El 31 de octubre se presentará ¿Quién protege al que protege?, una obra que propone discutir la deuda democrática con los trabajadores policiales y penitenciarios.
Una discusión que siempre quedó en segundo plano
Durante más de cuatro décadas de democracia, la seguridad pública ocupó un lugar permanente en la agenda política, institucional y mediática de la Argentina. Se habló de delito, violencia, prevención, profesionalización, autoridad, disciplina, derechos humanos, control y eficacia, pero mucho menos se discutió acerca de las condiciones en que viven y trabajan quienes tienen la responsabilidad cotidiana de garantizar esa seguridad.
A policías y penitenciarios se les exigen obligaciones que no son comunes al resto de los trabajadores del Estado. Deben asumir riesgos personales, cumplir órdenes dentro de estructuras jerárquicas, mantener disponibilidad operativa, responder disciplinaria y penalmente por sus decisiones y ejercer, en determinadas circunstancias, la fuerza pública en nombre de la comunidad. Esa excepcionalidad funcional existe y no puede ser negada, pero justamente por eso debería obligarnos a discutir si las garantías reconocidas por el Estado resultan equivalentes a las responsabilidades que impone.
Deberes reforzados, derechos disminuidos
El próximo 31 de octubre se presentará ¿Quién protege al que protege? El debate postergado en democracia, un libro que intenta abordar esa contradicción sin reducirla a una discusión sectorial ni encerrarla únicamente dentro de las instituciones policiales y penitenciarias.
La obra parte de una tesis sencilla: una democracia no puede exigir deberes reforzados y, al mismo tiempo, reconocer derechos disminuidos. Cuando un trabajador debe afrontar mayores riesgos, mayores responsabilidades y mayores restricciones que otros sectores del Estado, la respuesta institucional no debería ser menos protección, sino una protección proporcional a esas exigencias.
Esto obliga a mirar cuestiones que muchas veces quedan relegadas en el debate sobre seguridad, como las jornadas laborales, el descanso, la salud física y mental, la carrera profesional, la defensa jurídica, la representación colectiva y la existencia de canales institucionales capaces de procesar reclamos y conflictos antes de que estos se transformen en crisis.
Qué seguridad queremos construir
El problema, por lo tanto, no se limita a determinar qué derechos tienen policías y penitenciarios, sino que alcanza una cuestión mucho más profunda: qué clase de seguridad pretende construir una democracia y sobre qué condiciones laborales e institucionales decide sostenerla.
Durante décadas se instaló la idea de que reconocer mayores derechos a quienes integran instituciones armadas podía debilitar la autoridad, afectar la disciplina o comprometer el funcionamiento del servicio. Este libro propone revisar esa premisa y formular una hipótesis distinta: tal vez la autoridad se fortalece cuando las reglas son claras, cuando existen responsabilidades compartidas y cuando quienes deben cumplir deberes extraordinarios cuentan también con garantías capaces de acompañarlos.
Un libro para abrir el debate
El 31 de octubre comenzará a circular libre y gratuitamente una obra que no pretende cerrar la discusión ni presentar respuestas definitivas, sino contribuir a instalar un problema que durante demasiado tiempo permaneció relegado del debate público.
Porque detrás de las discusiones sobre seguridad, autoridad, disciplina y eficacia sigue existiendo una pregunta tan sencilla como incómoda, cuya respuesta dice mucho sobre la calidad de nuestra democracia:
¿Quién protege al que protege?
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente(DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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