Una extensa entrevista a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, dejó una contradicción difícil de ignorar: mientras la funcionaria expuso con precisión el desarrollo provincial en biometría, reconocimiento facial, drones, inteligencia artificial y laboratorios forenses, sus respuestas sobre salud mental policial fueron mucho menos estructuradas.
Admitió seis suicidios entre policías y penitenciarios durante 2025 y otros cuatro casos en 2026, reconoció que el acceso al arma agrega un factor específico de riesgo y que muchos efectivos pueden evitar pedir ayuda por temor a perder servicios extraordinarios, pero no logró describir un programa integral con diagnóstico, cobertura, presupuesto, indicadores, garantías laborales y una política específica sobre las condiciones de trabajo que atraviesan a las fuerzas.
La entrevista concedida por Mercedes Rus al programa El Sol Investiga permite observar con bastante claridad dos niveles muy diferentes dentro de la política de seguridad mendocina, porque cuando la ministra habla de tecnología aparece una gestión que conoce sus herramientas, identifica objetivos, explica marcos normativos y describe procesos de implementación, mientras que cuando la conversación entra en la salud mental de policías y penitenciarios predominan referencias generales a protocolos, capacitaciones, articulaciones con Salud y postvención, sin que aparezca con la misma claridad una arquitectura institucional capaz de responder una pregunta básica: qué está haciendo concretamente el Estado para evitar que sus propios trabajadores lleguen al límite.
La crítica no consiste en negar lo que existe, porque Rus mencionó acciones concretas y sería incorrecto afirmar que el Gobierno mendocino no hace absolutamente nada, ya que habló de trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, atención prioritaria, capacitación para detectar señales de alarma, convenios asistenciales y dispositivos de postvención después de un suicidio, además de señalar que alrededor del 15% del personal había recibido formación preventiva y que el programa comenzó a extenderse al Servicio Penitenciario.
El problema es bastante más serio y tiene que ver con que la suma de intervenciones aisladas no equivale necesariamente a un plan integral, y durante más de una hora de entrevista la ministra no consiguió explicar uno con la misma precisión con la que describió cámaras, biometría, drones o inteligencia artificial.
Diez muertes en menos de dos años exigen mucho más que respuestas generales
El propio dato aportado por Rus debería haber modificado inmediatamente el nivel de la discusión, porque durante 2025 se registraron cinco suicidios de policías y uno de un penitenciario, mientras que en 2026 ya se contabilizaban otros cuatro casos.
Estamos hablando, por lo tanto, de al menos diez integrantes de las fuerzas de seguridad y penitenciarias muertos por suicidio en menos de dos años, según las cifras mencionadas durante la entrevista, y frente a semejante realidad resulta insuficiente encuadrar el problema principalmente dentro de la idea de que la salud mental constituye “la pandemia de los nuevos tiempos” y que los policías están atravesados por los mismos padecimientos que el resto de la sociedad.
Eso es parcialmente cierto, pero conceptualmente incompleto, porque policías y penitenciarios son ciudadanos y pueden padecer depresión, ansiedad, crisis familiares, problemas económicos o cualquier otra dificultad presente en la población general, aunque su trabajo incorpora condiciones específicas que exigen una política igualmente específica, entre ellas la exposición repetida a violencia, el contacto con muerte y sufrimiento, los turnos irregulares, la fatiga, la presión jerárquica, el régimen disciplinario, la disponibilidad operativa, el acceso cotidiano a armas y una cultura institucional donde reconocer vulnerabilidad todavía puede ser leído como un problema profesional.
Reducir ese cuadro a una crisis general de salud mental corre el riesgo de diluir precisamente aquello que el Estado debería estudiar con mayor profundidad.
El arma es un factor de riesgo, pero no explica por qué alguien llega hasta allí
Rus reconoció correctamente que el acceso al arma reglamentaria introduce un riesgo adicional y sostuvo que la profesión aporta “el medio”, porque un policía que atraviesa una crisis dispone de un elemento letal que el resto de la población no necesariamente tiene a mano.
Ese reconocimiento es importante, aunque también tiene un límite evidente, porque el arma puede facilitar el desenlace, pero no explica necesariamente el origen del sufrimiento.
Una verdadera política de salud mental ocupacional debería preguntarse no solamente quién porta un arma y cuándo corresponde retirarla, sino también qué factores laborales están asociados con las crisis, cuáles aparecen con mayor frecuencia, qué destinos presentan más problemas, cómo impactan los turnos, qué peso tienen los conflictos jerárquicos, cuánto influye el endeudamiento, qué ocurre después de una intervención traumática, qué relación existe entre sumarios, traslados y deterioro emocional y qué mecanismos permiten detectar un proceso antes de que se transforme en una emergencia.
Nada de eso apareció desarrollado con profundidad durante la entrevista.
La pregunta más importante quedó sin una respuesta completa
Uno de los entrevistadores planteó probablemente el problema más profundo de toda la conversación cuando señaló que muchos policías pueden evitar acudir a Salud Mental porque temen que les retiren el arma y que, al perderla, también pierdan la posibilidad de realizar servicios extraordinarios y una parte importante de sus ingresos.
La respuesta de Rus fue que, cuando existe riesgo para la integridad física, el único equilibrio posible consiste en proteger la vida, una afirmación que puede ser correcta desde el punto de vista médico inmediato, pero que resulta insuficiente desde el punto de vista de la política pública porque la pregunta no era si debe mantenerse armada a una persona con riesgo concreto de hacerse daño, sino cómo lograr que el trabajador pida ayuda antes de llegar a ese punto si sabe que pedirla puede deteriorar su economía familiar.
