La licencia psiquiátrica es una herramienta indispensable para proteger a quienes realmente resultan afectados por el desgaste emocional y psicológico de la función policial.
Nadie discute esa necesidad. Lo que sí genera interrogantes es el aparente crecimiento de licencias prolongadas en los niveles jerárquicos superiores de la Policía de Santa Fe y la ausencia de información pública sobre los controles realizados.
Según distintas fuentes consultadas por este espacio, existirían cerca de 200 oficiales superiores y oficiales jefes con carpetas psiquiátricas, algunas de ellas extendidas durante varios años.
Y allí comienzan las preguntas.
¿Estamos frente a una crisis de salud mental en la conducción policial?
¿O estamos frente a un problema administrativo que nadie quiere abordar?
Porque mientras muchos efectivos denuncian dificultades para acceder a licencias, tratamientos o reconocimientos de patologías derivadas del servicio, otros parecen permanecer durante años alejados de la función sin que se conozcan auditorías, revisiones o resultados concretos.
¿Hay hijos y entenados?
¿Existen criterios distintos según el grado, el cargo o las relaciones de poder?
¿Hay policías que deben justificar cada día de licencia mientras otros permanecen años fuera de servicio?
¿Hay carpetas médicas para algunos y sospecha permanente para otros?
¿Hay un circuito paralelo?
Las versiones que circulan dentro de la propia institución hablan de oficiales superiores vinculados a emprendimientos comerciales, gastronómicos, agropecuarios, inmobiliarios y otras actividades privadas mientras continúan bajo licencias prolongadas.
No corresponde afirmar la veracidad de esos comentarios.
Sí corresponde preguntarse:
¿Quién controla?
¿Quién audita?
¿Quién verifica?
¿Se resuelven así las internas de la cúpula?
Otra pregunta que circula en los pasillos policiales resulta todavía más incómoda.
Cuando un jefe deja de ser funcional, pierde influencia o queda atrapado en una disputa interna, ¿la carpeta psiquiátrica se transforma en una salida elegante para apartarlo de la escena?
¿Estamos frente a un mecanismo sanitario o frente a una herramienta de administración de conflictos internos?
¿Se paga silencio?
Y aparece la pregunta más delicada de todas.
¿Existen licencias utilizadas para mantener alejados de la actividad a funcionarios que conocen situaciones comprometedoras o conflictos internos que nunca llegaron a trascender?
Nadie afirma que así ocurra.
Pero cuando los controles son opacos y la información no existe, los rumores terminan ocupando el lugar de las explicaciones.
El Gobierno tiene la obligación de informar
El 6 de enero de este año, el Gobierno provincial anunció la implementación de un sistema de control de ausentismo para el personal policial, indicando que la tarea sería gestionada por la Dirección General de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con el Ministerio de Seguridad.
Han transcurrido más de cuatro meses desde aquella puesta en marcha.
Por eso resulta razonable solicitar públicamente un informe oficial.
¿Cuántas licencias psiquiátricas existen actualmente?
¿Cuántas corresponden a oficiales superiores y oficiales jefes?
¿Cuántas fueron auditadas?
¿Cuántas fueron ratificadas?
¿Cuántas fueron dadas de alta?
¿Cuántas derivaron en juntas médicas o trámites jubilatorios por incapacidad?
¿Cuál es el costo económico que representan para el Estado provincial?
Si el sistema funciona, los datos deberían existir.
Y si los datos existen, deberían ser públicos.
La pregunta final
Si realmente existen cerca de 200 jefes y oficiales superiores fuera de servicio por razones psiquiátricas, estamos frente a una situación extremadamente grave.
Porque sólo existen dos posibilidades.
O la conducción policial atraviesa una crisis de salud mental sin precedentes.
O los mecanismos de control están fallando.
En cualquiera de los dos casos, el Gobierno tiene la obligación de explicar qué está pasando.
Porque las licencias médicas son un derecho.
Pero también es un derecho de la sociedad conocer cómo se administran los recursos públicos y cómo se controla el ausentismo dentro de la principal fuerza de seguridad de la provincia.
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«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) y «Gobernar mediante la sospecha».
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