Los que aplauden al Papa y los que dan las órdenes: una pregunta incómoda para los trabajadores policiales

Hasta allí, todo bien. Es natural y corresponde que las autoridades de una nación reciban con respeto al jefe de la Iglesia católica, independientemente de sus convicciones religiosas o políticas, porque además de una visita pastoral se trata de un acontecimiento de significativa trascendencia institucional.

Pero lo verdaderamente importante no estuvo solamente en las ceremonias, los saludos protocolares o las expresiones de reconocimiento, sino en el contenido de los discursos que León XIV pronunció ante quienes ejercen responsabilidades públicas y ante distintos sectores de la sociedad argentina.

El mensaje fue suficientemente claro como para que no resulte necesario forzar sus palabras ni convertirlas en una adhesión a determinada posición partidaria.

El Papa habló de dignidad humana, del valor del trabajo, de la solidaridad, de los derechos de las personas vulnerables, de la necesidad de escuchar a quienes piensan diferente y de una autoridad que encuentra su verdadero sentido cuando se ejerce al servicio de la comunidad.

Y precisamente porque esos principios tienen consecuencias concretas, vale formular una pregunta que pocas veces aparece en los grandes acontecimientos institucionales: ¿qué relación existe entre lo que las autoridades escuchan y reconocen públicamente y aquello que posteriormente ordenan hacer a los trabajadores que dependen de ellas?

Qué dijo León XIV durante su visita a la Argentina

En su discurso del 8 de noviembre ante las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, pronunciado en el Palacio Libertad de Buenos Aires, León XIV recordó el valor de las instituciones democráticas, la convivencia entre quienes tienen posiciones diferentes y la obligación de ejercer el poder con prudencia, reconociendo sus límites y orientándolo hacia el bien común.

No presentó a la autoridad como un privilegio de quienes gobiernan ni como una potestad destinada a imponer decisiones sin consideración por sus consecuencias, sino como una responsabilidad frente a toda la comunidad.

Al día siguiente, durante su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), desarrolló una reflexión sobre la dignidad del trabajador, la función social de la economía y las consecuencias humanas de la exclusión laboral. Advirtió que reducir a las personas a su rendimiento o utilidad implica desconocer su dignidad y destacó la importancia de los trabajadores informales, las organizaciones comunitarias y los movimientos populares.

También visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde compartió un encuentro con personas con discapacidad y quienes las cuidan, reafirmando la importancia de una sociedad que reconozca el valor de cada vida humana, especialmente cuando necesita mayor acompañamiento.

En su encuentro con los jóvenes del 10 de noviembre volvió a colocar el acento en la libertad, la esperanza y la necesidad de no someter la propia existencia a aquello que desconoce su verdadero valor.

Puede discutirse cómo traducir estos principios en políticas públicas y cuáles son las mejores herramientas para concretarlos, pero resulta difícil desconocer que todos ellos tienen un denominador común: el ser humano no puede convertirse en un simple instrumento de intereses económicos, políticos o institucionales.

Ante los jóvenes, León XIV defendió la libertad de conciencia y rechazó la sumisión al poder

Durante la multitudinaria vigilia celebrada el martes 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, León XIV dirigió a los jóvenes argentinos uno de los mensajes más significativos de su visita, convocándolos a defender su libertad, resistir las presiones que condicionan sus decisiones y no sacrificar sus convicciones para obtener aceptación o reconocimiento.

Para desarrollar esa reflexión, recordó el relato bíblico de tres jóvenes que se negaron a arrodillarse ante la estatua de oro levantada por el rey Nabucodonosor, aun cuando conocían las consecuencias que podía tener su desobediencia. A partir de esa historia, advirtió sobre los nuevos ídolos contemporáneos, entre ellos el éxito a cualquier precio, el dinero, la apariencia y la popularidad, e invitó a los jóvenes a no someter su conciencia a aquello que les impide vivir con verdadera libertad.

