
Santa Fe – El suboficial Dulio Omar Sánchez, de 34 años, fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, cinco años de inhabilitación absoluta y prohibición de portar armas, luego de comprobarse que participó en una agresión ilegítima contra un hombre durante un procedimiento policial realizado en agosto de 2021.

Los tres agentes intervinientes introdujeron declaraciones falsas en el acta que redactaron posteriormente en la Seccional Sexta. Una cámara de videovigilancia municipal permitió demostrar lo ocurrido y desmentir la versión policial.
Una intervención policial que terminó en condena
La Justicia santafesina condenó al suboficial del Comando Radioeléctrico Dulio Omar Sánchez, de 34 años, por su participación en un procedimiento durante el cual un hombre fue privado ilegítimamente de su libertad, amenazado y agredido físicamente por integrantes de la Policía de Santa Fe.
El hecho ocurrió minutos después de las cuatro de la madrugada del sábado 21 de agosto de 2021, en inmediaciones de bulevar Pellegrini al 3900, en la zona oeste de la capital provincial.
Según la investigación desarrollada por el fiscal Ezequiel Hernández, Sánchez actuó junto con otros dos funcionarios policiales, quienes interceptaron a un hombre, lo amenazaron apuntándole con sus armas reglamentarias y lo golpearon, provocándole heridas y cortes en distintas partes del cuerpo.
Posteriormente, la víctima fue trasladada a la Seccional Sexta, donde los intervinientes redactaron un acta de procedimiento que contenía declaraciones falsas sobre lo sucedido.
La sentencia fue dictada por el juez Pablo Busaniche después de un juicio oral desarrollado en los tribunales de Santa Fe.
La cámara municipal desmintió la versión policial
Uno de los elementos más importantes de la investigación fue el registro de la cámara de seguridad número 25 del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Santa Fe.
Las imágenes permitieron reconstruir el procedimiento y contrastarlo con las declaraciones asentadas por los policías en el acta oficial.
El fiscal Hernández destacó que el registro audiovisual resultó decisivo para demostrar las agresiones ilegítimas y las falsedades incorporadas posteriormente al documento.
La prueba permitió establecer una contradicción entre lo efectivamente ocurrido durante la intervención y aquello que los funcionarios hicieron constar por escrito.
Esta circunstancia adquiere especial gravedad porque el acta policial constituye un instrumento público destinado a documentar los procedimientos y comunicar a las autoridades judiciales los hechos que motivaron la intervención.
Su falsificación no solamente afecta a la persona directamente perjudicada, sino también a la administración de justicia, porque puede alterar la reconstrucción de los acontecimientos, dificultar la determinación de responsabilidades y comprometer la credibilidad de las actuaciones institucionales.
Dos años y seis meses de prisión y cinco de inhabilitación
El juez Pablo Busaniche condenó a Sánchez como coautor de los delitos de vejaciones y falsedad ideológica en instrumento público, agravada por haber sido cometida por un funcionario público mediante abuso de sus funciones.
La pena comprende dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, por lo que la sentencia no implica, por sí misma, su encarcelamiento efectivo.
Sin embargo, el magistrado también impuso cinco años de inhabilitación absoluta, prohibición de tener o portar cualquier tipo de armas y restricciones que impiden al condenado mantener contacto con la víctima o acercarse a menos de mil metros.
La inhabilitación constituye una consecuencia especialmente relevante desde la perspectiva de la carrera policial, porque afecta jurídicamente el ejercicio de funciones públicas y exige que la Administración examine la situación del condenado conforme al régimen estatutario y disciplinario aplicable.
No obstante, corresponde distinguir la condena penal de la resolución administrativa que eventualmente determine su situación de revista, ya que una baja o exoneración requiere atender las disposiciones correspondientes y el estado procesal de la sentencia.
La Fiscalía había solicitado una pena mayor que la finalmente impuesta. Hernández manifestó que aguardará los fundamentos del fallo para evaluar los pasos procesales a seguir.
Los otros dos policías ya habían sido condenados
La sentencia completa el juzgamiento de los tres funcionarios policiales que participaron del procedimiento.
Anteriormente habían sido condenados el oficial Mario Alberto Romero, de 47 años, y el suboficial Héctor Luis Tersaghi, de 46, quienes recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación absoluta.
Ambos fueron considerados coautores de los delitos de vejaciones y falsedad ideológica calificada.
De esta manera, los tres integrantes del procedimiento recibieron condenas penales por su intervención en los hechos ocurridos en agosto de 2021.
La falsificación del acta agrava el significado institucional del caso
Desde una perspectiva profesional, uno de los aspectos más preocupantes del caso consiste en que la agresión fue seguida por la elaboración de un documento público con información falsa.
Los procedimientos policiales requieren legalidad, proporcionalidad y respeto por los derechos de las personas, pero también documentación fiel y verificable.
La obligación de registrar correctamente una intervención no constituye una formalidad secundaria. Es una garantía para el ciudadano, para la Justicia y para los propios trabajadores policiales que actúan conforme a derecho.
Cuando un acta contiene información deliberadamente falsa, deja de cumplir su función de documentar los hechos y puede convertirse en un instrumento destinado a ocultarlos o distorsionarlos.
Además, compromete la confianza en la institución y perjudica indirectamente a quienes desarrollan su labor correctamente, porque genera dudas sobre la veracidad de las intervenciones y el valor de los registros oficiales.
En este caso, la existencia de una filmación independiente resultó determinante para establecer qué había ocurrido realmente.
La responsabilidad individual y el prestigio de la institución
El caso también permite recordar que la defensa de los derechos de los trabajadores policiales no supone justificar conductas ilegítimas ni desconocer los derechos de los ciudadanos.
La profesionalización policial exige que las intervenciones se desarrollen dentro de los límites establecidos por la Constitución, las leyes y los protocolos aplicables.
Cuando un funcionario utiliza sus atribuciones para agredir ilegítimamente a una persona y posteriormente falsea las actuaciones, no solamente incurre en una conducta jurídicamente reprochable, sino que compromete la función pública que tenía la obligación de cumplir.
La existencia de responsabilidades individuales tampoco autoriza a extenderlas indiscriminadamente al conjunto del personal policial, integrado por miles de trabajadores que desarrollan diariamente sus funciones bajo condiciones complejas y exigentes.
Precisamente por respeto a esos trabajadores, las instituciones necesitan mecanismos eficaces para investigar, esclarecer y sancionar las conductas ilegales.
La autoridad policial no se fortalece encubriendo irregularidades, sino garantizando que cada procedimiento sea legítimo, profesional y documentado conforme a la verdad.
La sentencia constituye un antecedente sobre las consecuencias penales que pueden derivarse tanto del ejercicio ilegítimo de la fuerza como de la falsificación de las actuaciones destinadas a justificarlo.
Porque la legalidad no es una exigencia externa a la función policial: constituye su fundamento y su principal garantía de legitimidad.




¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora