Lo ocurrido en Villa Tranquila no puede leerse solamente como una agresión brutal contra cuatro policías. También obliga a preguntarse qué tipo de vínculo entre Estado, fuerzas de seguridad y comunidad está construyendo una política que concentra recursos sobre infracciones menores, controles selectivos y conflictos de baja intensidad, mientras amplios sectores perciben que la persecución no alcanza con la misma fuerza a quienes disponen de dinero, poder o capacidad de influencia. El resultado puede ser explosivo: la autoridad pierde legitimidad, la comunidad acumula resentimiento y, cuando finalmente estalla el conflicto, quien queda físicamente en el medio es otra vez el policía.
Lo sucedido en Villa Tranquila, Avellaneda, merece un repudio sin atenuantes, porque cuatro policías fueron golpeados durante una intervención que había comenzado por el acarreo de un vehículo mal estacionado, a una agente le sustrajeron el chaleco y un cargador, otra persona llegó a apoderarse momentáneamente de un arma reglamentaria, un móvil fue dañado y un vecino terminó herido de bala en medio del enfrentamiento. Nada de eso puede presentarse como una reacción social legítima, ya que golpear a un trabajador policial, intentar desarmarlo o convertir una protesta en una agresión colectiva constituye una violencia que debe investigarse y sancionarse.
Sin embargo, detener el análisis allí sería demasiado cómodo, porque la pregunta verdaderamente incómoda es qué estamos haciendo para que episodios como éste tengan cada vez más posibilidades de repetirse. No se trata de afirmar que una política pública convierte automáticamente en legítima una agresión contra policías, algo que sería absurdo, sino de advertir que determinadas políticas pueden deteriorar paulatinamente la legitimidad de la intervención estatal hasta producir un terreno donde cualquier procedimiento menor adquiere una capacidad de escalamiento extraordinaria.
Cuando la seguridad se concentra sobre los que menos pueden defenderse
Existe una concepción de la seguridad que mide eficacia por cantidad de personas identificadas, motos retenidas, contravenciones labradas, vendedores callejeros desplazados, cuidacoches corridos de una esquina o jóvenes demorados porque coinciden con determinado perfil social, no necesariamente porque esas personas sean responsables de los delitos que más preocupan a la comunidad, sino porque son los objetivos más disponibles para producir resultados inmediatos, estadísticas rápidas y presencia estatal visible.
El problema aparece cuando ese modelo comienza a seleccionar de manera sistemática siempre hacia abajo, sobre el mantero, el trapito, el cuidacoches, el joven pobre, el motociclista al que le falta un espejo o algún elemento reglamentario, el grupo que permanece en una esquina o cualquier persona que, por su rostro, su vestimenta, su gorra, su forma de hablar o su apariencia estereotipada, termina encajando dentro de un perfil previo de sospecha. En esos sectores, muchas veces casi excluidos de la vida social, la intervención deja de recaer únicamente sobre conductas concretas y empieza a proyectarse sobre determinadas formas de ser, vestirse, circular o habitar el espacio público.
No se trata solamente de que esas personas tengan menos recursos para defenderse, sino de que suelen carecer de abogados, contactos políticos, poder económico o capacidad de convertir el procedimiento en un costo para la administración. Por eso terminan siendo blancos fáciles de una política de seguridad que necesita mostrar actividad, producir números y exhibir resultados, mientras otras conductas mucho más complejas y dañinas, vinculadas con dinero, poder, corrupción o estructuras criminales organizadas, requieren investigaciones más difíciles y generan mayores resistencias.
La legalidad de cada intervención debe analizarse individualmente, por supuesto, pero la cuestión política aparece cuando miles de esas actuaciones terminan conformando una experiencia colectiva en la que determinados sectores comienzan a percibir que el Estado siempre llega para controlarlos, requisarlos, desplazarlos, multarlos o detenerlos, mientras otras conductas mucho más graves parecen desenvolverse en ámbitos considerablemente más protegidos.
Ahí comienza un problema que no se resuelve con más patrulleros ni con más actas, porque la autoridad no se sostiene únicamente con capacidad coercitiva, sino también con legitimidad social. Y cuando una parte de la comunidad empieza a percibir que la seguridad se ejerce sobre ella como una forma de selección social permanente, el vínculo con la Policía se deteriora, aunque el agente que ejecuta esas políticas no haya decidido ni su orientación ni sus prioridades.
El vecino empieza a preguntarse por qué siempre él
Cuando un sector social recibe diariamente controles, identificaciones, retenciones, actas y procedimientos por infracciones de baja entidad mientras observa que otras formas de ilegalidad vinculadas con estructuras económicas, corrupción, narcotráfico organizado o poder político parecen mucho más difíciles de alcanzar, comienza a construirse una percepción profundamente corrosiva, que podrá ser parcial, exagerada o injusta en determinados casos, pero que políticamente existe y produce efectos.