El mensaje adquiere una dimensión especialmente interesante cuando se lo relaciona con las instituciones jerarquizadas y, particularmente, con los trabajadores policiales y penitenciarios. Aunque el Pontífice no se refirió específicamente a la obediencia policial, sus palabras permiten reflexionar sobre la diferencia entre cumplir legítimamente una responsabilidad y renunciar al juicio moral frente a las decisiones del poder.

También insistió en la necesidad de acompañar a quienes sufren exclusión, reconocer las posibilidades de transformación personal y construir comunidades capaces de recibir a quienes fueron marginados. Esta convocatoria interpela a una sociedad que con demasiada frecuencia identifica a los jóvenes pobres, desocupados o habitantes de barrios populares como sujetos de sospecha antes que como ciudadanos con derechos y oportunidades.

La reflexión que deja aquel encuentro trasciende lo religioso: una sociedad que reclama a sus jóvenes libertad, conciencia y compromiso también debería exigir a sus instituciones que respeten esos mismos valores, especialmente cuando ejercen poder sobre los sectores más vulnerables.

En la cárcel de Devoto, un mensaje también dirigido a los trabajadores penitenciarios

El miércoles 11 de noviembre, durante la última jornada de su visita a la Argentina, León XIV recorrió la cárcel de Villa Devoto, donde se encontró con alrededor de setenta personas privadas de libertad y escuchó testimonios sobre el arrepentimiento, la esperanza y la posibilidad de reconstruir sus vidas. Acompañaron la actividad el arzobispo Jorge García Cuerva, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y autoridades del Servicio Penitenciario Federal.

Su mensaje no estuvo dirigido exclusivamente a los internos, sino también a sus familias, al personal penitenciario y a quienes tienen responsabilidades sobre el funcionamiento del sistema carcelario. El Pontífice sostuvo que la privación de libertad no debe cancelar la posibilidad de transformación personal y convocó a construir establecimientos más humanos, respetuosos y orientados a la reinserción social.

Especial importancia tuvieron sus palabras para los trabajadores penitenciarios, a quienes reconoció los desafíos cotidianos de desempeñarse en instituciones atravesadas por la violencia, las dificultades estructurales y la corrupción. Les transmitió un mensaje de esperanza, pero también interpeló a las autoridades sobre las condiciones necesarias para que la cárcel pueda cumplir una verdadera función de recuperación humana.

Esta visita incorpora una dimensión fundamental a nuestra reflexión: el Estado no solamente debe respetar la dignidad de quienes están privados de libertad, sino también garantizar condiciones dignas para los trabajadores penitenciarios encargados de su custodia y tratamiento. Porque ningún discurso sobre la humanización de las cárceles puede considerarse completo si ignora las condiciones laborales, la formación, la seguridad y los derechos de quienes deben hacer posible esa transformación.

Después de los aplausos comienza la verdadera discusión

Las ceremonias concluyen, las autoridades regresan a sus despachos y las instituciones retoman sus actividades habituales. Allí comienza una discusión que no pertenece exclusivamente al campo religioso, porque se relaciona con el funcionamiento del Estado y con la responsabilidad de quienes ejercen el poder.

El trabajador policial conoce una parte de esa realidad que difícilmente aparece en los actos oficiales.

Es quien recibe las instrucciones para establecer dispositivos de seguridad frente a manifestaciones de jubilados y personas con discapacidad, quienes en distintas oportunidades han salido a reclamar mejoras económicas, prestaciones, medicamentos y condiciones de vida.

Es quien debe participar en los procedimientos destinados a controlar la venta ambulante, muchas veces frente a personas cuya principal preocupación no es desafiar la autoridad del Estado, sino conseguir el sustento diario de sus familias.

Es quien realiza controles vehiculares en los barrios, confecciona actas y dispone retenciones cuando corresponde legalmente, aun cuando detrás de una motocicleta exista un trabajador que la utiliza para llegar a su empleo, una madre que transporta a sus hijos o una familia que todavía está pagando las cuotas del vehículo.

