Fuentes internas señalan que los aptos para concursos en la Unidad Regional I los estarían realizando personal que no debería hacerlo.
Por Mercedes «Mecha» Iñiguez (*)
Señalan a la oficial psicóloga Florencia Fernández, la crio. supervisor Natalia Rodríguez —quien además se presentaría como delegada en ascensos— y el subdirector Javier Molina, integrante del Comité de Ética del Colegio de Psicólogos. Alegan que “por reglamento no pueden evaluar al personal” de su propia dependencia y reclaman recusación, transparencia y evaluadores externos.
La División de Medicina Legal debería ser un ámbito de imparcialidad y profesionalidad, pero hoy es un espacio donde se violenta la normativa institucional y se permiten prácticas que comprometen la ética profesional.
La Circular DGMLP N° 077/16 establece con claridad que ningún profesional subordinado (médico, psicólogo, odontólogo u otro subescalafón) puede realizar evaluaciones privadas ni representar a organismos externos cuando se trate de merituar a personal policial, salvo casos de atención primaria o urgencias. Sin embargo, estas normas se incumplen sistemáticamente, y algunos profesionales realizan evaluaciones y cobran por ellas, afectando la carrera y los derechos del personal policial.
Lo más grave es que uno de estos médicos forma parte del Comité de Ética del Colegio de Psicología, lo que agrava la contradicción entre su rol institucional y las prácticas que se permiten en Medicina Legal. Esta situación evidencia un conflicto de intereses directo y la tolerancia de la jefatura frente a conductas que deberían ser sancionadas.
Se están llevando a cabo evaluaciones médicas y psicológicas particulares, certificados y estudios que luego se usan en juntas médicas o asignaciones de tareas y más grave aún, permitir participar del ascenso, comprometiendo la credibilidad de toda la institución. La jefatura no solo permite estas prácticas, sino que las encubre, convirtiendo la normativa en letra muerta.
Exigimos cumplimiento estricto de la Circular DGMLP N° 077/16, transparencia en todas las evaluaciones y que la jefatura deje de proteger a quienes lucran o actúan en conflicto de intereses. La ética y la profesionalidad deben volver a ser la norma, no la excepción.
(*) «Mecha» es personal policial de Santa Fe en actividad
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