El interrogante empieza a repetirse en los barrios: por qué siempre acá, por qué para esta moto hay diez policías y para aquello que destruye la vida cotidiana nunca aparece nadie, por qué el Estado es implacable con quien vende en la calle y mucho más prudente cuando enfrenta intereses de otra escala.
Cuando esas preguntas se acumulan durante años, la relación entre comunidad y policía empieza a modificarse y el agente deja de ser visto como el funcionario que llega para proteger frente a una amenaza, para convertirse en la presencia física de una autoridad que interviene principalmente sobre los sectores con menor capacidad de resistencia.
Esa transformación es peligrosa porque una comunidad que deja de reconocer legitimidad en la intervención policial puede empezar a interpretar cualquier actuación, incluso una perfectamente legal, como una nueva expresión de hostigamiento.
Comprender cómo se incuba no significa justificarlo
Nada de esto convierte la agresión de Villa Tranquila en una respuesta aceptable, porque una multitud que golpea a policías, intenta quitarles armas y destruye un móvil genera una situación que podría haber terminado con varios muertos.
Pero si realmente queremos impedir que estas escenas se multipliquen, debemos abandonar la comodidad de limitar el análisis a la idea de que “la gente perdió el respeto”, como si la pérdida de legitimidad institucional apareciera de la nada.
El respeto hacia la autoridad se construye y también puede destruirse, especialmente cuando el Estado utiliza reiteradamente a la Policía como herramienta para administrar pobreza, controlar informalidad económica, disciplinar juventudes o producir estadísticas de productividad que sirven más para un discurso político que para mejorar la seguridad real.
El problema no es solamente moral, sino operativo, porque cuanto mayor es la distancia entre la comunidad y la fuerza, mayor es también el riesgo que enfrenta el propio policía cada vez que debe intervenir.
La política diseña el escenario y después desaparece
Lo más perverso de este esquema es que quienes diseñan estas políticas casi nunca están presentes cuando llega el momento crítico.
Un funcionario decide aumentar controles, otro exige determinadas cifras, una conducción fija objetivos operativos y la estructura pide identificaciones, secuestros, actas, motos retenidas o determinados números que permitan mostrar resultados, pero cuando una intervención termina en una calle rodeada por treinta personas enfurecidas ya no hay funcionarios, ministros ni secretarios en el lugar.
Hay policías que disponen de segundos para decidir, sabiendo que si retroceden podrán ser acusados de no haber impuesto la autoridad, si avanzan pueden terminar golpeados, si utilizan la fuerza deberán justificarla, si disparan comenzará inmediatamente una investigación penal y administrativa y, si una persona resulta herida, serán ellos quienes deban explicar cada decisión ante fiscales, Asuntos Internos, medios de comunicación y eventualmente tribunales.
La política que creó el escenario desaparece entonces de la fotografía y deja toda la exposición sobre quienes ejecutaron una decisión que no diseñaron.
Otra vez, el fusible policial
Eso es exactamente lo que venimos describiendo desde hace años cuando hablamos del fusible policial.
El policía constituye el último eslabón visible de una cadena de decisiones tomadas mucho más arriba, absorbe físicamente el conflicto, ejecuta políticas que no diseñó y, cuando algo sale mal, concentra sobre sí la responsabilidad jurídica, administrativa y mediática.
En Villa Tranquila, la decisión original era retirar un vehículo, la administración municipal dispuso el acarreo, la Policía terminó enfrentada con una multitud, cuatro efectivos fueron heridos y un vecino recibió un disparo. La investigación reconstruirá quién hizo qué, como corresponde, pero la estructura política que produjo esa intervención difícilmente será interrogada con la misma profundidad. Ya habíamos advertido en la nota inicial que, cuando el episodio termina mal, el policía queda obligado a explicar cada segundo mientras los responsables políticos y administrativos que construyeron las condiciones del operativo quedan fuera del escenario.
La seguridad no puede convertirse en administración policial de la pobreza
Una política de seguridad seria debería comenzar por preguntarse cuáles son las conductas que realmente producen mayor daño social y orientar allí sus recursos, en lugar de concentrarse principalmente sobre aquello que resulta estadísticamente sencillo.
Detener veinte motos por irregularidades menores puede producir veinte actas, desplazar vendedores ambulantes puede generar fotografías e identificar decenas de jóvenes puede engrosar estadísticas, pero ninguna de esas cifras demuestra necesariamente que la comunidad esté más segura.
Cuando la medición reemplaza al objetivo, la Policía deja de ser una herramienta de seguridad y comienza a convertirse en una máquina de producción de indicadores, con el agravante de que esos indicadores suelen recaer siempre sobre los mismos sectores sociales.