También es quien recibe instrucciones para custodiar o intervenir en protestas estudiantiles y universitarias, en operativos de saturación territorial y en acciones preventivas que pueden afectar especialmente a sectores socialmente vulnerables.

Ninguna de estas situaciones permite concluir, por sí sola, que la intervención policial sea ilegítima. Existen obligaciones legales de prevención, control y protección que deben cumplirse, incluso en circunstancias difíciles.

Pero tampoco es razonable suponer que cualquier procedimiento resulta justo por el solo hecho de haber sido ordenado por una autoridad.

Entre la legalidad formal de una instrucción, la proporcionalidad de su ejecución y las consecuencias humanas que produce existe un campo de responsabilidad que no puede desaparecer detrás de la palabra obediencia.

Los jubilados y las personas con discapacidad también tienen rostro

Cuando León XIV habló de cuidar a los vulnerables, sus palabras adquirieron un significado especial frente a la situación de quienes necesitan protección y acompañamiento para desarrollar su vida cotidiana.

Esa preocupación puede trasladarse al debate sobre la intervención policial en las manifestaciones públicas, particularmente cuando participan jubilados, personas con discapacidad o ciudadanos que reclaman prestaciones sociales.

El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad pública, proteger a quienes se manifiestan pacíficamente y preservar los derechos de terceros. En determinadas circunstancias también puede ser necesario intervenir para impedir hechos de violencia o restablecer condiciones de convivencia.

La pregunta es cómo se decide esa intervención, qué objetivos se establecen, qué alternativas se evalúan y cuáles son los límites impuestos al uso de la fuerza.

Porque una persona jubilada que protesta por sus ingresos no deja de ser un ciudadano con derechos, del mismo modo que una persona con discapacidad que reclama una prestación no se transforma en una amenaza simplemente porque su reclamo resulte incómodo.

Y el policía encargado del operativo tampoco debería ser tratado como un instrumento al que únicamente se le exige cumplir una misión, sin importar las consecuencias jurídicas, profesionales y humanas de lo que se le ordena hacer.

El vendedor ambulante y la motocicleta del trabajador

Hay otra escena que merece ser examinada desde los principios que León XIV expuso durante su encuentro con el mundo del trabajo.

Pensemos en el vendedor ambulante que ofrece mercadería para subsistir y en el personal policial que recibe una instrucción para intervenir por presuntas infracciones a las disposiciones vigentes.

La existencia de normas sobre uso del espacio público, habilitaciones comerciales o protección de consumidores no desaparece porque una persona necesite trabajar. Pero tampoco desaparece la obligación del Estado de actuar con razonabilidad, respetar la dignidad de los involucrados y evitar que el ejercicio de sus facultades produzca daños desproporcionados.

Algo semejante ocurre con los controles vehiculares y las retenciones de motocicletas.

En Santa Fe, los trabajadores policiales conocen las actuaciones denominadas 460 y los procedimientos identificados operativamente como 10 bis. Cuando existe una infracción comprobada, corresponde aplicar el régimen legal pertinente, respetando las competencias y las garantías establecidas.

El problema se plantea cuando aparecen denuncias sobre exigencias de cupos estadísticos, objetivos cuantitativos o presiones sobre el personal para incrementar determinadas actuaciones, independientemente de las necesidades reales del servicio.

Si esas prácticas se comprobaran, merecerían un examen particularmente riguroso, porque la prevención no debería transformarse en una competencia por producir números ni la actividad policial en una búsqueda de infracciones destinadas a satisfacer indicadores administrativos.

Detrás de cada intervención puede haber una historia humana que las estadísticas no alcanzan a mostrar.

Una motocicleta puede representar para una familia mucho más que un vehículo: puede ser el medio indispensable para llegar al trabajo, llevar a los hijos a la escuela o desarrollar una actividad económica.

