La nueva norma antimafia preocupa a expertos por posibles violaciones a garantías constitucionales y su impacto directo sobre las fuerzas provinciales.
Una ley con graves falencias
El abogado penalista Gustavo Feldman tuvo una destacada intervención en el programa «Se presume culpable» (@SePresumeCulpable) que se emitió por Wox Rosario 88.3 Mhz y es conducido por la periodista Alejandra Ojeda Garnero. En esta oportunidad el destacado letrado fue categórico al analizar la flamante Ley Antimafia: “es una mala ley, mal redactada, ambigua e inconstitucional”. En una extensa entrevista, advirtió que esta norma —aprobada con la excusa de combatir al crimen organizado— representa un grave retroceso en materia de derechos y garantías.
Feldman cuestionó especialmente que la ley permita actuaciones judiciales sin orden previa, habilite detenciones prolongadas por simples sospechas y otorgue facultades federales que desdibujan el rol de las provincias. Para Santa Fe —una de las provincias más castigadas por el narcotráfico— esto podría traducirse en una intervención federal encubierta, quitando poder real a la justicia local y, por ende, desplazando el rol de las policías provinciales.
¿Intervención o militarización?
Uno de los puntos más preocupantes de la ley es la figura de “zona de investigación especial”, que autoriza el ingreso masivo de fuerzas federales y medidas excepcionales sin declarar formalmente un estado de sitio. “Esto implica, de hecho, una suspensión de derechos”, explicó Feldman.
A su vez, denunció que la norma ignora delitos como la corrupción financiera, el contrabando o el lavado de activos, y se enfoca en una lógica bélica de “guerra entre pandillas”, reduciendo la cuestión mafiosa a la violencia callejera. Una mirada parcial, punitivista y funcional al show mediático, más que a una solución real.
¿Y los trabajadores policiales?
Desde nuestro espacio, no podemos dejar de señalar que las reformas penales que atropellan derechos también afectan directamente a quienes están a cargo de hacerlas cumplir: los trabajadores de las fuerzas de seguridad. Esta ley, al ampliar la discrecionalidad de fiscales y limitar garantías básicas, incrementa la exposición jurídica de policías y penitenciarios, que ya actúan bajo condiciones laborales desfavorables y con un alto nivel de presión social y política.
Feldman fue claro: “El delito se combate con la Constitución en la mano. Si dejamos de respetarla, dejamos de ser una República”.
Federalismo en juego
Otro aspecto central es el avance del poder federal sobre las provincias. En lugar de fortalecer a las policías locales con más recursos, más formación y mejores condiciones laborales, se opta por desplazar su rol. La participación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) —clave en Santa Fe— corre el riesgo de diluirse o desaparecer frente a la injerencia de la Nación.
Feldman propuso que, si las provincias adhieren a esta ley, lo hagan con reservas interpretativas que limiten el poder federal y garanticen la autonomía provincial, base del sistema republicano y federal argentino.
No al autoritarismo disfrazado de seguridad
Desde nuestro medio, reafirmamos que no hay verdadera seguridad sin respeto a los derechos constitucionales. Combatir el delito no debe significar retroceder en derechos ni instaurar lógicas autoritarias. El camino es más Estado, más justicia, más formación y más dignidad para quienes arriesgan su vida a diario: los trabajadores policiales y penitenciarios.
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