Olvido, precariedad y abandono: la cruda realidad de la policía en Santa Fe.
La precarización laboral de los trabajadores policiales en Santa Fe es cada vez más evidente. Recientemente, en una entrevista con la radio FM 106.7 Liberada de la ciudad de Casilda, Alberto Martínez, secretario general de APROPOL, expuso la grave situación en la que se encuentran los cadetes del Instituto de Seguridad Pública (ISEP).
REPORTAJE: Martínez en FM Liberada
La vuelta al régimen de internado en el ISEP ha sido un retroceso en términos de derechos y condiciones de vida. Cadetes obligados a pagar alquiler por habitaciones que no pueden usar, becas que no cubren ni lo mínimo indispensable y condiciones de higiene deplorables son apenas algunas de las denuncias que han salido a la luz. La presencia de enfermedades como sarna y leptospirosis evidencia la falta de controles sanitarios en un ambiente que debería formar a quienes serán los responsables de la seguridad en la provincia.
A esto se suma la denuncia sobre la infraestructura del ISEP. Martínez advierte que las instalaciones presentan riesgo de derrumbe, al punto de que incluso se ha prohibido baldear ciertas áreas para evitar filtraciones peligrosas. Sin embargo, el gobierno provincial no ha tomado medidas concretas para solucionar el problema.
«Cuando hablan de una policía de excelencia y de profesionalización, en la realidad no se palpa eso», afirmó Martínez. Mientras se difunden videos de operativos policiales como estrategia de marketing político, los verdaderos problemas de la fuerza siguen ocultos bajo un manto de indiferencia gubernamental.
Una policía sin voz ni derechos
El debate sobre la militarización de la fuerza también sigue latente. La intención de reforzar la disciplina y endurecer el régimen policial sin reconocer derechos laborales ni condiciones dignas de trabajo se inscribe en una política que pretende negar la condición de trabajadores a los policías. Martínez advierte que esto forma parte de una estrategia para mantener a la fuerza subordinada y sin capacidad de reclamar mejoras.
«El policía es visto como una cosa, una propiedad del Estado, que no tiene vida, no tiene descanso, no tiene familia», denuncia. La falta de participación del personal en las decisiones que afectan su labor es otro problema estructural. La Comisión de Salud e Higiene en el Trabajo, establecida por la Ley 12.913, sigue sin aplicarse, dejando a los trabajadores policiales sin un ámbito formal donde expresar sus necesidades y problemas.
Silencio oficial y represión de la protesta
Las denuncias sobre precarización y falta de derechos no solo son ignoradas por el gobierno, sino que incluso se intenta silenciarlas. En Santa Fe, las autoridades han recurrido a estrategias como la criminalización de la protesta y la judicialización de quienes alzan la voz contra estas injusticias.
«Nos mandan cartas documento, nos amenazan con acciones legales. Es la criminalización extrema de la protesta», explicó Martínez. Esto se suma a la persecución de policías que se animan a cuestionar las condiciones de trabajo, algo que se ha visto en varias provincias con la aplicación de normativas anacrónicas y arbitrarias.
Seguridad pública en crisis
Mientras la inseguridad sigue siendo un problema sin resolver en Santa Fe, el gobierno sigue sin atender las necesidades de quienes están en la primera línea de combate contra el delito. Los bajos salarios, la falta de recursos, la deficiente infraestructura y la ausencia de derechos laborales afectan directamente la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.
Si no se protege a quienes protegen, es imposible que la seguridad pública mejore. La solución no pasa por discursos vacíos ni por medidas represivas contra los propios agentes de la ley, sino por una política seria y comprometida con el bienestar de los trabajadores policiales.
Fuente: FM Liberada
APROPOL Noticias
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