La Policía de Santa Fe cumple años entre una historia centenaria y una crisis que ya no admite maquillaje

La institución policial santafesina hunde sus raíces en la organización colonial de 1578 y en la formalización normativa del siglo XIX, pero llega a un nuevo aniversario atravesada por una contradicción cada vez más difícil de ocultar: mientras sus hombres y mujeres sostienen diariamente el servicio, la conducción política y una cúpula policial demasiado sumisa han permitido que se profundicen el deterioro salarial, las malas condiciones de trabajo, el endeudamiento, las jornadas extenuantes y un malestar interno que amenaza con convertirse en una crisis estructural.

Una historia que comienza mucho antes de la Policía moderna

La historia de la Policía de la Provincia de Santa Fe se encuentra íntimamente vinculada con la evolución de las primeras instituciones políticas y administrativas del territorio. Mucho antes de existir una fuerza organizada en el sentido contemporáneo, las funciones que hoy identificaríamos como policiales estaban repartidas entre alcaldes y regidores del Cabildo, a quienes posteriormente se agregaron figuras como el alcalde de la Hermandad y el alguacil mayor, cargos destinados a garantizar el cumplimiento de las decisiones de la autoridad, preservar el orden y atender las necesidades de seguridad de una sociedad todavía en formación.

Uno de los primeros antecedentes institucionales aparece en las Actas del Cabildo de Santa Fe. Según consta en los folios 31 y 31 vuelta correspondientes al 16 de agosto de 1578, Bernabé de Luján presentó el título de alguacil mayor de Santa Fe, expedido por Juan de Garay el 15 de agosto de ese año, asumió y juró el cargo, configurándose así uno de los primeros antecedentes formales de una función policial dentro de la estructura pública santafesina.

Como recuerda Jorge Miguel Galvani Celso en su obra Historia de la Policía de la provincia de Santa Fe, aquella necesidad respondía a algo bastante elemental para cualquier comunidad organizada: contar con una institución capaz de hacer ejecutar las decisiones del gobierno local, preservar el orden y brindar seguridad frente a amenazas internas y externas.

La institución fue evolucionando junto con la propia provincia y, ya avanzado el siglo XIX, alcanzó un grado mayor de organización normativa. El 31 de agosto de 1864 entró en vigencia el Reglamento de Policía Urbana y Rural, elaborado durante la gestión provincial de Patricio Cullen y posteriormente promulgado bajo el gobierno de José María Echagüe. Aquel cuerpo normativo representó un paso decisivo hacia la conformación de una policía provincial estructurada, con funciones, responsabilidades y organización propias.

Una institución que sobrevivió a gobiernos, crisis y transformaciones

Desde aquellos primeros alguaciles hasta la actual Policía de Santa Fe pasaron siglos de profundas transformaciones políticas, sociales y tecnológicas. Cambiaron los gobiernos, las constituciones, los códigos, los medios de transporte, las comunicaciones, las armas, las formas del delito y hasta la propia concepción acerca de aquello que significa brindar seguridad.

Sin embargo, hubo una constante: detrás de cada estructura institucional siempre existieron trabajadores que tuvieron que poner el cuerpo para que las decisiones adoptadas desde arriba pudieran convertirse en una presencia concreta del Estado en la calle.

Esa continuidad histórica debería obligar a cualquier gobierno a mirar la institución con mayor responsabilidad. No alcanza con recordarla durante los aniversarios, entregar reconocimientos, organizar ceremonias o pronunciar discursos sobre vocación y servicio si después, durante el resto del año, quienes sostienen efectivamente esa historia deben hacerlo en condiciones cada vez más difíciles.

El aniversario encuentra a la Policía en una crisis profunda

La Policía santafesina llega a este nuevo aniversario atravesando una de las etapas más delicadas de su historia reciente. La palabra “crisis” ya no parece exagerada y, si no se toman decisiones estructurales, empieza a resultar razonable preguntarse cuánto puede resistir una organización sometida permanentemente a mayores exigencias mientras las condiciones de quienes deben cumplirlas continúan deteriorándose.

