La Policía de Santa Fe retiró y posteriormente secuestró una bandera colocada en el estadio de Newell’s antes del partido contra Boca. El mensaje decía: “Las tierras no se venden, las tierras se defienden”, en referencia al proyecto nacional que introduce modificaciones al régimen de expropiaciones y desalojos.
Según la información conocida, la bandera fue detectada durante la inspección previa. Inicialmente se ordenó entregarla al intendente del estadio, pero horas después, por disposición del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, fue secuestrada y trasladada a la Comisaría 2ª. No se informó quién la colocó ni cuál sería concretamente la infracción cometida.
El contenido de la bandera no amenaza, no discrimina, no provoca a la parcialidad contraria ni convoca expresamente a cometer actos violentos. Es una consigna política sobre un asunto de interés público: la propiedad y defensa de la tierra argentina.
La legislación santafesina sanciona la utilización de carteles que inciten a la violencia y la exhibición de símbolos de otros clubes con el propósito de provocar a los simpatizantes rivales. Ninguna de esas situaciones parece presentarse en este caso.
Puede discutirse si la bandera fue colocada sin autorización o incumpliendo el protocolo establecido para su ingreso. Eso eventualmente podría justificar su retiro por razones organizativas. Pero una irregularidad administrativa no convierte automáticamente una opinión política en una contravención ni explica por qué el Ministerio ordenó su secuestro varias horas después.
Lo ocurrido adquiere una significación mayor. Ya sea en Estados Unidos, donde los reglamentos del Mundial pretenden considerar “políticos” los mensajes relacionados con Malvinas, o en Rosario, donde se secuestra una bandera en defensa de la tierra, pareciera que cualquier reivindicación de la soberanía argentina comienza a resultar incómoda para las autoridades.
La soberanía no puede ser tratada como una provocación, una amenaza ni un objeto sospechoso. Mucho menos cuando la consigna no está dirigida contra jugadores, simpatizantes o instituciones deportivas.
El gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Justicia y Seguridad deben una explicación pública: ¿qué norma se infringió, quién ordenó el secuestro y qué peligro concreto representaba esa bandera?
Decir que se “analiza” una posible infracción a la legislación deportiva no alcanza. Las autoridades no pueden secuestrar primero una expresión política y buscar después alguna norma con la cual justificarlo.
Si el problema fue solamente el procedimiento utilizado para colocarla, deben decirlo. Pero si lo que molestó fue su contenido, estamos ante una intervención estatal sobre la libertad de expresión que merece una explicación mucho más seria.
Porque las tierras se pueden discutir, regular y defender democráticamente. Lo que no corresponde es secuestrar el debate.
AMPLIAREMOS
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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