El Gobierno Nacional anunció la creación de una Mesa Conjunta de Coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía. Según la comunicación oficial, el objetivo es “optimizar recursos” y “fortalecer la cooperación interinstitucional”. En la práctica, se trata de un paso más hacia la dilución de fronteras que la Constitución y las leyes han establecido con claridad: las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en seguridad interior.
Por Alberto Martínez (*)
Lejos de ser un gesto inocente de “coordinación”, la creación de esta Mesa Conjunta es un paso calculado hacia la militarización de la seguridad interior, disfrazada de eficiencia administrativa. No se trata solo de optimizar recursos: se está instalando una arquitectura institucional que erosiona la línea constitucional entre defensa y seguridad, una frontera conquistada a fuerza de dolor histórico. Cada vez que en la Argentina se borraron esos límites, lo que vino fue persecución social, represión política y un Estado que trató a sus propios ciudadanos como enemigos. Hoy, bajo la retórica de la cooperación interinstitucional, se repite el libreto de la sospecha permanente: más control, más castigo preventivo y menos democracia real.
Entre la seguridad y la defensa: una línea que no se debe borrar
La Ley de Seguridad Interior (24.059) y la Ley de Defensa Nacional (23.554) trazan una división tajante:
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Defensa Nacional → ámbito militar, frente a agresiones externas.
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Seguridad Interior → competencia de fuerzas policiales y de seguridad.
Al sentar a militares y policías en una misma mesa de coordinación operativa, se empieza a desdibujar esta frontera. En nombre de la “eficiencia”, se corre el riesgo de legitimar la injerencia militar en asuntos de orden interno.
El fantasma de los años ’70
Nuestra historia es clara: cada vez que se mezclaron defensa y seguridad interior, las consecuencias fueron graves. El Plan CONINTES y la Doctrina de la Seguridad Nacional son recordatorios de lo que significa militarizar la vida interna: persecución política, disciplinamiento social y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La sospecha como doctrina
Más allá del tecnicismo institucional, esta iniciativa encaja con un patrón más amplio: la Doctrina de la Sospecha Permanente. El Estado instala dispositivos que vigilan, controlan y castigan anticipadamente, en lugar de fortalecer mecanismos democráticos de confianza, representación y control civil.
Una alternativa necesaria
En lugar de mesas conjuntas que confunden roles y aumentan la sospecha social, el país necesita:
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Fortalecer las policías con profesionalización, salarios dignos y control civil genuino.
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Respetar la legislación vigente, que separa con razón la defensa de la seguridad interior.
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Avanzar hacia una doctrina de la Confianza Soberana, que reconstruya la soberanía institucional desde la dignidad del trabajador y el respeto ciudadano.
¡Quién quiera oír que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana. Ex oficial de la policía de Santa Fe, Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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