Claudia Peral y Francisco “Pancho” Cordón presentaron ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados un pedido de intervención urgente por errores en aumentos, movilidad previsional, atrasos administrativos y liquidaciones incorrectas que, según denuncian, se arrastran desde octubre de 2025.
El planteo incluye reclamos ante ANSES y la Oficina Técnica Previsional, pedidos de reliquidación, retroactivos, auditorías permanentes y la creación de una mesa de negociación con representación del sector.
Retirados, jubilados y pensionados de la Policía de Mendoza y del Servicio Penitenciario provincial formalizaron un reclamo ante la Legislatura para que se investiguen las reiteradas irregularidades que, según denuncian, vienen afectando sus haberes previsionales desde octubre de 2025.
La presentación fue realizada ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza y lleva las firmas de Claudia Peral, agente retirada, y Francisco “Pancho” Cordón, subcomisario retirado y concejal de Defensa Ciudadana.
El escrito solicita una intervención institucional urgente frente a lo que describe como errores reiterados en la aplicación de aumentos salariales, diferencias en la movilidad previsional, modificaciones de conceptos remunerativos, atrasos administrativos y liquidaciones incorrectas que impactaron directamente sobre los ingresos del sector. Los firmantes sostienen que estos problemas generaron perjuicios económicos de carácter alimentario y que no se trata de episodios aislados, sino de dificultades que se vienen repitiendo desde hace años.
Un reclamo que afecta a miles de familias
El documento remarca que buena parte de los afectados son adultos mayores, viudas y pensionados que dependen de manera exclusiva de esos haberes para afrontar medicamentos, tratamientos médicos, alquileres, servicios esenciales y alimentación.
También denuncia la inexistencia de mecanismos ágiles de información y respuesta institucional que permitan conocer con claridad por qué se producen las diferencias en cada liquidación, lo que obliga a los beneficiarios a iniciar reclamos individuales que, en muchos casos, permanecen sin resolución durante largos períodos.
Según el propio escrito, el universo involucrado supera los 10.000 pasivos policiales y penitenciarios en Mendoza, lo que ubica el problema muy por encima de una discusión administrativa menor y lo convierte en una cuestión previsional de alcance general.
Piden explicaciones a la OTP y ANSES
Entre las medidas solicitadas, los retirados reclaman que la Comisión de Derechos y Garantías requiera informes a la Oficina Técnica Previsional, ANSES y demás organismos competentes para determinar qué ocurrió con las liquidaciones cuestionadas.
El escrito menciona expresamente pedidos de información pública identificados con los trámites 7100860 y 7139447, y solicita conocer cuántos reclamos administrativos fueron presentados durante el período, cuáles fueron las causas técnicas y administrativas de los errores y si todos los incrementos salariales otorgados al personal policial y penitenciario activo fueron trasladados correctamente al sector pasivo.
La presentación no se limita a pedir explicaciones. También reclama la reliquidación inmediata de los haberes incorrectamente abonados, el pago de las diferencias retroactivas que correspondan y la creación de mecanismos permanentes de auditoría y control para evitar que las irregularidades vuelvan a repetirse.
Una mesa de negociación para retirados y pensionados
Uno de los puntos más relevantes del documento es la propuesta de conformar una mesa de negociación y acuerdos salariales con participación de organismos estatales, ANSES, la Oficina Técnica Previsional, la Comisión de Derechos y Garantías, representantes de retirados y pensionados policiales y penitenciarios, asociaciones, mutuales y grupos autoconvocados vinculados con la familia policial y penitenciaria mendocina.
La iniciativa apunta a crear un espacio institucional estable que permita discutir movilidad previsional, errores de liquidación, retroactivos y otros problemas que hoy terminan siendo canalizados de manera fragmentaria mediante reclamos individuales.
Ese punto adquiere todavía mayor importancia si se tiene en cuenta otra afirmación incluida en la presentación: los firmantes sostienen que al personal policial y penitenciario, tanto activo como pasivo, nunca se le reconocieron plenamente derechos sindicales o gremiales, lo que dejó al sector sin herramientas permanentes de representación colectiva frente a problemas salariales y previsionales.
Haberes de naturaleza alimentaria
El documento insiste en que los haberes previsionales poseen naturaleza alimentaria y que su correcta liquidación constituye una obligación del Estado.
Ese concepto no es menor. Para un retirado o una pensionada, un error administrativo no se traduce solamente en una diferencia contable, sino en menos dinero disponible para medicamentos, alimentos, tratamientos o servicios básicos.
Por eso los reclamantes sostienen que las irregularidades denunciadas requieren una respuesta urgente y no pueden quedar atrapadas en trámites interminables entre organismos provinciales y nacionales.
“Ineficiencia probablemente accidental”
En el tramo final del escrito se solicita formalmente que la Comisión tenga por presentada la denuncia, disponga la apertura de actuaciones, requiera los informes correspondientes y adopte las medidas necesarias para garantizar la correcta liquidación de los haberes previsionales.
También se reclama una propuesta concreta del Gobierno para terminar con lo que el documento define, con una formulación llamativamente prudente, como una “ineficiencia probablemente accidental”.
La expresión deja abierta una cuestión central: si los errores son reiterados, afectan a miles de personas y se vienen reproduciendo durante años, la pregunta ya no es solamente cómo corregirlos, sino por qué el sistema no logró evitarlos antes.
Del reclamo individual al control institucional
La presentación de Peral y Cordón busca precisamente trasladar el problema desde el terreno del reclamo individual hacia el control institucional.
Hasta ahora, muchos retirados y pensionados han debido recurrir a presentaciones personales, pedidos de información, gestiones ante la OTP o reclamos ante ANSES para obtener respuestas. La propuesta intenta romper con esa lógica y generar mecanismos permanentes de seguimiento, auditoría y representación.
En definitiva, el planteo es sencillo: que los aumentos que correspondan lleguen correctamente, que las diferencias sean reconocidas y abonadas, que existan responsables identificables cuando se producen errores y que los retirados y pensionados tengan un ámbito institucional donde puedan discutir sus problemas sin tener que empezar de cero cada vez.
Porque para quien vive de un haber previsional, una liquidación incorrecta no es una abstracción administrativa.
Es comida, medicamentos, tratamientos, alquiler y servicios.
Y cuando el error se vuelve reiterado, deja de ser un problema técnico.
Se convierte en un problema de derechos.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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