En la provincia de Buenos Aires, la seguridad es competencia del Estado Provincial, pero cada vez más intendentes avanzan en la creación de cuerpos armados locales sin respaldo legal claro.
Por Alberto Martinez (*)
En un país donde el Estado de Derecho tambalea, los municipios parecen haber encontrado una vía paralela —y profundamente peligrosa— para abordar la seguridad: la creación de estructuras para-policiales. Bajo la apariencia de cuerpos cívicos o patrullas preventivas, estas verdaderas «patotas municipales» actúan en las calles con la impunidad de quien se sabe fuera del alcance de la ley.
¿Pueden los municipios tener su propia policía?
En la Provincia de Buenos Aires no existe una ley vigente que habilite a los municipios a crear fuerzas policiales propias con autonomía plena. La Constitución provincial establece que la Policía depende del Poder Ejecutivo provincial y no menciona a los municipios en esa función. Aunque existieron intentos como la Ley 13.210 de 2004 —que permitió la creación de Policías Comunales bajo supervisión provincial en municipios de hasta 70.000 habitantes—, esta fue derogada y reemplazada por normas que mantuvieron el control centralizado desde el Ministerio de Seguridad. En los últimos años se han presentado proyectos para establecer verdaderas policías municipales, pero ninguno ha prosperado. En consecuencia, los cuerpos locales armados que algunos intendentes impulsan con funciones de control urbano o prevención no tienen sustento legal claro y, en muchos casos, rozan la ilegalidad, al configurarse como estructuras paraestatales sin formación, sin regulación ni control externo efectivo.
«La seguridad no puede quedar en manos de patrullas improvisadas: sin ley, no hay legitimidad.»
El sheriff trucho y la patrulla paralela
El intendente Guillermo Montenegro cruzó un límite institucional peligroso al convocar civiles para combatir “mafias y extorsionadores” en lugar de fortalecer a la Policía con recursos y respaldo legal. A través de una publicación en sus redes personales, invitó a ciudadanos con conocimientos en combate cuerpo a cuerpo a sumarse a una “Patrulla Municipal” que, según sus propias palabras, se encargará de enfrentar el delito en la vía pública. No se trata de prevención ni de cuidado del espacio urbano, sino de una admisión explícita de que el municipio va a montar su propia fuerza contra el crimen, como si la ley no existiera. Lo más grave es que en esa convocatoria se hace culto de la violencia y de los violentos, priorizando habilidades físicas y técnicas de combate por sobre cualquier formación jurídica, ética o profesional, como si la calle fuera una jaula y el Estado un ring.
Esta actitud de sheriff mediático desdibuja el límite entre el Estado de Derecho y el espectáculo político, dejando a los verdaderos policías —muchas veces comisionados al lugar o trabajando en horas extras— a merced de la confusión operativa y la posterior carga judicial o mediática por errores ajenos.
«No se combate el delito jugando a PARECER Rambo. se lo enfrenta con instituciones, leyes y policías formados».
¿Quiénes son y qué hacen?
Se hacen llamar «Patrullas Municipales», «Guardias Urbanas», «Inspectores de Seguridad Comunitaria». Pero no son policías, ni tienen formación policial, ni cuentan con Estado Policial, tal como exige la normativa vigente. A pesar de ello, requisan personas, detienen ciudadanos, exhiben armas no letales —como gas pimienta, bastones extensibles, e incluso armas eléctricas— y actúan con una brutalidad creciente llamativa, todo bajo el amparo de decretos municipales que no tienen jerarquía para autorizar tales funciones.
El caso de Mar del Plata: el laboratorio del abuso
El intendente Guillermo Montenegro ha sido pionero en esta peligrosa deriva. La Patrulla Municipal montenegrina actúa con estética militarizada, indumentaria intimidante y vehículos blindados. Han sido filmados apresando cuidacoches, golpeando a jóvenes, irrumpiendo en barrios populares, siempre con la excusa del «orden público». Pero la Comisión Provincial por la Memoria ya lo advirtió: esas acciones son ilegales y pueden constituir delitos penales.
No solo eso: Montenegro celebró públicamente esos operativos, cometiendo, según la CPM, apología del delito, al reivindicar hechos que violan derechos y exceden las funciones de cualquier poder municipal.
El marco legal es claro. Lo que está ocurriendo, también
Según la Ley Nacional de Seguridad Interior N° 24.059, sólo las fuerzas policiales pueden intervenir en la prevención e investigación de delitos, con personal debidamente capacitado, controlado y bajo comando civil.