Eso no elimina la obligación de cumplir las normas de tránsito, pero obliga a preguntarse si las políticas de control se aplican con criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, o si en determinadas circunstancias terminan afectando de manera especialmente intensa a quienes tienen menos recursos.

El estudiante, el joven del barrio y la sospecha como método

Las protestas universitarias vinculadas con el financiamiento de la educación pública también ponen de manifiesto una tensión conocida por las fuerzas de seguridad: la diferencia entre garantizar el desarrollo pacífico de una manifestación y convertir la expresión del conflicto social en un problema de orden público que debe resolverse exclusivamente mediante dispositivos coercitivos.

Una sociedad democrática necesita instituciones capaces de proteger el derecho a manifestarse y, al mismo tiempo, prevenir hechos de violencia, sin confundir automáticamente la protesta con una amenaza.

Algo similar ocurre en los barrios populares cuando se despliegan operativos de saturación policial o controles intensivos sobre determinados territorios.

La presencia policial puede responder a necesidades legítimas de prevención de delitos y protección de vecinos que padecen situaciones graves de inseguridad. De hecho, muchas familias de los barrios más humildes son también víctimas de organizaciones criminales y reclaman una mayor protección estatal.

Sin embargo, esa necesidad no autoriza a presumir que una persona es sospechosa por su apariencia, su vestimenta, el color de su piel, su situación laboral o el barrio donde vive.

El muchacho desocupado que permanece en una esquina no es un delincuente por estar desocupado. El joven morocho que camina por una villa no representa una amenaza por su aspecto. La pobreza no puede funcionar como sustituto de los indicios objetivos que justifican una intervención policial.

Tampoco puede confundirse la tarea legítima de inteligencia criminal con la vigilancia de opositores políticos por sus ideas o actividades democráticas, una práctica que, de producirse al margen de la ley, comprometería gravemente las garantías constitucionales.

Aquí adquiere sentido una de las preocupaciones que venimos desarrollando desde la Doctrina de la Sospecha Permanente: el riesgo de que determinados sectores sociales sean tratados como objetos habituales de vigilancia y control antes de que existan circunstancias concretas que justifiquen una intervención.

Y también aparece una segunda dimensión, porque el trabajador policial puede terminar siendo objeto de la misma lógica de desconfianza cuando cuestiona una instrucción, advierte una irregularidad o se niega a naturalizar una práctica que considera incompatible con sus responsabilidades.

El policía también es un trabajador y una persona

Uno de los aspectos más significativos del discurso de León XIV ante el mundo del trabajo fue su insistencia en que la actividad humana no puede medirse exclusivamente por su rendimiento, porque detrás de cada función existe una persona cuya dignidad no desaparece dentro de la organización económica o institucional.

Ese principio también alcanza al policía y al penitenciario.

Alcanza al efectivo que trabaja jornadas prolongadas, al que debe cumplir recargos, al que enfrenta situaciones de violencia y al que desarrolla su servicio bajo una estructura de subordinación jerárquica que condiciona su capacidad de decidir.

Alcanza al agente que puede sentirse moralmente afectado por determinadas instrucciones y al que, aun sin haber participado en su elaboración, aparece públicamente como responsable visible de una política adoptada por otros.

Porque las decisiones sobre seguridad no se producen exclusivamente en la calle.

Antes de un operativo existen autoridades que establecen objetivos, funcionarios que diseñan procedimientos, superiores que transmiten instrucciones y responsables políticos que determinan prioridades.

Sin embargo, cuando una intervención termina en un conflicto, una lesión, una denuncia o un escándalo público, la atención suele concentrarse sobre quienes ejecutaron materialmente la medida.

Es el problema que hemos denominado «fusible policial»: la posibilidad de que las consecuencias de decisiones adoptadas en niveles superiores terminen descargándose sobre el último integrante de la cadena institucional.

Esto no significa que un agente pueda justificar cualquier conducta mediante la obediencia debida ni que quede liberado de responsabilidad por sus propios excesos. Significa que las responsabilidades deben reconstruirse de manera completa y proporcional a las decisiones que efectivamente adoptó cada funcionario.

