

Ingresaron al predio sin autorización judicial
Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía del 12 de marzo de 2021, en un galpón ubicado en la intersección de la Ruta Nacional Nº 8 y calle Lucio V. Mansilla, en la ciudad de Pergamino.
Aquella jornada, efectivos de la DDI y del GAD ingresaron al establecimiento bajo el argumento de que buscaban a personas prófugas que se habían fugado de una dependencia policial de General Rodríguez.
Sin embargo, durante el juicio quedó acreditado que los policías no contaban con una orden de allanamiento expedida por un juez competente ni con autorización de los ocupantes del inmueble.
La orden de servicio emitida por la superioridad únicamente habilitaba la realización de controles preventivos sobre personas y vehículos en las inmediaciones, pero no autorizaba el ingreso al galpón.
Golpes, amenazas y vejaciones
Durante la irrupción, los efectivos del GAD, equipados con armas largas, cascos, escudos y elementos de protección, redujeron violentamente a tres integrantes de la familia que se encontraban trabajando en el lugar.
Las víctimas fueron Daniel Glasinovich, quien entonces tenía 70 años, su hijo Diego y su nieto Axel.
Según se acreditó durante el debate, Daniel Glasinovich sufrió golpes que le provocaron fracturas en la sexta y séptima costilla, además de otras lesiones.
Su nieto Axel fue arrojado al suelo, recibió golpes y pisotones en las piernas y la cabeza, y permaneció esposado durante aproximadamente una hora sin que existiera una justificación para mantener esa medida.
El juez rechazó los argumentos de las defensas, que habían sostenido que los efectivos actuaron en cumplimiento del deber y conforme a los protocolos policiales.
En su resolución, el magistrado señaló que ningún protocolo habilita semejante proceder y calificó los hechos como un caso de violencia institucional absolutamente reprochable.
Las responsabilidades establecidas por la Justicia
El tribunal consideró acreditada la responsabilidad del excomisario inspector Garrido por haber llevado adelante el allanamiento sin contar con la autorización legal correspondiente.
Respecto de los integrantes del GAD, determinó que existió una actuación conjunta en las vejaciones cometidas contra las personas reducidas, quienes se encontraban bajo el control de los efectivos.
En el caso de Jonatan Javier Benítez, la acción penal por lesiones leves calificadas fue declarada extinguida por prescripción, manteniéndose la condena por vejaciones.
Durante las dos audiencias del juicio oral, la acusación estuvo a cargo de los fiscales Francisco Furnari y Germán Guidi.
También intervino como querellante institucional la Comisión Provincial por la Memoria, representada por la abogada Luz Santos Morón, en acompañamiento de la familia Glasinovich.
El fallo establece responsabilidades penales diferenciadas entre quien intervino en el allanamiento ilegal y los efectivos que ejercieron violencia contra los ocupantes del inmueble.
La resolución constituye un nuevo pronunciamiento judicial sobre los límites de la actuación policial y la prohibición de utilizar la fuerza fuera de los supuestos legalmente autorizados.
Sentencia Garrido Marcelo y otros (Buenos Aires) by Apropol Noticias
Fuente: Diario La Opinión de Pergamino, «Condenaron a cinco policías por el allanamiento ilegal y vejaciones en el predio de la ex empresa Tamequ», 20 de noviembre de 2026.



