Un video del procedimiento muestra al presidente de Bomberos Voluntarios El Libertador denunciando que él y el vicepresidente eran llevados presos mientras reclamaban frente a la Municipalidad de San Martín.
Minutos después, el fiscal Oscar Sívori explicó que había pedido a la Policía que los trasladara para mantener una conversación privada. También reconoció que no había denuncia por alteración del orden público y que no se formularon cargos. La secuencia deja una pregunta difícil de evitar: si sólo se pretendía dialogar, ¿por qué fue necesario utilizar un móvil policial y una comisaría?
El conflicto protagonizado por Bomberos Voluntarios El Libertador, de General San Martín, Mendoza, adquirió una dimensión distinta después de conocerse un video que registra tanto el momento en que dos de sus principales dirigentes fueron trasladados por la Policía como las explicaciones posteriores del fiscal que intervino.
Las imágenes muestran al presidente de la institución, Mariano Sarmiento, mientras es conducido hacia un móvil policial junto con el vicepresidente de Bomberos.
“Que lo sepa la comunidad, que me están llevando preso por reclamar, por un reclamo justo de los bomberos”, afirma Sarmiento mientras se desarrolla el procedimiento.
La escena continúa mientras quien registra el video señala que están siendo trasladados el presidente y el vicepresidente de Bomberos Voluntarios El Libertador y muestra el móvil policial que participa del operativo.
Hasta allí podría pensarse que existía una orden de detención, alguna imputación o una conducta delictiva que había motivado la intervención.
Sin embargo, las declaraciones posteriores del fiscal Oscar Sívori abren un interrogante diferente.
El fiscal admite que pidió el traslado
Consultado después del episodio, Sívori explicó que todo se había originado en un reclamo realizado por los bomberos frente a la Municipalidad y que, debido a las discusiones producidas durante la protesta, decidió intervenir personalmente.
Su explicación resulta particularmente significativa.
El fiscal afirmó que, “a los efectos de tener una charla en privado con los directivos”, pidió a la Policía que los trasladara hasta la dependencia policial para mantener allí una reunión.
También señaló que durante esa conversación estuvieron presentes dos abogados y que se analizaron distintas alternativas para resolver el conflicto.
Según su versión, la situación se descomprimió rápidamente y los dirigentes se comprometieron a continuar sus reclamos mediante los canales institucionales correspondientes.
La descripción confirma algo importante: el traslado no fue una iniciativa espontánea de los policías que estaban en el lugar, sino una medida solicitada por el fiscal para poder mantener una conversación con los dirigentes.
No había denuncia por alteración del orden público
Durante la misma entrevista, Sívori fue consultado específicamente sobre si existía alguna denuncia por alteración del orden público.
Su respuesta fue negativa.
Explicó que los bomberos habían llegado con las sirenas encendidas mientras se encontraba sesionando el Concejo Deliberante y que, debido al ruido, la sesión debió interrumpirse durante algunos minutos.
A partir de esa situación se dio intervención a las fuerzas de seguridad.
El fiscal agregó que no existía voluntad de formular cargos y señaló que su intervención había tenido también una finalidad que calificó como de “educación ciudadana”, destinada a explicar que debían respetarse las sesiones de los cuerpos legislativos y cuáles podrían ser las consecuencias legales si la situación se agravaba.
Posteriormente confirmó que no había cargos contra los bomberos.
Entonces, ¿Qué clase de traslado fue?
Aquí aparece el núcleo del problema.
El presidente de Bomberos sostiene frente a cámara que está siendo llevado preso.
El fiscal, en cambio, afirma que pidió a la Policía que lo trasladara para mantener una conversación privada.
No se trata de una diferencia menor.
Si los dirigentes estaban simplemente invitados a conversar, deberían haber podido decidir libremente si querían concurrir o no.
Si no podían negarse al traslado, entonces existía algún grado de coerción estatal que necesita ser jurídicamente explicado.
La cuestión no se resuelve modificando las palabras utilizadas después del procedimiento.
Detención, aprehensión, demora, traslado e invitación describen situaciones diferentes y generan consecuencias jurídicas distintas.
Por eso sería importante saber si Sarmiento y su compañero podían negarse a subir al móvil policial, si fueron informados de que podían hacerlo, qué instrucciones recibió el personal actuante y bajo qué figura se documentó el procedimiento.
Una conversación dentro de una comisaría no es una conversación cualquiera
La explicación del fiscal introduce además otra cuestión.
Un representante del Ministerio Público puede intervenir para evitar que un conflicto escale, dialogar con las partes, advertir sobre las consecuencias jurídicas de determinadas conductas y promover una solución institucional.