La dignidad que se reconoce al ciudadano frente al poder estatal debe ser compatible con la dignidad del trabajador encargado de ejercer legítimamente ese poder.

La autoridad como servicio: una exigencia para toda la cadena de mando

El mensaje del Papa acerca de la autoridad resulta especialmente relevante para las instituciones jerarquizadas.

La autoridad legítima necesita reglas claras, disciplina, capacidad de conducción y posibilidades reales de intervenir frente a situaciones complejas. Pero también necesita prudencia, respeto por la legalidad y conciencia de que el poder recibido tiene límites.

Quien dispone un operativo debe responder por las razones que lo justifican. Quien establece objetivos debe examinar sus consecuencias. Quien transmite una orden debe asegurarse de que sea comprensible y legalmente fundada. Y quien la ejecuta conserva obligaciones profesionales y responsabilidades propias.

Por eso, una conducción que exige obediencia también debe ofrecer garantías, capacitación, respaldo jurídico y condiciones adecuadas de trabajo.

La subordinación policial no convierte al trabajador en una persona sin conciencia ni derechos, del mismo modo que el deber de mantener el orden no permite transformar a los sectores socialmente vulnerables en destinatarios permanentes de sospecha.

Una institución de seguridad que respeta esos principios no pierde autoridad, sino que fortalece la legitimidad de sus intervenciones.

La pregunta que queda después de escuchar al Papa

La visita de León XIV nos deja una oportunidad para pensar la distancia que puede existir entre los principios proclamados públicamente y las prácticas concretas del Estado.

No corresponde afirmar que todas las autoridades presentes en las ceremonias desarrollan las mismas políticas ni que comparten idénticas responsabilidades. Tampoco sería justo desconocer que el deber de gobernar obliga a adoptar decisiones difíciles, algunas de las cuales pueden requerir intervenciones policiales plenamente legítimas.

Pero el reconocimiento público de valores como la dignidad, la solidaridad, la justicia y la autoridad entendida como servicio adquiere verdadero significado cuando puede observarse en las decisiones cotidianas.

Para el trabajador policial, esa reflexión plantea una pregunta particularmente difícil:

¿Qué sentís cuando escuchás a las autoridades celebrar un mensaje de respeto por los vulnerables y, al regresar al servicio, te encontrás con instrucciones que pueden llevarte a enfrentar a jubilados, personas con discapacidad, trabajadores informales, estudiantes o jóvenes de barrios humildes que reclaman derechos o simplemente intentan vivir?

¿Y qué sentís cuando además te exigen cumplir esas instrucciones bajo presión jerárquica, sin ofrecerte siempre la posibilidad de discutir sus fundamentos, mientras las consecuencias de cualquier error pueden recaer sobre tu carrera, tu familia o tu libertad?

No todas las intervenciones mencionadas son ilegales ni todos los conflictos tienen una respuesta sencilla. Precisamente por eso hace falta algo más que discursos, estadísticas y demostraciones de autoridad: hacen falta políticas públicas que reconozcan los derechos de todos, mecanismos eficaces de control y condiciones institucionales para que cada trabajador pueda cumplir sus funciones sin quedar atrapado entre las exigencias de sus superiores y su propia responsabilidad frente a la ley.

El mensaje de León XIV no necesita convertirse en una consigna partidaria para interpelar al Estado argentino.

Basta con tomar en serio sus principios y preguntar cómo se traducen en la realidad.

Porque el verdadero examen de una autoridad no termina cuando aplaude un discurso sobre la dignidad humana. Comienza cuando debe decidir qué hacer con el poder que tiene sobre los demás.

Y ese examen también incluye una responsabilidad fundamental: que ningún trabajador policial tenga que elegir, como si fueran obligaciones incompatibles, entre cumplir legítimamente su deber y respetar la dignidad humana.

“Quien quiera oír que oiga”