Mientras la ONU y la CIDH alertan sobre el uso desmedido de la fuerza y el debilitamiento del Estado de derecho, el gobierno nacional ordena a policías intervenir en contextos represivos sin cobertura legal ni respaldo institucional. Se criminaliza la protesta… y también se sacrifica al que la reprime.
Por Alberto Martinez (*)
Entre la orden y el abismo: el uniforme como trinchera política
Los recientes informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pusieron a la Argentina en la mira por el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, las detenciones arbitrarias y el debilitamiento de la independencia judicial.
Pero hay una dimensión que ni el gobierno ni los medios dominantes mencionan: el enorme perjuicio que sufren los trabajadores policiales al ser enviados a reprimir protestas sociales sin amparo legal, sin respaldo sindical y sin condiciones dignas. El gobierno nacional —y en especial el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich— los utiliza como instrumento disuasivo, pero los abandona cuando las consecuencias llegan.
Órdenes sin garantías, riesgos sin cobertura
Muchos policías son enviados a contener marchas y movilizaciones con órdenes verticales que no admiten cuestionamientos, bajo amenaza de sanción disciplinaria si se niegan. Sin embargo:
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No cuentan con defensa jurídica oficial en caso de denuncias penales posteriores.
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No tienen protocolo claro ni formación adecuada sobre proporcionalidad del uso de la fuerza.
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Son filmados, expuestos y escrachados públicamente, mientras los funcionarios responsables se lavan las manos.
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Son señalados socialmente como “represores”, cuando en realidad son también víctimas de un sistema que los precariza y los empuja a enfrentar a sus propios compatriotas.
¿Qué policía se siente orgulloso de golpear a un abuelo con una bandera argentina? Ninguno. Pero si se niega, lo sancionan. Y si obedece, lo condenan.
El costo humano del obedecimiento forzado
Esta situación impacta directamente sobre la salud mental, emocional y física de los efectivos. La exposición pública, el repudio social injusto, la culpabilización moral, la soledad institucional y el abandono legal generan:
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Estrés postraumático.
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Depresión y agotamiento profesional.
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Problemas familiares, aislamiento y baja autoestima.
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Temor constante a quedar “pegado” en causas judiciales por decisiones políticas que no tomaron.
Todo esto en un contexto de salarios paupérrimos, sin representación gremial legal, sin voz pública ni herramientas de defensa colectiva.
La ONU habló de represión, pero el silencio sobre los policías forzados a reprimir es ensordecedor
Mientras se denuncian (con razón) los abusos del Estado sobre los manifestantes, nadie visibiliza el otro lado del drama: los trabajadores policiales que son usados como carne de cañón. No eligen el operativo, no redactan el protocolo, no aprueban el presupuesto, no diseñan la política. Pero pagan el precio de los errores ajenos.
Desde APROPOL exigimos: basta de usar al policía como fusible del poder
Reafirmamos:
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Que el trabajador policial no es enemigo de la democracia, sino víctima de su degradación.
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Que debe contar con respaldo legal, gremial y médico en cada situación de conflicto.
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Que no debe recibir órdenes que lo coloquen al margen de la ley, y mucho menos sin defensa posterior.
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Que es urgente reconocer la representación sindical del personal de seguridad como forma de defensa contra los abusos del poder político.
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. ex Oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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