“Ya van 15 suicidios”: crece la crisis en la Policía de Mendoza y recuerdan un fallo que condenó al Estado. FAMILIARES DE POLICÍAS CONVOCA A MOVILIZACIÓN MAÑANA.
Por Marcos Anglada
Una nueva tragedia conmueve a la Policía de Mendoza. La auxiliar Evelin Funes, de 35 años, se quitó la vida este martes en su domicilio de San Martín, ubicado sobre avenida Mitre 172, jurisdicción de la Comisaría 12ª. La joven prestaba servicios en la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) de Godoy Cruz, una división operativa de acción rápida en vía pública.
Según datos relevados por medios locales, se trata del sexto suicidio policial registrado en los últimos 12 meses. Sin embargo, asociaciones de familiares advierten que, si se cuentan también otros casos de policías y penitenciarios, ya serían 15 las muertes por suicidio durante la gestión de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
Alarmas dentro de la fuerza y marcha a Casa de Gobierno
La seguidilla de casos generó malestar y preocupación creciente dentro de la fuerza provincial. La Asociación de Esposas y Familiares de Policías de Mendoza, presidida por Noemí Gamarra y con vocería pública de Liliana Cortez, convocó a una movilización este miércoles a las 10 en la explanada de Casa de Gobierno.
El objetivo de la marcha es claro:
“Vamos a pedir la destitución de la ministra Mercedes Rus. En su gestión, con el suicidio de hoy, ya van 15 oficiales que se han quitado la vida entre policías y penitenciarios”,
advirtió Cortez.
Las críticas apuntan también al director general de la Policía, Marcelo Calipo, y al esquema de salud institucional que, según denuncian las familias, no brinda contención psicológica real.
“No hay respaldo psicológico, solo castigo”
Desde la Asociación de Esposas de Policías el diagnóstico es duro.
Cortez sostuvo que:
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“El Ministerio de Seguridad no tiene respaldo psicológico real para el personal policial”.
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Las áreas que existen, como Asistencia Policial y Sanidad Policial, “lo único que hacen es castigar al personal”.
Además, cuestionó la prioridad presupuestaria del Gobierno provincial:
“Las pruebas están a la vista: la ministra de Seguridad no está en condiciones de seguir al frente de la cartera. En todos sus videos muestra que hay plata para compras de tecnología, pero no hay plata para cuidar al personal policial, quienes dan seguridad a los mendocinos”.
Las entidades sostienen que han intervenido incluso en intentos de suicidio de otros efectivos, sin que eso haya derivado en un cambio de política pública ni en un plan integral de salud mental.
La historia personal detrás de la tragedia
En el caso de Evelin Funes, allegados señalaron que la auxiliar había pedido hace tiempo un traslado a una dependencia del Este provincial, con la intención de estar más cerca de su hija y pasar más tiempo con ella. Ese pedido, según fuentes consultadas, no había recibido respuesta hasta el día del hecho.
La noticia impactó también en Jáchal, San Juan, de donde era oriunda la agente. Medios sanjuaninos hablaron de “conmoción” en la comunidad jachallera por la muerte de Funes, quien llevaba un tiempo prestando servicios en Mendoza.
Una seguidilla que ya no puede considerarse aislada
De acuerdo a un relevamiento de MDZ, estos son los casos de suicidio policial registrados en Mendoza entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025:
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10 de diciembre de 2024: auxiliar Lucio Martínez (Comisaría 18ª).
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27 de junio: oficial ayudante David Olivares (Comisaría 45ª).
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13 de julio: Evelyn Moreno (UEP San Martín).
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10 de septiembre: subayudante Carla Melina González (Cuerpo Motorizado de Prevención).
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24 de septiembre: auxiliar Darío Omar Rivera Becerra (Cámaras Godoy Cruz).
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18 de noviembre: auxiliar Evelin Funes (UCAR Godoy Cruz).
Mientras que el recuento periodístico habla de seis casos en los últimos 12 meses, las asociaciones familiares insisten en que, considerando también al personal penitenciario, son 15 las muertes bajo la actual gestión.
El antecedente Pedemonte: cuando la Justicia dijo que el Estado era responsable
La problemática del suicidio policial en Mendoza ya tuvo un capítulo clave en tribunales.
En 2016, la Justicia provincial condenó al Estado por el suicidio del policía Gustavo Pedemonte, al considerar que hubo negligencia en el manejo de su situación de salud mental.
Pedemonte atravesaba una fuerte depresión tras el suicidio de su novia con un arma reglamentaria. Estaba bajo tratamiento psiquiátrico y había sido licenciado. Una psiquiatra de Sanidad Policial recomendó no adelantar el alta y dejar correr los días restantes de la licencia antes de evaluar su reincorporación.
Sin embargo, se registró un error en las fechas de un expediente:
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El pedido que debía figurar en octubre apareció consignado en septiembre.
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En consecuencia, a Pedemonte se le dio el alta el 4 de octubre.
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El 5 se le devolvió el arma reglamentaria.
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El 6 de octubre de 2011 se suicidó en su domicilio.
La conjueza civil María Paula Calafell destacó que los certificados médicos describían un cuadro de trastorno depresivo ansioso y estrés postraumático, y, pese a ello, se había autorizado su regreso al servicio armado.
En el fallo, la magistrada remarcó:
“Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecución irregular”.
La provincia fue condenada a indemnizar a los padres del policía por no haberlo cuidado adecuadamente y por haberle entregado el arma con la que se quitó la vida.
Una deuda pendiente: política de cuidado para quienes cuidan
Frente a la repetición de casos y a la movilización de familiares, la situación abre una discusión que excede a Mendoza: ¿qué responsabilidad concreta asume el Estado cuando un policía se quiebra y termina suicidándose?
El antecedente Pedemonte demuestra que la Justicia ya reconoció, hace casi una década, que no alcanza con considerar estos hechos como “decisiones personales”. Cuando hay tratamientos en curso, advertencias profesionales, pedidos de ayuda y errores administrativos, la cadena de responsabilidades llega al Estado y a la conducción política.
Mientras tanto, en Mendoza, las familias de los policías volverán a la calle para reclamar lo elemental: que a quienes garantizan la seguridad de la población se les garantice, al menos, el derecho a ser cuidados.
FA24
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