Bajo sospecha de graves hechos de corrupción y la sombra de la impunidad quiere ser Fiscal Regional.
Por Alberto Martínez
Según La Política Online «Por el cargo de fiscal regional (de Rosario) hay siete aspirantes inscriptos. Además del actual titular interino están los actuales fiscales Carlos Covani, Patricio Saldutti y Luis Schiappa Pietra. También competirán tres abogadas particulares: María Florencia Baudino, María Verónica León y María Florencia Salvagno Oliva» señalan.
Un perfil entre luces y sombras
Luis Schiappa Pietra ha sido una figura central en la lucha contra el crimen organizado en Rosario, encabezando investigaciones que llevaron a la condena de figuras clave del narcotráfico, como Esteban Alvarado y miembros de la banda «Los Monos». Sin embargo, su accionar no ha estado exento de controversias, denuncias de manipulación judicial y una aparente protección política y mediática que lo ha blindado de cualquier tipo de investigación en su contra aunque están en marcha varias que arrastrarían incluso a un nuevo miembro de la Suprema Corte provincial.
El contexto de la justicia santafesina, marcado por disputas internas y la politización de cargos clave, deja en evidencia que la supuesta lucha contra el narcotráfico no está exenta de intereses oscuros y operaciones selectivas. Schiappa Pietra no es una excepción dentro de este esquema, sino un actor clave en una estructura que parece utilizar la persecución judicial con fines políticos y de disciplinamiento que incluyo armado de causas ilegales y falsas a comisario como el caso de Andriozzi.
Las acusaciones de manipulación judicial
Uno de los aspectos más cuestionados del accionar de Schiappa Pietra es su presunta participación en el uso discrecional de la justicia para favorecer determinados intereses y perseguir a opositores o sectores incómodos para el poder político de turno. Según las denuncias expuestas, Schiappa Pietra habría utilizado información obtenida de manera irregular para presionar a empresarios, dirigentes políticos y periodistas, en una estrategia de extorsión y disciplinamiento mediante la «carpetización» que comandaba el propio ministro de Seguridad de Omar Perotti, Marcelo Saín. El primero sentado en una banda de la Legislatura y atado como mascota de Pullaro a la que sacaban a pàssea de vez en cuando y el otro procesado por espionaje ilegal, defraudación con compras de armas, etc.
El caso más resonante es el de Matías Edery, su excompañero en la Unidad de Crimen Organizado, quien fue imputado por encubrimiento y connivencia con narcos a través de testigos protegidos. Sin embargo, Schiappa Pietra, que actuaba en conjunto con Edery en varias causas, ha logrado mantenerse al margen de cualquier imputación por ahora. Esto ha generado sospechas sobre un blindaje institucional y mediático que lo protege de cualquier tipo de investigación.
Asimismo, en casos como la muerte dudosa de la bibliotecaria María de los Ángeles París en la seccional Décima de la Policía de Rosario, se lo acusa de haber archivado pruebas y haber evitado que la investigación avance, lo que refuerza las dudas sobre su rol dentro del sistema judicial y su relación con el aparato de seguridad.
La cobertura política y mediática
Otro elemento clave en la figura de Schiappa Pietra es la fuerte cobertura política e institucional que ha recibido a lo largo de su carrera. Su vínculo con figuras como Marcelo Saín (exministro de Seguridad) y Jorge Baclini (exfiscal general de Santa Fe) le ha garantizado una protección que ha evitado cualquier tipo de investigación en su contra, a pesar de las múltiples denuncias por su accionar irregular.
Además, el actual gobernador Maximiliano Pullaro parece seguir sosteniéndolo dentro del esquema judicial santafesino, lo que refuerza la hipótesis de que su permanencia en la Fiscalía responde más a intereses políticos que a méritos reales en la lucha contra el crimen organizado. La posibilidad de que sea designado en un cargo superior, como fiscal regional o incluso en la Agencia de Inteligencia provincial, refuerza la idea de que su rol dentro del sistema judicial es clave para sostener un esquema de poder que va más allá de la justicia.
Un sistema de justicia cooptado
El caso de Schiappa Pietra no es aislado, sino que forma parte de un entramado mayor de politización de la justicia en Santa Fe. La manipulación de concursos judiciales, la eliminación del sistema de méritos en las designaciones y la protección selectiva de ciertos fiscales y jueces muestran un esquema de impunidad que responde a intereses políticos más que a una verdadera intención de combatir el crimen organizado.
En este contexto, el aspirante aparece como un engranaje dentro de una estructura que ha hecho de la justicia un arma de persecución y disciplinamiento, en lugar de un instrumento para garantizar el Estado de derecho. Su candidatura a cargos superiores sólo refuerza la idea de que, lejos de buscar transparencia y equidad en la justicia santafesina, el poder político sigue apostando a la impunidad de quienes operan en su favor.
Luis Schiappa Pietra representa el paradigma de una justicia santafesina que ha sido cooptada por intereses políticos y mediáticos, donde la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se usa como excusa para encubrir operaciones de disciplinamiento y persecución selectiva. Su ascenso dentro del sistema judicial no parece responder a su capacidad técnica ni a su compromiso con la legalidad, sino a un esquema de impunidad sostenido por el poder político de turno.
El verdadero desafío para Santa Fe no es solo el narcotráfico, sino la necesidad de recuperar una justicia autónoma y transparente, libre de presiones y manipulaciones que terminan favoreciendo a los mismos actores que dicen combatir.
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