La paradoja es evidente. La institución sigue funcionando fundamentalmente por el esfuerzo cotidiano de miles de policías que salen a trabajar, cubren guardias, atienden emergencias, recorren calles, intervienen en situaciones de violencia y sostienen dependencias que muchas veces presentan carencias elementales. Mientras ese esfuerzo mantiene en pie el sistema, la conducción política parece conformarse con exigir resultados y una parte importante de los altos mandos policiales ha optado demasiadas veces por la comodidad de la obediencia antes que por representar ante el poder las verdaderas necesidades de su personal.

El problema ya no puede atribuirse simplemente a una mala administración puntual. Cuando durante años se acumulan salarios insuficientes, endeudamiento, problemas habitacionales, deterioro de móviles, falta de recursos, recargos, jornadas extensas y personal obligado a buscar otros ingresos para completar el sueldo, estamos frente a un problema estructural.

Policías pobres en una institución que exige disponibilidad permanente

Una de las contradicciones más graves aparece en las condiciones económicas del personal. Amplios sectores de la Policía provincial, y especialmente los escalafones inferiores y medios, atraviesan situaciones económicas que los colocan cerca o directamente dentro de la pobreza, circunstancia particularmente grave para trabajadores a quienes el Estado exige disponibilidad, disciplina, responsabilidad y exposición permanente al riesgo.

El salario policial dejó de resultar suficiente para sostener dignamente a muchas familias y, como consecuencia, una enorme cantidad de efectivos se encuentra obligada a complementar sus ingresos mediante servicios adicionales, horas extraordinarias u otras actividades laborales.

El resultado es fácilmente previsible: policías que terminan acumulando jornadas que superan ampliamente las doce horas diarias y que, luego de cumplir un servicio ordinario, deben continuar trabajando porque el ingreso principal no alcanza para sostener las necesidades básicas del hogar.

Esta situación no solamente constituye un problema social. También es un problema de seguridad pública, porque nadie puede pretender que una persona sometida durante meses o años a niveles extremos de cansancio conserve indefinidamente la misma capacidad de atención, reacción y discernimiento.

Cientos de kilómetros para ir a trabajar

A las jornadas prolongadas se agrega otro fenómeno que pocas veces aparece en los discursos oficiales: la enorme distancia que muchos policías deben recorrer diariamente para llegar a sus destinos.

No son excepcionales los casos de funcionarios destinados a decenas e incluso cientos de kilómetros de sus domicilios, obligados a sumar varias horas de viaje antes y después de extensas jornadas laborales. Esa dinámica afecta la economía familiar por los costos del transporte, reduce dramáticamente el tiempo de descanso y deteriora los vínculos familiares, porque el trabajador termina pasando buena parte de su día entre el servicio y la ruta.

Cuando semejante situación se mantiene durante meses, la afectación deja de ser únicamente laboral y comienza a invadir todas las dimensiones de la vida personal.

La Policía necesita recuperar una política racional de destinos que tenga en cuenta la realidad familiar y geográfica de sus integrantes, porque utilizar el traslado como herramienta disciplinaria o ignorar sistemáticamente sus consecuencias termina produciendo funcionarios agotados, familias desarticuladas y una organización cada vez más resentida.

Malestar interno y una problemática que no puede seguir ocultándose

Otro indicador preocupante es el creciente malestar interno. La acumulación de presión económica, jornadas interminables, problemas familiares, exposición permanente a situaciones traumáticas y ausencia de canales confiables donde expresar dificultades configura un escenario que debería preocupar seriamente a quienes conducen la institución.

Los casos de suicidio dentro de las fuerzas de seguridad constituyen la expresión más extrema de una problemática que no puede ser reducida a circunstancias individuales ni abordada solamente después de cada tragedia. Cuando una profesión combina disponibilidad permanente, estrés, acceso a armas, exposición a hechos violentos y dificultades económicas, la salud mental del personal debe convertirse necesariamente en una política preventiva permanente.