El interrogante aparece cuando para realizar esa tarea se utiliza a la Policía para trasladar personas hasta una dependencia.
Porque una conversación entre ciudadanos y un fiscal puede desarrollarse en múltiples lugares, incluso en el propio escenario del conflicto.
Cuando el diálogo comienza después de que dos personas fueron introducidas en un móvil policial y llevadas a una comisaría, la relación entre quienes participan deja de ser completamente simétrica.
Ese contexto importa.
Especialmente cuando después se les explican las posibles consecuencias legales que podrían derivarse de continuar con determinadas formas de protesta.
“Educación ciudadana” mediante un traslado policial
Otro fragmento de la explicación de Sívori merece atención.
El fiscal sostuvo que el episodio podía servir como una práctica de “educación ciudadana” respecto de la necesidad de respetar las sesiones del Concejo Deliberante.
La expresión puede comprenderse como una intención preventiva y pedagógica.
Pero también abre una cuestión institucional importante.
La Policía y una dependencia policial no deberían convertirse en herramientas ordinarias para enseñar a ciudadanos cómo deben ejercer sus reclamos.
Si una conducta constituye una infracción, existe un procedimiento.
Si constituye una contravención, existe otro.
Si constituye un delito, corresponde aplicar las garantías propias del proceso penal.
Si no existe ninguna de esas situaciones, resulta necesario explicar por qué una instancia de diálogo ciudadano requirió previamente un traslado policial.
Los propios bomberos admiten que estuvieron demorados
Luego de recuperar la libertad de movimientos, los dirigentes reconocieron que permanecieron demorados durante algunos minutos y destacaron la intervención del fiscal para evitar que el episodio tuviera consecuencias mayores.
También admitieron que pudieron haberse producido excesos durante la protesta y ratificaron su disposición al diálogo.
Sarmiento señaló que su reclamo continúa siendo legítimo y explicó que la institución necesita mayores recursos para afrontar las intervenciones previstas en un contexto provincial de emergencia climática.
Los bomberos reclaman desde hace años un incremento de la alícuota destinada al servicio y sostienen que los recursos disponibles resultan insuficientes para mantener adecuadamente la actividad.
Además, confirmaron que fueron convocados para continuar la discusión con el Concejo Deliberante.
Es decir, el conflicto terminó regresando al terreno institucional.
La Policía quedó nuevamente expuesta
Existe también una dimensión que no debería pasar inadvertida.
Los efectivos policiales que aparecen en el video no son quienes originaron el conflicto político ni quienes definieron la estrategia para resolverlo.
El propio fiscal reconoce que solicitó el traslado.
Sin embargo, ante la comunidad, son policías quienes aparecen introduciendo a los dirigentes de Bomberos en un móvil mientras uno de ellos denuncia que está siendo llevado preso por reclamar.
Ese mecanismo merece atención porque puede trasladar hacia la fuerza policial el costo público de decisiones tomadas por otras autoridades.
Si existía una orden fiscal, debe quedar claramente registrada.
Si no había orden coercitiva y se trataba de una invitación, también debería quedar establecido que los ciudadanos podían rechazarla.
La ambigüedad termina perjudicando a todos.
Al ciudadano, porque no sabe bajo qué condición está siendo trasladado.
Al policía, porque ejecuta una medida cuya naturaleza puede ser discutida posteriormente.
Y al propio sistema judicial, porque la explicación posterior puede parecer incompatible con lo que muestran las imágenes.
El video deja una pregunta abierta
El episodio terminó sin imputaciones, sin cargos y con una nueva instancia de diálogo prevista entre Bomberos y autoridades municipales.
Pero el video incorpora un elemento que vuelve difícil considerar el asunto completamente cerrado.
El fiscal reconoce que pidió que la Policía trasladara a dos dirigentes que estaban realizando una protesta para mantener con ellos una conversación en una comisaría.
También reconoce que no existía una denuncia por alteración del orden público y que finalmente no se formularon cargos.
Frente a esos datos, la cuestión ya no consiste en determinar si los bomberos tenían razón en cada una de las modalidades utilizadas durante su protesta.
La cuestión es otra.
¿Puede utilizarse un traslado policial como mecanismo para llevar a dos dirigentes a una comisaría con el objetivo de explicarles cómo deben continuar un reclamo y cuáles podrían ser las consecuencias si persisten de determinada manera?
Si el traslado fue voluntario, corresponde demostrarlo con claridad.
Si no lo fue, corresponde explicar cuál fue su fundamento jurídico.
Porque la diferencia entre dialogar con alguien y hacer que la Policía lo lleve a dialogar no es solamente semántica.
Es una diferencia de poder.
Y precisamente por eso necesita límites claros.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires
Fuente principal: Mega Noticias Mendoza
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