Las patrullas municipales no tienen estado policial. No pasaron por institutos policiales. No rinden cuentas a un juez o fiscal. No tienen ley que regule su uso de armas no letales. Y sin embargo, reprimen, humillan y detienen simulando ser fuerza pública.
Eso, en cualquier manual jurídico, se llama usurpación de funciones públicas y violación de derechos humanos.
¿Seguridad o mano dura para la tribuna?
El discurso de «recuperar el orden» es viejo. Lo nuevo —y sumamente preocupante— es que se naturalice la presencia de cuerpos municipales con lógicas para-militares en ciudades donde las instituciones fallan. No hay control judicial, no hay auditoría ciudadana, no hay protocolos serios. Solo hay fuerza bruta con una pechera que dice “Seguridad” de manera ambigua y engañosa.
Estas «patotas municipales» no brindan más seguridad: generan miedo, estigmatización y represión selectiva, siempre sobre los mismos sectores vulnerables. Porque, claro, ninguno de estos operativos es contra el narco de guante blanco o el político corrupto: siempre es contra el pobre.
Cuando el descontrol lo paga el que sí tiene control
Los excesos, abusos o torpezas que cometen estos cuerpos municipales improvisados muchas veces terminan siendo atribuidos a la Policía de la Provincia, especialmente cuando hay personal comisionado al lugar, cumpliendo horas extras u ordinarias en colaboración. La confusión deliberada entre funciones genera un terreno fértil para el desgaste institucional y la criminalización del trabajador policial, que queda expuesto sin haber tenido mando ni decisión en la escena.
«Cuando hay brutalidad sin ley, el costo lo termina pagando quien sí responde a una cadena de mandos legal: el policía.»
Precarizar la seguridad también es una forma de inseguridad
El avance de patrullas municipales sin sustento legal, sin formación profesional adecuada y sin control institucional no es otra cosa que una forma encubierta de precarización de la seguridad pública. En vez de fortalecer a las fuerzas policiales con condiciones dignas, formación y recursos, se improvisan dispositivos paralelos con personal reclutado bajo criterios arbitrarios, casi como si se tratara de una audición para una película de acción. El resultado es un doble riesgo: por un lado, se expone a los vecinos a intervenciones de personas no preparadas ni habilitadas legalmente; por el otro, se debilita aún más la tarea de la Policía oficial, que termina siendo responsabilizada por errores ajenos en un sistema sin orden ni reglas claras.
«Cuando se improvisa seguridad, se institucionaliza la inseguridad. Y cuando se precariza la autoridad, se pierde el control.»
¿Qué hacemos ante esto?
Es hora de decirlo sin eufemismos: esto es para-policialismo, y no debe tolerarse. Es una forma de tercerizar la represión, al margen del Estado de Derecho, instaurando el miedo como herramienta de gestión.
Los municipios no pueden convertirse en pequeños feudos con sus propias milicias. Y quienes gobiernan no pueden seguir construyendo poder con la violencia como moneda.
Esto es peligroso pero para la comunidad toda porque es como dormir con la serpiente porque todo sabemos que en cualquier momento te pica.
Reconstruir el orden democrático: propuestas para frenar el para-policialismo municipal
Lo que hoy ocurre con las patrullas municipales no es un error administrativo ni un exceso aislado: es la manifestación de un modelo autoritario que se cuela por las rendijas del Estado de Derecho. Es urgente y necesario detener este avance de fuerzas paralelas, que con estética institucional y respaldo político ejercen funciones para las que no tienen ni preparación, ni mandato, ni legitimidad.
¿Qué hacer? Primero, aplicar la ley. Cualquier cuerpo que actúe como fuerza de seguridad debe estar debidamente creado por norma, controlado por el sistema judicial, sometido a protocolos de actuación, y con personal formado profesionalmente. Todo lo que se salga de eso debe ser desarticulado, denunciado y, si corresponde, judicializado.
Segundo, fortalecer las policías legítimas. No con más castigo ni con más presión política, sino con mejores condiciones laborales, formación continua, acompañamiento institucional y un marco legal que respalde su accionar cuando es legítimo, y lo sancione cuando se desvía. Sin una policía profesional y dignificada, el vacío lo ocupan los improvisados de siempre.
Tercero, legislar con coraje. Si el debate es sobre policías municipales, que se dé en la Legislatura, con participación ciudadana, expertos, y con reglas claras. Pero no con decretos unilaterales ni convocatorias de Instagram para formar milicias municipales. La seguridad no puede ser una franquicia ni una estrategia de marketing político.
Porque la seguridad pública no se terceriza. No se improvisa. No se milicia. Se construye con ley, con justicia y con verdadero orden democrático.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
FA24