes y combustible, y dejó en evidencia una estructura de saqueo con conocimiento de la superioridad. Hoy, lejos de estar inhabilitado, Romano vuelve con respaldo político a la escena, esta vez en Rosario.
Lo más grave: mientras se descabezaba a la cúpula de la Unidad Regional II en plena ciudad de Rosario seguían ocurriendo hechos de extrema violencia como el asesinato a plena luz del día de dos hombres en barrio 7 de Septiembre. La desprotección de la ciudadanía se profundiza mientras el foco se mantiene en los movimientos de poder interno. Si menoscabar por supuesto el tráfico internacional «por toneladas» que sale por nuestros puertos.
Casos resonantes: una historia que se repite
La historia de irregularidades en las fuerzas de seguridad santafesinas no es nueva, ni se limita a un solo departamento. Basta un repaso breve para comprender la profundidad del problema:
- 2005 – Unidad Regional II, Rosario: Apropol documenta con fotografías la manipulación de odómetros de patrulleros para simular consumo de combustible. Asuntos Internos interviene pero el foco del gobierno no fue la corrupción, sino perseguir a los denunciantes. El Subsecretario de Seguridad Alejandro «Fratacho» Rossi amenazó públicamente: “No va a quedar ninguno de Apropol”. Días después fue echado del gobierno.
- 2005 – Unidad Regional I, Santa Fe: Otro escándalo también denunciado por Apropol con vales de combustible. Se detectaron patrulleros con kilómetros adulterados (26.000 km en un día). La jefatura fue desplazada, pero la causa se diluyó en el tiempo sin condenas.
- 2005 – Tropas de Operaciones Especiales (TOE): La actual jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, fue involucrada en un escándalo cuando, siendo responsable administrativa de las TOE, se produjo un incendio que destruyó documentación contable y registros de combustible. Según la versión oficial, el incendio fue accidental, pero ella misma luego ordenó incinerar lo que quedaba, alegando su mal estado. A pesar de esto, ascendió. De allí fue conocida como «La Reina del Sahumerio».
- 2015-2016 – Caso “D4”: Rafael Grau, exjefe de la Policía de Santa Fe, y Omar Odriozola fueron acusados de liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado mediante facturación de reparaciones inexistentes en patrulleros. La Fiscalía solicitó 9 años de prisión. Otros implicados también fueron condenados.
- 2020 – Unidad Regional V, Castellanos: Se detectan faltantes de equipos, aceite, cubiertas, borceguíes y uniformes nuevos. Palomeque fue filmado cargando un tráiler con bienes públicos. Romano, su superior, fue relevado y pasado a disponibilidad. La fiscal Lorena Korakis inició una investigación de oficio a partir de una denuncia periodística de este portal.
- 2022 – Condena por peculado: Ariel Palomeque recibe tres años de prisión condicional. Se probó que se apropió de bienes públicos y omitió registrarlos. También se verificó el ocultamiento de más de 200 pares de borceguíes nuevos y otros equipos destinados al personal. Palomeque se hizo cargo pero quedó claro la «existencia de unas banda» dedicada a estos tipos de delitos.
Fiscales y funcionarios: los grandes ausentes
La pregunta no es por qué están detenidos estos 20 agentes en Rosario. La pregunta es por qué están libres tantos jefes, tantos funcionarios y tantos fiscales que miraron para otro lado. ¿Cuántos políticos siguen en sus cargos tras haber sostenido, encubierto o promovido a personajes como Claudio Romano?
La impunidad, en Santa Fe, no es un error del sistema: es su garantía de reproducción. La utilización de la policía como botín de guerra entre sectores del poder político, la manipulación de sumarios administrativos, el uso selectivo de Asuntos Internos y la inacción de gran parte del Ministerio Público de la Acusación son piezas claves de este engranaje.
La intervención en Rosario no es una señal de transparencia. Es una jugada dentro de una disputa más grande por los resortes del poder. Por eso la sociedad ya no cree.
La conferencia de prensa del 5 de mayo fue más que una exposición institucional: fue un acto de autodefensa discursiva por parte de los funcionarios que, tras diez meses de investigación encubierta, salen a anunciar una bomba que ellos mismos dejaron crecer.
- Pablo Cococcioni: el ministro se presenta como garante de la “ejemplaridad institucional”, pero no puede ocultar lo obvio: supo, no actuó a tiempo y permitió que la maniobra se afianzara. Prefirió el show a la prevención. Designó como interventor a Claudio Romano, un retirado ya cuestionado. ¿No había nadie mejor?
- José Luis Caterina: el fiscal detalla con precisión la operatoria del fraude, pero evita cualquier referencia a responsabilidades políticas. Su relato deja entrever una estructura organizada, pero no hay avances sobre superiores jerárquicos ni responsables del control administrativo.
- Matías Merlo: el fiscal habla de “conductas que perjudican al Estado” sin nombrar ni una sola vez al Ministerio de Seguridad, sus funcionarios o el área contable que debía auditar las rendiciones. El Ministerio Público aparece tarde, pero celebra como triunfo lo que fue inacción durante casi un año.
- El gran ausente: el control real. Nadie explicó qué pasó con los informes, las auditorías, los partes mensuales, ni qué hacía el órgano de control del ejercicio en ejecución. Sin control efectivo, la corrupción tiene vía libre.
Una sociedad rehén del poder y la impunidad
Lo que subyace en todos estos episodios es un patrón: cada denuncia es seguida por una represalia, cada intento de control se convierte en una excusa para colocar a un alfil propio, y cada escándalo se recicla en otro. La impunidad no es la consecuencia: es el método.
Y así llegamos a 2025 con una nueva “intervención” policial, con un interventor reciclado, con fiscales que callan y con funcionarios que simulan sorpresa. Pero el guion es el mismo. Cambian los nombres, las víctimas se multiplican, y la corrupción sigue blindada desde adentro.
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¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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