No alcanza con evaluaciones periódicas ni con intervenciones cuando la crisis ya se encuentra desencadenada. Se necesitan equipos profesionales suficientes, atención confidencial, acompañamiento familiar, detección temprana y, sobre todo, una cultura institucional que permita pedir ayuda sin que eso sea interpretado como debilidad, incapacidad o motivo de castigo profesional.

Una conducción política que exige mucho y escucha poco

La responsabilidad política resulta imposible de eludir. Durante años los gobiernos provinciales utilizaron a la Policía como herramienta central para responder a las demandas sociales de seguridad, mientras postergaban sistemáticamente la discusión sobre las condiciones de quienes debían ejecutar esas políticas.

Se anuncian planes, operativos, despliegues, patrullajes y nuevas estrategias, pero pocas veces se escucha con la misma fuerza una política destinada a mejorar integralmente la vida del trabajador policial.

Esa distancia entre el discurso y la realidad produce consecuencias. El policía escucha hablar de profesionalización mientras debe realizar adicionales para comprar alimentos, oye discursos sobre modernización mientras trabaja con recursos insuficientes y recibe órdenes de aumentar la presencia territorial mientras conoce compañeros que deben recorrer enormes distancias para llegar al lugar donde prestan servicio.

La conducción política no puede limitarse a utilizar a la fuerza. También debe hacerse responsable de aquello que la fuerza necesita.

Altos mandos que también deben dar explicaciones

Pero sería demasiado cómodo responsabilizar únicamente a los funcionarios políticos. La conducción superior de la propia Policía tiene una responsabilidad que ya no puede disimularse detrás de la obediencia jerárquica.

Un jefe no existe solamente para transmitir hacia abajo las órdenes del ministro o del gobernador. También debería ser capaz de transmitir hacia arriba las necesidades de sus subordinados, defender condiciones profesionales adecuadas y advertir cuando determinadas decisiones políticas están deteriorando la capacidad operativa o humana de la institución.

Una cúpula que se limita a asentir, acompañar actos oficiales y repetir el discurso político de turno termina convirtiéndose en una administración intermediaria entre el poder y quienes verdaderamente soportan las consecuencias de sus decisiones.

La lealtad institucional no puede confundirse con sumisión.

La Policía no necesita homenajes vacíos

Recordar el aniversario de una institución con más de cuatro siglos de antecedentes debería servir para algo más que publicar fotografías históricas o enumerar fechas.

La mejor forma de homenajear a quienes hicieron posible esa historia sería garantizar que los policías actuales puedan vivir de su salario, descansar adecuadamente, trabajar con recursos suficientes, cumplir destinos razonables, acceder a asistencia psicológica cuando la necesiten y regresar a sus hogares sin tener que salir inmediatamente a buscar otro servicio para completar sus ingresos.

Porque existe algo profundamente contradictorio en celebrar una institución mientras se deteriora la vida de quienes la integran.

La Policía de Santa Fe ha demostrado a lo largo de su historia una extraordinaria capacidad para sobrevivir a crisis, cambios políticos y transformaciones sociales. Pero ninguna institución puede sostenerse indefinidamente solamente gracias al sacrificio personal de sus trabajadores.

Este aniversario debería encontrar a la conducción política y policial menos preocupada por las ceremonias y bastante más ocupada en escuchar lo que sucede dentro de las comisarías, comandos, cuerpos y unidades de toda la provincia.

Después de casi cuatro siglos y medio de historia, la pregunta ya no es si la Policía de Santa Fe tiene pasado.

Ese pasado está suficientemente acreditado.

La cuestión verdaderamente urgente es qué futuro puede tener una institución si quienes la conducen continúan exigiendo cada vez más de aquellos a quienes, al mismo tiempo, condenan a vivir y trabajar cada vez peor.

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