Una investigación de EL OTRO, luego amplificada por Argenzuela en C5N, reveló fotografías de contenido sexual que habrían sido tomadas en el despacho que Marcelo D’Agostino ocupó durante años en la Casa de Gobierno de Mendoza.
El caso abre una discusión que excede largamente el aspecto sexual: la utilización de espacios públicos, la ética en el ejercicio de la función y la diferencia de intensidad con la que el poder parece exhibir y disciplinar a sus policías cuando las irregularidades ocurren en los escalones inferiores del Estado.
El Gobierno de Alfredo Cornejo ha hecho de la disciplina policial uno de los componentes visibles de su política de seguridad. No se trata de una interpretación externa: el propio gobernador destacó públicamente haber aplicado sanciones a más de mil policías y señaló que comisarios fueron cesanteados durante su gestión, mientras en otra intervención reivindicó haber “sancionado, expulsado, cesanteado y hasta exonerado” efectivos como parte de una estrategia destinada, según explicó, a recuperar el prestigio institucional de la Policía de Mendoza.
La normativa policial mendocina, además, establece un régimen disciplinario particularmente severo, en el que la cesantía y la exoneración implican la pérdida del estado policial y la separación definitiva de la fuerza, mientras que la propia legislación considera agravante que una conducta perjudique el servicio público de seguridad o afecte el prestigio de la institución.
Nada habría que objetar a que un Estado investigue y sancione a sus policías cuando incumplen sus obligaciones, siempre que lo haga con debido proceso, proporcionalidad y respeto por las garantías. El problema comienza cuando esa política de disciplina se convierte, además, en una herramienta de exposición pública con la que el Gobierno exhibe capacidad de mando y rigor hacia abajo, pero el estándar de escrutinio parece adquirir otros tiempos, otras cautelas y otra intensidad cuando las preguntas alcanzan a quienes ocuparon durante años los despachos más altos del poder.
De la disciplina policial al despacho del subsecretario
Ese contraste adquiere ahora especial relevancia a partir de la investigación publicada por Negro Nasif en EL OTRO sobre Marcelo D’Agostino, quien durante años ocupó la Subsecretaría de Justicia dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza. No se trataba de un funcionario periférico: el propio Gobierno provincial lo había presentado como integrante de la plana mayor del Ministerio y responsable de una de sus áreas centrales.
D’Agostino dejó formalmente el cargo el 10 de abril de 2026, cuando el gobernador aceptó su renuncia mediante el Decreto 684. Desde entonces debe ser mencionado como exsubsecretario de Justicia, y no como funcionario actual.
La investigación de EL OTRO sostiene haber accedido a fotografías de contenido sexual explícito tomadas en el despacho que D’Agostino ocupaba dentro de la Casa de Gobierno y señala, además, que el exfuncionario se encuentra imputado por amenazas coactivas en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de guerra, mientras su expareja formuló otras denuncias graves que continúan bajo investigación.
El medio explicó que identificó el despacho mediante la comparación de distintos elementos físicos visibles en fotografías laborales e imágenes sexuales: mobiliario, ventanales, cortinas, puertas, cuadros, pizarra, parquet y otros componentes que permitieron reconstruir espacialmente el ambiente. Según esa investigación, las coincidencias no dependerían de un objeto aislado, sino de una configuración completa del lugar.
El escándalo no está en la sexualidad
La existencia de fotografías sexuales no debería constituir por sí misma materia de interés público. La vida íntima de las personas, incluida la de los funcionarios, pertenece en principio a su esfera privada mientras no afecte derechos de terceros ni comprometa obligaciones propias del cargo.
Pero esa frontera cambia cuando la conducta privada ingresa en un espacio estatal y aparecen interrogantes sobre el eventual uso de instalaciones, tiempo, dispositivos o relaciones institucionales. Un despacho público no pertenece a quien circunstancialmente lo ocupa: es una dependencia financiada por los ciudadanos para cumplir una finalidad determinada, y esa diferencia transforma por completo la naturaleza del debate.
Por eso, el cuestionamiento ético no consiste en preguntar qué hacían adultos en su intimidad, sino por qué un despacho destinado a administrar asuntos de Justicia aparece señalado como escenario de actividades ajenas a la función y qué recursos públicos pudieron estar involucrados en ellas.
La cuestión adquiere todavía mayor importancia porque no hablamos de un área menor de la administración. D’Agostino permaneció durante aproximadamente una década vinculado al área de Justicia, integró el Consejo de la Magistratura y ocupó posiciones que lo relacionaban directamente con jueces, fiscales y otros actores del sistema institucional.
C5N llevó el caso a escala nacional
La investigación dejó de ser exclusivamente mendocina cuando el programa Argenzuela, de C5N, retomó públicamente el trabajo de EL OTRO y reconoció expresamente al periodista Negro Nasif como origen de la información.
Durante la emisión, Mauro Federico sostuvo que el material se encontraba relacionado con una investigación judicial y afirmó que existían fotografías y videos de mujeres desnudas dentro del despacho, además de señalar que parte de ese material habría sido reenviado desde plataformas utilizadas por D’Agostino. El programa decidió no mostrar las imágenes originales para evitar identificar o revictimizar a las mujeres involucradas. Texto pegado
Ese criterio resulta particularmente importante porque las mujeres no deberían convertirse en el objeto del espectáculo. El interés público se encuentra en las conductas de quienes ejercían poder, en el posible uso de recursos oficiales y en la eventual circulación de material privado dentro de determinados círculos, no en exponer a quienes aparecen fotografiadas.
El denominado grupo “Machos Alfa” y una pregunta todavía abierta
Tanto la investigación de EL OTRO como la cobertura de C5N introdujeron además referencias a un grupo de varones denominado “Machos Alfa”. El medio mendocino recoge testimonios según los cuales D’Agostino mostraba fotografías de mujeres dentro de ese círculo y señala que algunas reuniones habrían tenido lugar en la residencia oficial del gobernador.
C5N avanzó todavía más y afirmó durante su programa que Alfredo Cornejo integraba ese grupo y que allí llegaban las fotografías. Esa afirmación debe ser atribuida expresamente al medio porque, con la información disponible, no constituye una conclusión judicialmente acreditada.
También sería incorrecto extender responsabilidades por simple proximidad política o por aparecer en fotografías junto a D’Agostino. Una cosa es integrar un mismo espacio político o institucional y otra, muy distinta, conocer, recibir o participar en la circulación de contenido íntimo. Cada responsabilidad requiere evidencia propia.
Sin embargo, la existencia misma de esas referencias obliga a formular preguntas institucionales que no pueden ser descartadas como simples cuestiones privadas: quiénes integraban efectivamente esos ámbitos, qué tipo de material circulaba allí, qué conocimiento tenían sus participantes y si existió alguna relación entre esos vínculos personales y las decisiones propias de la administración pública.
Una vara severa para quienes están abajo
La comparación con el personal policial adquiere aquí una dimensión particularmente incómoda.
El Gobierno mendocino no ha escondido su política disciplinaria sobre la fuerza. Cornejo ha presentado públicamente las sanciones, cesantías y exoneraciones como parte de una estrategia destinada a recuperar prestigio, exigir profesionalismo y mostrar que el Estado es capaz de corregir internamente sus propias desviaciones.
Los policías, además, se encuentran sometidos a un sistema en el que una inconducta puede derivar rápidamente en actuaciones administrativas, suspensiones, disponibilidad, cesantía o pérdida definitiva del estado policial. Esa exigencia puede ser necesaria en una fuerza armada y jerarquizada, pero precisamente por eso plantea una obligación equivalente hacia quienes ocupan puestos políticos superiores.
