La motosierra llegó a los cuarteles de los bomberos voluntarios

Los cuarteles de todo el país realizaron un sirenazo para reclamar la distribución de 59.300 millones de pesos correspondientes al remanente de 2025. No piden una partida extraordinaria, sino recursos previstos por ley y financiados mediante una contribución obligatoria sobre las primas de seguros que pagan los ciudadanos.

A las diez de la mañana de este jueves, las sirenas de los cuarteles de bomberos voluntarios volvieron a cumplir una función diferente de aquella para la cual fueron instaladas. No anunciaron un incendio, un accidente vial ni una emergencia climática, sino que advirtieron que la política de ajuste del Gobierno nacional llegó hasta una de las instituciones comunitarias más respetadas y necesarias de la Argentina.

Bomberos voluntarios de todo el país realizaron un sirenazo para reclamar la liberación y distribución de 59.300 millones de pesos que, según denunciaron, corresponden al remanente de los fondos recaudados durante 2025. Aunque algunos móviles salieron a las calles, la mayoría de las manifestaciones se desarrolló dentro de los propios cuarteles y sin interrumpir la atención de emergencias.

El dato contiene una paradoja difícil de justificar: mientras quienes arriesgan gratuitamente su vida continuaron prestando servicio durante la protesta, el Estado nacional mantiene inmovilizados recursos que tienen una afectación específica y que deberían utilizarse para comprar equipos de protección, reparar vehículos, renovar mangueras, adquirir combustible y capacitar al personal.

La motosierra, presentada como instrumento para eliminar privilegios y gastos innecesarios, terminó entrando en lugares donde no existen funcionarios con salarios elevados, estructuras burocráticas sobredimensionadas ni negocios estatales deficitarios. Llegó a cuarteles sostenidos por voluntarios, comisiones directivas, rifas, cuotas sociales y contribuciones de vecinos que saben que, cuando algo se incendia, no hay tiempo para esperar que cierre la planilla de cálculo.

No reclaman dinero adicional

Walter Turi, tesorero del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Roldán y vocal del Consejo de la Federación Santafesina de Bomberos, explicó a Conclusión que el reclamo principal se refiere a 59.300 millones de pesos correspondientes al remanente de 2025. Según indicó, esos fondos se encuentran en una cuenta de atesoramiento y el Ministerio de Seguridad no podría distribuirlos hasta que el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, efectúe el movimiento administrativo necesario.

Los bomberos aclararon que no están solicitando una partida extraordinaria ni una ayuda concedida discrecionalmente por el Gobierno. El dinero proviene del mecanismo establecido por la Ley nacional 25.054, que organiza el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y dispone una contribución obligatoria del cinco por mil sobre las primas de seguros, con excepción de los seguros de vida.

Eso significa que los recursos ya fueron aportados por los ciudadanos cuando pagaron los seguros de automóviles, viviendas, comercios y otras actividades. No pertenecen políticamente al ministro de Economía ni constituyen un ahorro disponible para mejorar el resultado fiscal, porque fueron recaudados con una finalidad determinada: financiar el funcionamiento, equipamiento y capacitación de los cuerpos de bomberos voluntarios.

Retenerlos, demorar su transferencia o mantenerlos inmovilizados no representa una reducción de gastos superfluos, sino la postergación de una obligación legal financiada previamente por los propios contribuyentes.

El ajuste también puede poner vidas en riesgo

Los efectos de la demora no siempre se observan inmediatamente, porque los cuarteles continúan funcionando mediante el esfuerzo de sus integrantes y el acompañamiento de las comunidades. Sin embargo, una emergencia atendida hoy puede depender de un vehículo que no recibió el mantenimiento necesario, de una manguera que debería haberse reemplazado o de un equipo de protección cuya vida útil se encuentra agotada.

Turi estimó que vestir y proteger adecuadamente a un bombero cuesta alrededor de 5.000 dólares. Ese equipo incluye elementos que no pueden considerarse ornamentales ni postergables, porque constituyen la diferencia entre ingresar con seguridad relativa a una estructura incendiada o quedar expuesto a temperaturas extremas, humo tóxico, derrumbes y materiales peligrosos.

