Por Rubén Pombo
El fraude con la carga de combustibles en la policía de Rosario escaló a su punto más alto con la imputación de la cúpula de la Unidad Regional II, liderada por el ex jefe Daniel Acosta. La clave para la fiscalía, a cargo de José Luis Caterina, fue la extensa declaración de Gerardo Fabián Ramírez, ex jefe de la Sección Garage y ahora imputado colaborador, quien detalló la asociación ilícita y señaló a Acosta como el «jefe máximo de la organización».
El relato de Ramírez es específico: el esquema piramidal de recaudación habría comenzado «desde fines del mes de Mayo de 2023 -en que asume como Jefe Daniel ACOSTA-«. Ramírez, cuyo rol era central al administrar y distribuir la partida de dinero para combustible de la Provincia , incluso declaró que Acosta lo contactó semanas antes de asumir para indicarle que había que «hacer dinero con el combustible».
El ostentoso pasado de Ramírez que la Fiscalía prefiere «Ignorar»
La declaración del ex jefe de Garage ha sido tratada como «palabra santa» por el fiscal. Sin embargo, su versión genera un gran interrogante temporal y de fondo:
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Nivel de Vida Anterior a Acosta: Ramírez comenzó sus tareas como jefe de Garage Central hace aproximadamente doce años. Desde entonces, su nivel de vida se ha mantenido ostentoso y público, un hecho que difícilmente se condice con su salario policial. Si el enriquecimiento ilícito de Ramírez es anterior a 2023, la pregunta que la investigación parece evitar es: ¿Quién se beneficiaba de esta «caja» y quién encubre a la cúpula policial que operó antes de la gestión de Acosta?
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El Abogado Ex Oficial: Un Patrocinio Inusual: La defensa de Ramírez está a cargo del ex oficial Abel Ferreyra. Esta elección, que no es habitual en este tipo de causas de alta exposición, refuerza la sospecha de que el arrepentido podría estar alineado o blindado por sectores de poder o estructuras policiales de vieja data.
La propia causa contradice el límite de 2023
El punto más delicado para la fiscalía es que la propia prueba colectada en la investigación ofrece fuertes indicios de que la corrupción con el combustible es estructural y anterior al período que Ramírez se ofrece a desmantelar.
El documento de imputación señala que la conexión clave con la estación de servicio implicada (Gas Auto Tiferno) y los encargados de las tarjetas Visa Flota es de larga data:
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El subinspector Gustavo Bazán —quien luego pasó a la órbita de Ramírez en Garage — era un «encargado de cargas» que «manejaba todo lo que era tarjetas» con otros jefes de la UR II.
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Las intervenciones telefónicas y el análisis de celulares demostraron que Bazán y Daniel Reynoso (encargado de la estación Tiferno) mantenían comunicaciones entre sí desde, al menos, el año 2018.
Esta evidencia interna confirma que los vínculos, el modus operandi (la concentración de las tarjetas Visa Flota) y las prácticas corruptas preexisten a la asunción de Daniel Acosta. La limitación temporal impuesta por el testimonio de Ramírez (de mayo de 2023 a mayo de 2025 ) convierte al «arrepentido» en un posible muro de contención que desvía la mirada de los años anteriores, sugiriendo que la «asociación ilícita» podría tener una permanencia mucho mayor que la declarada.
La preguntonta es obvia: ¿A quienes protege con sus declaraciones y silencios Ramirez?
Imputativa Combustible – Asoc Ilícita y Otros by Apropol Noticias
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