«LES LOQUES» (Parte XXIX): Marcelo «La Picante» Saín y su equipo enfrentarán juicio por asociación ilícita y abuso de poder

Espionaje ilegal en Santa Fe: APROPOL ya lo había denunciado en 2019: sin control, el sistema de inteligencia se vuelve herramienta de persecución política.

Por Alberto Martínez (*)

La Justicia provincial de Santa Fe ha ratificado su competencia para llevar adelante la causa por presunto espionaje ilegal que involucra al exministro de Seguridad Marcelo Saín y a siete exfuncionarios de su gestión. La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, que desestimó un pedido de trasladar el caso al fuero federal. Con este fallo, el proceso continuará en la órbita de la justicia ordinaria santafesina.

APROPOL lo denunció desde el primer día

Ni bien asumió Omar Perotti como gobernador en 2019, desde APROPOL Noticias advertimos que el flamante ministro de Seguridad, Marcelo Saín, estaba montando una estructura de inteligencia paralela, con escaso control institucional y con un sesgo claramente persecutorio. La gestión Sain, lejos de construir un sistema profesional y transparente, se basó en el uso faccioso de datos sensibles para fines ajenos a la seguridad pública.

Hoy, esa denuncia inicial queda confirmada: 661 personas —entre ellas legisladores, jueces, fiscales, empresarios, sindicalistas, policías y periodistas— fueron objeto de lo que la Fiscalía llama “perfilamientos ilegales”, a través del uso de bases públicas y privadas sin autorización judicial.

Pero lo más grave es que este patrón de abuso de poder y espionaje encubierto no ha cesado: en plena gestión de Maximiliano Pullaro, se repite el esquema de vigilancia sin control, con fondos reservados, operaciones encubiertas y nulo control legislativo.

Una ley sin control no es garantía

La Ley 14.246 de Seguridad Pública e Inteligencia Criminal de la provincia creó un sistema que, en los papeles, parecería garantizar transparencia. Pero el corazón de esa garantía era la creación de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Sistema de Inteligencia, que nunca fue constituida.

Esto implica que todo el andamiaje institucional opera sin supervisión efectiva. Y cuando no hay control, los mecanismos diseñados para proteger a la ciudadanía pueden volverse en su contra. La falta de esa comisión deja a la sociedad santafesina expuesta a abusos, y a las fuerzas de seguridad bajo sospecha permanente.

Silencio sospechoso

Desde APROPOL nos encontramos investigando el funcionamiento real del sistema de inteligencia en la provincia de Santa Fe, particularmente en lo que respecta al uso de fondos reservados, las operaciones encubiertas y la ausencia de control legislativo. A pesar de haber solicitado formalmente información pública vinculada a estos temas, el gobierno de Maximiliano Pullaro mantiene un silencio institucional que equivale a una negativa tácita. Esta opacidad es incompatible con los principios democráticos y refuerza nuestras sospechas sobre el uso discrecional del aparato estatal de inteligencia.

Quiénes están imputados y qué se les imputa

Además de Saín, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a través de los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, pidió penas de prisión e inhabilitación para siete personas más. Estas son:

• Nadia Schujman (exdirectora de la Agencia de Control Policial): 9 años de prisión. (actualmente funcionaria de la Secretaría de DDHH de Santa Fe).

• Débora Cotichini (exjefa de Inteligencia Criminal Zona Sur): 9 años de prisión.

• Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública): 7 años de prisión.

• Pablo Álvarez (exsubsecretario de Investigación Criminal): 5 años de prisión. (actualmente personal contratado de inteligencia de GNA)

• Diego Rodríguez (exsubsecretario de Control Institucional): 5 años de prisión. (actualmente funcionaria de la Secretaría de DDHH de Santa Fe),

• Milagros Bernard (excontratada en Control Institucional): 3 años y 6 meses de prisión.

Los delitos incluyen asociación ilícita, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, destrucción de documentos, violación de secretos y encubrimiento.

Saín se defiende… y señala a Perotti

Marcelo Saín sostiene que no cometió ningún delito y que actuó siguiendo órdenes del entonces gobernador Omar Perotti. Alega que los informes realizados eran legales, confeccionados con datos de acceso público, y que respondían a necesidades del sistema de inteligencia criminal.

Sin embargo, la gravedad de los hechos y el volumen de las víctimas perfiladas abren interrogantes sobre el verdadero uso de ese aparato estatal: ¿se trataba de política criminal o de control político? ¿Se combatía al delito o se espiaba a los disidentes?

Conclusión: sin control, no hay democracia

Desde APROPOL, reafirmamos lo que dijimos hace cinco años: la inteligencia sin control es una amenaza a la democracia, no una herramienta de seguridad. Y la ausencia de la Bicameral, sumada a la continuidad de ciertas prácticas bajo el actual gobierno, demuestra que el problema no era solo Sain, sino un sistema montado para perseguir a quienes piensan distinto.

La Justicia tiene ahora una responsabilidad histórica: sancionar no solo los delitos cometidos, sino también poner un freno ejemplar a quienes creen que, con uniforme o con cargo, pueden usar al Estado como aparato de vigilancia ideológica.

«Si no incomoda al poder, no es periodismo.» — Rodolfo Walsh

¡Quién quiera oír que oiga!

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.

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