Los cuarteles también deben afrontar el costo de los combustibles, las cubiertas, las reparaciones mecánicas, la renovación de autobombas, los equipos de comunicación, las instalaciones eléctricas y el mantenimiento de edificios. Ninguno de esos gastos desaparece porque el Ministerio de Economía decida demorar una transferencia; simplemente termina siendo cubierto por los vecinos o acumulándose hasta comprometer la capacidad operativa.

Damián Chamorro, integrante de Bomberos Voluntarios de Rosario, advirtió que muchos cuarteles podrían verse obligados a cerrar o a prestar servicio en condiciones inadecuadas si los subsidios no llegan. Su definición resume el problema sin necesidad de mayores artificios: un bombero puede tener la mejor preparación técnica, pero sin el equipamiento correspondiente no puede ingresar a un incendio.

Los fondos de 2026 no resuelven la deuda anterior

El Gobierno nacional dispuso para 2026 una distribución superior a los 100.810 millones de pesos entre 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios, correspondiendo aproximadamente 94,9 millones a cada entidad incluida en la resolución. Los recursos fueron asignados para equipamiento, vestuario, materiales de lucha contra incendios y conservación de los elementos operativos.

Ese acto administrativo demuestra que existe una distribución correspondiente al ejercicio actual, pero no responde al reclamo por el remanente de 2025. De acuerdo con lo explicado por los representantes del sector, alrededor del 60 por ciento de los cuarteles ya recibió los fondos de este año, mientras que el resto todavía espera su transferencia y el dinero pendiente del período anterior continúa sin dividirse.

La diferencia debe señalarse para evitar una lectura equivocada. Los bomberos no sostienen que el Gobierno haya eliminado completamente el sistema de subsidios, sino que denuncian la retención de recursos recaudados durante 2025 y las demoras que afectan a numerosas entidades durante 2026.

También explicaron que, para acceder a los fondos, cada asociación debe tener actualizada su documentación, presentar balances y rendir detalladamente las inversiones realizadas con subsidios anteriores. El sistema posee mecanismos de fiscalización y permite excluir del beneficio a las entidades que incumplan las condiciones de inscripción o rendición, de modo que no se trata de transferencias entregadas sin controles.

Siete meses de reclamos sin respuesta

Las veintinueve federaciones que integran el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina llevan al menos siete meses presentando notas y reclamos ante los ministerios de Economía y Seguridad y la Jefatura de Gabinete. La ausencia de una solución condujo finalmente al sirenazo nacional, pensado para informar a la población sobre una situación que hasta ahora se mantenía encerrada en expedientes y comunicaciones administrativas.

El reclamo fue acompañado en Rosario por Verónica Fulco, quien remarcó que se trata de una medida solidaria con los cuarteles que dependen casi exclusivamente del subsidio nacional. Algunos cuerpos cuentan con una base importante de socios, reciben aportes municipales o desarrollan actividades para reunir dinero, pero otros funcionan en localidades pequeñas donde la comunidad no tiene capacidad económica para sustituir las obligaciones nacionales.

La dimensión territorial del problema resulta significativa, porque alrededor del 80 por ciento de los cuarteles del país pertenece al sistema voluntario. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, esas organizaciones cubren incendios, accidentes de tránsito, rescates, inundaciones, derrumbes, escapes de gas y todo tipo de emergencias sin cobrarle a la persona asistida.

Cuando se debilita un cuartel no se ajusta solamente una institución, sino que se deteriora la primera respuesta disponible para comunidades enteras.

Una sirena que ya había sonado

El reclamo tiene un antecedente directo en agosto de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando más de mil bomberos voluntarios realizaron un abrazo simbólico al Congreso y los cuarteles de todo el país hicieron sonar sus sirenas para denunciar un recorte presupuestario cercano al 40 por ciento, además de exigir la distribución de fondos excedentes correspondientes al año anterior. Como ocurre ahora, las entidades sostenían que no reclamaban una ayuda extraordinaria, sino recursos de afectación específica recaudados mediante la contribución obligatoria sobre las primas de seguros. Cambian los gobiernos, los montos y las explicaciones administrativas, pero persiste un problema estructural: el Estado recauda dinero destinado por ley a los bomberos y luego demora, reduce o condiciona su llegada a quienes deben responder ante las emergencias.

Un reintegro de IVA que también genera reclamos

Otro de los puntos planteados durante el sirenazo fue el funcionamiento efectivo del régimen de reintegro del IVA previsto por la Ley 27.629, sancionada en 2021 para fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Esa norma contempla la devolución del impuesto incluido en compras de vehículos, equipamiento operativo, repuestos, combustible, materiales de construcción y servicios necesarios para la actividad.