Si el prestigio del Estado justifica una respuesta rigurosa frente al comportamiento de un agente, con mayor razón debería justificarla cuando las preguntas alcanzan a un funcionario que durante años intervino directamente en asuntos de Justicia.
La cuestión no consiste en exigir una condena anticipada contra D’Agostino ni en desconocer su derecho a defensa. Consiste en preguntar si el Gobierno aplica hacia arriba el mismo principio de responsabilidad que exhibe públicamente cuando disciplina hacia abajo.
Cuando la exposición pública también forma parte del castigo
Existe además una dimensión simbólica que no debe ignorarse. Cada vez que un gobierno comunica públicamente que un policía fue separado, cesanteado o exonerado, la sanción administrativa queda acompañada por una forma adicional de exposición social. El efectivo deja de ser solamente objeto de un procedimiento interno para convertirse también en ejemplo público de aquello que el Estado dice no tolerar.
Esa utilización política de las sanciones puede producir una imagen de firmeza y control, pero obliga a mantener coherencia cuando el involucrado pertenece al núcleo político.
No todos los casos disciplinarios policiales son comparables con el de D’Agostino, ni sería correcto afirmar que todos los efectivos separados fueron castigados por hechos menores. Sin embargo, sí es legítimo señalar que el Gobierno ha hecho de la visibilidad de la sanción policial una parte de su discurso institucional.
Por eso resulta inevitable preguntarse qué nivel de visibilidad, investigación y rendición de cuentas se desplegará cuando el episodio no involucra a un agente de calle sino a quien durante años ocupó un despacho oficial a pocos metros del gobernador.
El reproche ético está en el uso del poder y de los recursos
Los Estados enfrentan problemas de seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura y administración que demandan recursos que nunca son infinitos. Por eso, cada oficina, cada teléfono, cada vehículo, cada hora de personal y cada facultad otorgada a un funcionario existen para satisfacer necesidades colectivas y no para transformarse en extensiones de su esfera particular.
En ese contexto, si se comprobara que un despacho oficial fue utilizado de manera habitual para actividades completamente ajenas a su finalidad, el reproche no tendría carácter sexual sino ético y funcional. La pregunta sería cuánto tiempo, energía y recursos destinados a resolver problemas públicos terminaron absorbidos por asuntos privados de quienes habían recibido poder precisamente para ocuparse de aquellos problemas.
Esa misma exigencia que se impone a un policía cuando utiliza incorrectamente un móvil, un arma, una oficina o una hora de servicio debería resultar todavía más rigurosa frente a quienes administran estructuras completas del Estado.
Cuanto mayor es el poder, mayor debería ser la obligación de rendir cuentas.
La misma ética para el policía y para el funcionario
El caso D’Agostino plantea entonces una cuestión que excede ampliamente las fotografías y que tampoco puede reducirse a una discusión sobre la moral privada.
Lo que está en juego es la coherencia del Estado frente a sus propios funcionarios.
Si un policía puede perder su carrera por conductas incompatibles con sus obligaciones, el ciudadano tiene derecho a exigir que quienes ocuparon los máximos niveles de decisión sean sometidos a controles igualmente serios cuando existen indicios de utilización privada de ámbitos estatales o cuestionamientos relacionados con la ética pública.
Eso no significa aplicar automáticamente la misma sanción ni desconocer que cada régimen jurídico es diferente. Significa algo más elemental: aplicar el mismo principio de responsabilidad y la misma voluntad institucional de esclarecer los hechos.
El Gobierno de Mendoza ha sostenido que el prestigio de la Policía requiere sancionar a quienes incumplen sus deberes. Esa idea debería poder extenderse sin dificultad al resto del Estado.
Porque la ética pública no puede ser jerárquica, y menos todavía puede funcionar con una vara severa para quien viste uniforme y otra mucho más tolerante para quien tuvo despacho, influencia política y acceso directo a los centros donde se toman las decisiones.
Fuentes EL OTRO y C5N
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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