Una protesta interna que derivó en un procedimiento de requisa
Los acontecimientos comenzaron cuando un grupo de detenidos protestó por modificaciones en los horarios de visita y algunos internos prendieron fuego colchones, bloquearon sectores del pabellón y protagonizaron incidentes que motivaron la convocatoria de personal especializado para restablecer el orden.
Según la reconstrucción de la acusación, durante el procedimiento los agentes utilizaron escopetas con munición antitumulto y agentes químicos, pero las actuaciones cuestionadas no se habrían limitado a controlar la situación inicial, sino que habrían continuado mediante agresiones contra detenidos que ya se encontraban reducidos y sin posibilidades de resistencia.
La investigación describe episodios en los que internos fueron obligados a permanecer amontonados, recibieron golpes y disparos a corta distancia, mientras otros nueve detenidos que se habían refugiado en una celda habrían sido expuestos al gas pimienta introducido a través de la mirilla y de una ventana.
El Cuerpo Médico Forense constató lesiones en quince internos, incluyendo fracturas y distintos traumatismos, elementos que forman parte de la prueba reunida durante la investigación.
Cuatro días de aislamiento bajo investigación judicial
La causa también examina lo ocurrido después del procedimiento, cuando las autoridades implementaron entre el 10 y el 13 de junio un régimen denominado sectorización, presentado institucionalmente como una medida preventiva de seguridad.
Según la fiscalía y la querella, esa disposición terminó funcionando como una sanción colectiva que mantuvo a los detenidos encerrados durante períodos prolongados, con dificultades para acceder a alimentos, agua y condiciones sanitarias adecuadas.
La acusación sostiene que las raciones eran depositadas en el piso del pabellón, fuera del alcance de los internos, y que existieron deficiencias en la iluminación, limpieza y funcionamiento de los sanitarios.
La situación fue constatada posteriormente por una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, cuya intervención integra los antecedentes del expediente.
Las responsabilidades alcanzan a distintos niveles institucionales
Una característica relevante de esta investigación es que no se limita a los agentes que participaron directamente en la requisa, sino que también examina decisiones y omisiones atribuidas a las autoridades jerárquicas y al personal médico.
Los integrantes de los grupos operativos afrontarán acusaciones relacionadas con las presuntas torturas, mientras que funcionarios del Comité de Seguridad y autoridades de la unidad deberán responder por su intervención en las condiciones de aislamiento posteriores.
También está acusado Pedro Avelino Insaurralde, quien ejercía la máxima autoridad del complejo durante la jornada, por una presunta omisión de impedir torturas.
Por su parte, los médicos Martín Perisset y Fernando Guillermo Troisi enfrentarán imputaciones por falsedad ideológica y omisión de denunciar, debido a los cuestionamientos sobre los exámenes y registros elaborados después del procedimiento.
La resolución también dispuso el sobreseimiento de dos integrantes del Grupo Operativo Anti Siniestros, al considerar que su participación estuvo limitada a extinguir el incendio y ventilar los ambientes, sin elementos suficientes para atribuirles intervención en las agresiones investigadas.
Un juicio que deberá establecer responsabilidades individuales
Las defensas sostuvieron que la intervención resultó necesaria ante la violencia desatada dentro del pabellón y cuestionaron diferentes elementos de la reconstrucción acusatoria, incluyendo la interpretación del régimen de aislamiento y la valoración de determinadas pruebas.
El magistrado consideró que esos argumentos ya habían sido examinados sustancialmente por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que confirmó la mayor parte de los procesamientos el 18 de julio de 2025, y que correspondía avanzar hacia el debate oral.
Desde una perspectiva institucional, el caso plantea una cuestión fundamental: el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios y sus trabajadores deben contar con facultades y recursos adecuados para restablecer el orden ante situaciones violentas, pero esas atribuciones no autorizan castigos corporales, torturas ni condiciones degradantes de detención.
Al mismo tiempo, el proceso exige distinguir cuidadosamente las responsabilidades de quienes ejecutaron el procedimiento, quienes impartieron instrucciones, quienes adoptaron decisiones posteriores y quienes tenían obligaciones específicas de supervisión o asistencia.
La elevación a juicio no constituye una condena, por lo que será durante el debate oral, con producción y contradicción de las pruebas, cuando deberá determinarse la responsabilidad penal de cada acusado.
El caso también recuerda que una institución profesional necesita procedimientos claros, controles efectivos y una cadena de responsabilidades que no se detenga exclusivamente en los trabajadores encargados de ejecutar las intervenciones.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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