El régimen fue reglamentado administrativamente y comprende comprobantes correspondientes a operaciones realizadas desde junio de 2021, pero los bomberos reclaman que el beneficio funcione de manera accesible y efectiva. La diferencia no es menor, porque el dinero que un cuartel paga en impuestos sobre equipamiento indispensable representa recursos que deja de utilizar para proteger a sus integrantes.

El sector también solicita facilidades para importar equipamiento específico, ya que calcula que la compra directa en el exterior podría reducir los costos aproximadamente un 30 por ciento. Si el Estado no entrega a tiempo los fondos previstos por ley, demora los reintegros y además dificulta el acceso a elementos más económicos, la motosierra termina cortando siempre sobre el mismo lado.

Las rutas concesionadas y un costo asumido por los vecinos

Los bomberos reclamaron, además, ser incorporados en los pliegos de las concesiones viales. Los cuarteles intervienen en choques, vuelcos, incendios y rescates ocurridos sobre rutas explotadas comercialmente, pero buena parte de esos costos termina siendo cubierta por los habitantes de las localidades cercanas.

Mientras la empresa concesionaria obtiene ingresos por peajes o explotación vial, los vecinos financian mediante cuotas, campañas y aportes municipales el combustible, los vehículos y el equipamiento utilizados para responder ante los accidentes. Incorporar esa prestación dentro de los contratos permitiría distribuir con mayor justicia un costo que actualmente absorben organizaciones comunitarias.

El Cuartel de Roldán registra aproximadamente 250 salidas anuales, una cifra que demuestra que no estamos ante instituciones decorativas ni reservadas para acontecimientos excepcionales. Su actividad es permanente, aunque su sostenimiento siga dependiendo, en buena medida, del trabajo gratuito y de la solidaridad local.

También disminuyen las vocaciones

A la incertidumbre económica se suma una caída en la cantidad de personas dispuestas a incorporarse. El servicio es voluntario, pero exige formación, disciplina, disponibilidad y una enorme inversión de tiempo. En Roldán, por ejemplo, durante la última convocatoria se inscribieron setenta aspirantes y solamente nueve completaron el proceso.

El dato debería encender otra alarma. El sistema no solamente necesita equipos y vehículos, sino también personas preparadas para utilizarlos y dispuestas a abandonar su trabajo, su descanso o una reunión familiar cuando suena la sirena. Si la respuesta pública consiste en retener recursos y trasladar cada vez más gastos hacia las comunidades, el voluntariado termina funcionando como una excusa para que el Estado reduzca su propia responsabilidad.

Ser voluntario significa no recibir un salario por el servicio, pero no significa tener que combatir incendios sin protección ni financiar personalmente las obligaciones de la Nación.

La motosierra contra quienes sostienen al Estado

El ajuste fiscal puede requerir revisión de gastos, eliminación de intermediaciones y controles rigurosos sobre el uso del dinero público. Los bomberos voluntarios, de hecho, deben presentar balances y rendiciones para acceder a los subsidios. Lo que no puede aceptarse es que la búsqueda del equilibrio presupuestario convierta recursos con afectación específica en dinero retenido indefinidamente.

El Gobierno no está ahorrando cuando posterga la compra de una cubierta, una máscara o una manguera. Está trasladando el gasto hacia municipios, asociaciones y familias, o acumulando un riesgo que aparecerá durante la próxima emergencia.

Los bomberos continuaron atendiendo urgencias mientras hacían sonar sus sirenas. Esa conducta expresa una responsabilidad institucional que contrasta con los meses de silencio administrativo que precedieron a la protesta. Ellos no abandonaron a la sociedad para formular el reclamo; ahora corresponde que el Estado deje de abandonarlos a ellos.

La motosierra llegó a los cuarteles, pero allí no encontró privilegios para cortar. Encontró autobombas que necesitan reparación, equipos que cuestan miles de dólares y hombres y mujeres que arriesgan gratuitamente su vida para proteger a los demás. Retener el dinero destinado a sostenerlos no es austeridad: es debilitar, desde una oficina, a quienes deberán responder cuando la próxima sirena anuncie una emergencia verdadera.

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