La Plata, Buenos Aires — El secretario general de APPA había sido aprehendido e incomunicado durante una protesta frente a la Casa de Gobierno bonaerense. La Fiscalía cerró las actuaciones al no encontrar elementos suficientes para acreditar la existencia de un delito.
La decisión de la Justicia platense de archivar las actuaciones iniciadas contra el mayor retirado Carlos Hugo Maure no solamente cierra una causa por “averiguación de ilícito”, sino que vuelve a poner bajo la lupa el procedimiento policial que terminó con la detención e incomunicación de un dirigente sindical mientras participaba de un reclamo frente a la Casa de Gobierno bonaerense.
Maure, secretario general de la Asociación de Policías y Penitenciarios Agremiados de Buenos Aires (APPA), fue detenido el 13 de febrero pasado durante una manifestación vinculada con las condiciones laborales y salariales del personal policial y penitenciario. Según denunció entonces, se encontraba ejerciendo pacíficamente el derecho a reclamar cuando fue aprehendido por orden del comisario mayor Sergio Gómez y trasladado a la Comisaría 1.ª de La Plata, donde permaneció incomunicado durante varias horas.
Una causa sin delito acreditado
La fiscal María Eugenia Di Lorenzo, a cargo de la UFIJ N.º 17 del Departamento Judicial La Plata, resolvió archivar la Investigación Penal Preparatoria 06-00-006466-26/00 y los expedientes acumulados, al concluir que no existían elementos de prueba suficientes para acreditar la materialidad ilícita del hecho investigado.
La resolución se dictó bajo el artículo 268, cuarto párrafo, del Código Procesal Penal bonaerense y establece que, con las pruebas reunidas, no había base para sostener una acusación penal. La causa podría reabrirse únicamente si aparecieran nuevos elementos relevantes, pero el archivo actual derrumba el fundamento con el que se justificó la intervención contra Maure.
La conclusión judicial exige una explicación política e institucional. Si no había delito acreditable, si no existían víctimas y si la investigación no pudo reunir elementos para sostener una imputación, corresponde saber qué información concreta motivó una detención que recayó sobre un referente sindical en medio de una protesta.
El reclamo no puede convertirse en delito
La averiguación de ilícito no puede ser una fórmula disponible para retirar de una manifestación a quien resulta incómodo por su representación sindical, menos aún cuando se trata de trabajadores policiales y penitenciarios que reclaman derechos laborales históricamente negados.
El problema no es solamente la detención de Maure, sino el mensaje que un procedimiento de estas características transmite al resto del personal. Cuando un dirigente es reducido, trasladado e incomunicado en el contexto de una protesta, el objetivo puede trascender la situación individual y proyectarse sobre todos aquellos que contemplan la posibilidad de organizarse, reclamar o expresar públicamente sus demandas.
La acción policial, en esas circunstancias, deja de aparecer como una respuesta frente a un hecho delictivo concreto y comienza a adquirir el perfil de una herramienta de intimidación. La Justicia no declaró que hubiera existido una maniobra política, porque esa cuestión requeriría una investigación específica y pruebas propias, pero sí dejó sin sustento penal la causa que fue utilizada para privar de su libertad a Maure.
La responsabilidad no termina con el archivo
El cierre del expediente no debería ser el punto final del caso. La detención, la incomunicación denunciada y la apertura de varias actuaciones obligan a examinar las responsabilidades administrativas y funcionales de quienes ordenaron, ejecutaron y convalidaron el procedimiento.
El Gobierno bonaerense tiene que explicar si conocía de antemano la medida, qué autoridad judicial fue informada en el momento de la aprehensión, cuáles fueron los elementos objetivos invocados para sostenerla y por qué se avanzó contra un dirigente sindical sin que luego la Fiscalía pudiera acreditar la existencia de un ilícito.
No se trata de otorgar privilegios por la condición de policía retirado o dirigente gremial. Se trata de aplicar las mismas garantías que el Estado debe respetar para cualquier ciudadano: nadie puede ser detenido para luego buscar una razón que justifique la detención.
Una advertencia para el sindicalismo policial
El caso Maure constituye una advertencia para todos los trabajadores policiales y penitenciarios que intentan organizarse frente a un modelo que los reconoce como indispensables para la seguridad pública, pero suele negarles instrumentos efectivos de representación, negociación colectiva y defensa de sus condiciones de vida.
La libertad sindical no se limita a tolerar la existencia formal de una asociación. También exige que sus dirigentes puedan representar, reclamar y manifestarse sin quedar expuestos a procedimientos penales carentes de sustento. Cuando la protesta se responde con una aprehensión y la causa termina archivada por falta de pruebas, la sospecha no debe recaer sobre quien reclamaba, sino sobre quienes eligieron utilizar el aparato estatal para silenciarlo.
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