Efectivos del departamento Belgrano aseguran que la continuidad del régimen de guardias de 1×2, el reparto desigual de servicios adicionales, los cambios de destino sin aviso y determinadas designaciones internas provocaron un fuerte deterioro del clima laboral. Reclaman reglas claras, transparencia e intervención del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Personal que presta servicios en la Unidad Regional III, con sede en Las Rosas y jurisdicción en el departamento Belgrano, hizo llegar una denuncia sobre presuntas irregularidades en la organización del trabajo, la asignación de destinos y la distribución de servicios adicionales.
Según el planteo recibido, desde hace varios meses se habría consolidado dentro de la unidad un sistema basado en favoritismos, decisiones discrecionales y desigualdades entre los efectivos.
Los denunciantes aseguran que no buscan una confrontación con la conducción policial, sino que se respeten las normas, la carrera profesional, la antigüedad y el derecho de todo el personal a recibir un trato equitativo.
La continuidad del régimen de 1×2
Uno de los principales reclamos se relaciona con el horario de trabajo.
Mientras en otras unidades regionales se habrían adoptado sistemas de guardias de 2×4 o 1×3, en la Unidad Regional III continúa vigente el esquema de 24 horas de servicio por 48 horas de descanso.
El personal sostiene que esta modalidad afecta especialmente a quienes viven a más de 300 kilómetros de su lugar de destino y deben afrontar largos traslados para cumplir una guardia.
También denuncian que no se estaría otorgando el denominado franco compensatorio y que la respuesta habitual de las autoridades es que no existe cantidad suficiente de personal para modificar el régimen.
Sin embargo, los efectivos cuestionan esa explicación y consideran que la permanencia del 1×2 también estaría vinculada con la necesidad de mantener disponibles determinados días para la realización de servicios adicionales.
Horarios presuntamente asignados “a dedo”
Otro de los puntos señalados es la distribución de los turnos ordinarios.
De acuerdo con la denuncia, algunos agentes permanecerían de manera constante en horarios considerados más cómodos, mientras otros serían destinados reiteradamente a las guardias menos favorables, sin que se conozca un criterio objetivo de rotación.
“Hay compañeros que trabajan siempre en los mismos horarios, mientras a otros nos rotan a las peores guardias sin ninguna explicación”, señaló uno de los testimonios acercados.
La ausencia de un sistema público de rotación alimenta la percepción de que los horarios son asignados según relaciones personales, preferencias o cercanía con determinados jefes.
Los servicios adicionales, en el centro de la disputa
La distribución de los servicios de Policía Adicional constituye otro de los principales focos de conflicto.
Estos servicios representan un ingreso económico importante para el personal, especialmente en un contexto de salarios deteriorados y crecientes gastos familiares.
Según la denuncia, algunos efectivos accederían a cuatro o cinco adicionales por quincena, mientras otros solamente recibirían uno.
“Se reparten entre amigos”, señalaron.
La inexistencia de un listado público, verificable y organizado por criterios objetivos permitiría que los adicionales se transformen en una herramienta de premio, castigo o disciplinamiento interno.
Los denunciantes reclaman que se publique periódicamente la nómina de servicios disponibles, los agentes asignados y los criterios utilizados para efectuar la distribución.
La transparencia resulta especialmente necesaria cuando se trata de servicios remunerados que deberían encontrarse al alcance de todo el personal en condiciones de igualdad.
Cambios de destino sin notificación previa
El personal también cuestionó la realización de cambios de destino intempestivos.
Según los testimonios, algunos agentes se enteran el mismo día de que deben presentarse a trabajar en otra comisaría, sin recibir una notificación formal previa ni contar con tiempo suficiente para reorganizar sus obligaciones familiares.
“Te enterás el mismo día de que tenés que presentarte en otra dependencia. No hay una nota, ni una explicación, ni tiempo para organizarte”, expresaron.
Las necesidades operativas pueden justificar movimientos internos. Sin embargo, salvo situaciones excepcionales, esas decisiones deberían ser notificadas formalmente, estar debidamente fundamentadas y contemplar las condiciones personales y familiares del trabajador.
La falta de previsibilidad no solamente perjudica al policía. También impacta sobre su familia, su descanso, sus traslados y su capacidad para cumplir adecuadamente el servicio.
“No pedimos favores”
El mensaje enviado desde la Unidad Regional III insiste en que el reclamo no busca obtener beneficios particulares.
“No pedimos favores. Pedimos que se cumpla la ley, que haya transparencia y que quien más trabaja y mayor antigüedad tiene cuente con las mismas oportunidades y sea tratado con el mismo respeto”, sostuvieron.
El personal pidió que la situación sea investigada por los organismos correspondientes del Ministerio de Justicia y Seguridad y que, de ser necesario, intervenga la Dirección de Asuntos Internos.
Las denuncias incluyen cuestiones que pueden ser fácilmente verificadas: diagramas de guardias, planillas de servicios adicionales, resoluciones de nombramiento, registros de asistencia, cambios de destino y criterios de asignación de funciones.
Cuando cae la moral, se resiente el servicio
El problema excede una discusión entre jefes y subordinados.
La falta de reglas claras, la percepción de favoritismos y la desigualdad en el acceso a oportunidades laborales deterioran la confianza dentro de cualquier organización.
En una institución jerarquizada como la Policía, donde se exige disciplina, disponibilidad permanente y cumplimiento estricto de órdenes, la conducción también tiene la obligación de actuar con imparcialidad, transparencia y previsibilidad.
Cuando el personal percibe que los horarios, destinos y adicionales dependen de relaciones personales y no de reglas conocidas, la autoridad pierde legitimidad.
Y cuando cae la moral del trabajador policial, inevitablemente se resiente la calidad del servicio que recibe la comunidad.
Las autoridades de la Unidad Regional III y del Ministerio de Justicia y Seguridad tienen la posibilidad de aclarar los hechos señalados, exhibir la documentación correspondiente y garantizar que las decisiones internas se ajusten a criterios profesionales.
La transparencia no debilita el mando. Lo fortalece.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario
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