Dos realidades que empiezan a separarse
Hay además una fractura social que cualquier política de seguridad debería considerar, porque existen sectores capaces de evitar buena parte de estas experiencias cotidianas debido a que viven, trabajan y circulan en ámbitos donde la presencia estatal funciona de otra manera, mientras existe un universo mucho más amplio donde el Estado aparece diariamente bajo forma de control, inspección, requisa, procedimiento o prohibición.
Cuando esas dos experiencias se separan demasiado, la seguridad comienza a ser percibida no como una política común sino como una política aplicada diferencialmente, donde unos reciben protección y otros reciben control.
Esa percepción puede ser parcialmente injusta y debe analizarse empíricamente, pero ignorarla sería políticamente suicida porque es precisamente en esa brecha donde se acumula el resentimiento que después puede expresarse de manera violenta.
La comunidad observa, compara y acumula memoria
En los barrios populares existe además algo que desde los escritorios suele comprenderse poco: la comunidad observa, compara y construye memoria sobre la manera en que actúa el Estado.
Sabe quién vende, quién roba, quién trabaja y también sabe cuándo alguien es detenido por una cuestión menor mientras otro personaje conocido del barrio parece permanecer intocable.
Cuando esa experiencia se repite, puede producirse una solidaridad defensiva que termine incluyendo incluso a personas que inicialmente no compartían conductas ilegales, y ese es el momento en el cual la política de seguridad comienza a fracasar de verdad porque, en lugar de aislar al delincuente, termina aislando a la Policía.
Cuando la Policía queda aislada dentro del territorio, cualquier procedimiento puede convertirse rápidamente en una confrontación colectiva y Villa Tranquila ofrece una imagen brutal de ese riesgo.
La comunidad debe ser aliada, no territorio ocupado
No existe política de seguridad sostenible contra la comunidad.
Puede existir temporalmente una ocupación intensiva del espacio público, mayor presencia policial, controles masivos y despliegues espectaculares, pero si la población comienza a percibir a la Policía exclusivamente como fuerza de disciplinamiento, tarde o temprano aparece resistencia.
Por eso la seguridad debe construirse con la comunidad, identificar los problemas que ésta considera realmente prioritarios y concentrar la acción policial sobre las conductas que producen mayor daño, recuperando información territorial, confianza, investigación criminal y capacidad profesional.
Eso es mucho más difícil que detener una moto, pero también es seguridad de verdad.
Y los policías terminan pagando una política que no diseñaron
Lo más injusto es que el trabajador policial tampoco gana con este esquema, porque se lo envía a intervenir en conflictos pequeños que pueden escalar violentamente, se deteriora su relación con los vecinos, aumenta su exposición física y finalmente se lo responsabiliza personalmente cuando el procedimiento termina mal.
Mientras tanto, el poder político conserva la capacidad de presentar estadísticas y anunciar operativos, sin asumir con la misma intensidad las consecuencias de las decisiones que tomó.
Por eso cada episodio de estas características debería analizarse en dos niveles: el primero es individual y debe establecer qué hicieron los agresores y qué hicieron los policías; el segundo es estructural y debe preguntarse qué política produjo las condiciones para que una intervención menor terminara convertida en una batalla campal.
Si solamente investigamos el primer nivel, seguiremos acumulando policías heridos, ciudadanos lesionados y expedientes; si investigamos también el segundo, quizás podamos empezar a evitar que esos expedientes existan.
Esto recién empieza si no cambiamos el rumbo
Lo ocurrido en Avellaneda puede repetirse y probablemente veremos más episodios semejantes si continuamos construyendo una seguridad basada en presencia coercitiva intensiva sobre los sectores socialmente más vulnerables, mientras la persecución de las estructuras que realmente producen mayor daño permanece mucho más lejos de la experiencia cotidiana de los vecinos.
Repudiamos la agresión contra los policías porque ningún trabajador debe ser golpeado, desarmado o arriesgar su vida durante un procedimiento, pero precisamente porque nos preocupa lo que les ocurre a esos policías tenemos la obligación de preguntarnos qué política los coloca una y otra vez en ese lugar.
El problema no se resuelve pidiendo simplemente más dureza después de cada episodio, sino evitando que el policía sea utilizado como administrador armado de conflictos sociales que la política no sabe o no quiere resolver.
Cuando la tensión finalmente explota, el gobernador no está en la esquina, tampoco está el ministro ni el funcionario que pidió las estadísticas; está el policía, que deberá resolver en segundos una situación que no diseñó y que luego será analizada durante meses por quienes nunca estuvieron allí.
Ese es el sentido del fusible policial: una institución que absorbe la sobrecarga del sistema hasta que algo se quema, mientras quienes diseñaron el circuito permanecen a resguardo. Si no se modifica esa lógica, seguiremos discutiendo después de cada episodio quién actuó mal en la calle, pero evitaremos la pregunta más incómoda de todas: quién decidió construir una política de seguridad que coloca una y otra vez a la Policía frente a la comunidad en conflictos que deberían haber sido resueltos mucho antes y por otros medios.
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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