La ministra no explicó si existe una compensación económica para el efectivo que temporalmente queda sin posibilidad de realizar extraordinarios, si se garantiza una reubicación sin pérdida sustancial de ingresos, si existe protección específica de la carrera, cómo se preserva la confidencialidad, qué impacto tiene una consulta voluntaria sobre ascensos o destinos ni qué mecanismos impiden que buscar asistencia termine funcionando como una sanción económica indirecta.
Mientras eso siga sin resolverse, el sistema produce un incentivo peligrosísimo: ocultar el padecimiento puede resultar económicamente más conveniente que reconocerlo.
Cuando pedir ayuda puede costar plata, el protocolo nace condicionado
Este punto resulta especialmente importante porque toca una contradicción que excede a Mendoza, ya que muchas policías construyen salarios reales mediante una combinación de sueldo ordinario, adicionales, horas extraordinarias y compensaciones, y cuando el trabajador depende de esos ingresos para sostener a su familia cualquier decisión sanitaria que lo aparte temporalmente del servicio armado puede convertirse también en una decisión económica.
Eso significa que el Estado puede estar diciendo dos cosas al mismo tiempo: por un lado, que el trabajador debe pedir ayuda cuando la necesita y, por el otro, que hacerlo puede implicar una merma de ingresos.
Una política seria tiene que eliminar esa contradicción porque no alcanza con pedir confianza, sino que también hay que crear condiciones materiales para que confiar en el sistema no tenga costo.
Capacitar al 15% muestra un avance, pero también cuánto falta
Rus señaló como avance que aproximadamente el 15% del personal había recibido capacitación para detectar señales de alarma entre compañeros.
La iniciativa puede ser valiosa, aunque el mismo dato permite una lectura menos complaciente, porque si fue capacitado el 15% todavía queda aproximadamente el 85% fuera de esa instancia, al menos según la información brindada durante la entrevista.
Tampoco quedó claro cuánto dura esa formación, si tiene actualización periódica, si es obligatoria, qué contenidos incluye, cuál es la meta anual de cobertura, quién evalúa sus resultados o cómo se determina si efectivamente permite detectar situaciones de riesgo.
Convertir al compañero en primera línea de detección puede ayudar, pero no puede sustituir una estructura profesional permanente, porque cuando el Estado deposita buena parte de la prevención en que alguien de la guardia note que otro está mal corre el riesgo de trasladar una responsabilidad institucional hacia compañeros que tampoco son psicólogos, psiquiatras ni especialistas en prevención del suicidio.
“No mostraban signos” no puede ser una explicación suficiente
Otro momento especialmente revelador aparece cuando Rus señala que varios policías que atentaron contra su vida no mostraban signos evidentes en el trabajo y que sus compañeros no habían advertido señales previas.
Eso puede ser cierto en casos concretos, aunque precisamente por esa razón una política de prevención no puede descansar exclusivamente sobre signos visibles, porque las crisis emocionales no siempre se anuncian de manera evidente y muchos trabajadores aprenden a ocultarlas, sobre todo en instituciones donde la fortaleza, la disponibilidad y el control emocional forman parte de la identidad profesional.
Si el sistema espera que alguien se vea mal para intervenir, probablemente esté llegando tarde, y una estrategia integral debería incorporar evaluaciones periódicas, seguimiento después de episodios críticos, consultas confidenciales, estudios epidemiológicos, identificación de riesgos ocupacionales, protocolos de reintegro y dispositivos capaces de actuar sin convertir al trabajador en sospechoso de incapacidad profesional.
La postvención es necesaria, pero ocurre después de la tragedia
La ministra destacó además el trabajo de postvención, destinado a acompañar a compañeros y dependencias luego de un suicidio, una herramienta que es importante y cuya implementación merece ser reconocida.
Sin embargo, la propia naturaleza de la postvención marca su límite, porque actúa cuando la tragedia ya ocurrió, cuando una familia quedó destruida y cuando una dependencia perdió a uno de sus integrantes.
Una política integral necesita postvención, pero su verdadero éxito debería medirse por cuánto consigue evitar llegar hasta ella.
El contraste con la tecnología resulta demasiado evidente
Quizás el aspecto más llamativo de toda la entrevista sea el contraste entre dos formas de hablar, porque cuando Rus describe el sistema tecnológico de Mendoza explica decisiones políticas sostenidas durante una década, reformas a la ley de videovigilancia, reconocimiento facial, lectura automática de patentes, biometría, inteligencia artificial, drones y laboratorios aplicados a la investigación criminal.
En ese terreno hay objetivos, herramientas, responsables, normativa, implementación y resultados mencionados por la propia ministra, mientras que cuando habla de salud mental aparecen referencias mucho más generales y fragmentadas a protocolos, capacitaciones, articulación con Salud, convenios y postvención, sin que pueda verse con la misma claridad un sistema integral equivalente.
La diferencia es políticamente incómoda porque la propia ministra afirma durante la entrevista que el policía de calle sigue siendo “el principal eslabón” y que ninguna tecnología funciona si no existe un efectivo en territorio capaz de intervenir.
Si el policía es efectivamente el principal eslabón, resulta legítimo preguntar por qué el Estado parece conocer con mayor precisión el funcionamiento de una cámara que el deterioro emocional de quien está debajo de ella.
Mucho foco en el individuo, poco en la organización
La mirada que aparece en la entrevista es predominantemente individual, porque hay una persona con depresión, un trabajador que atraviesa una crisis, un compañero que debería advertir señales, una derivación posible y un arma que debe retirarse si existe riesgo.
Todo eso puede ser correcto, pero falta una dimensión completa: la organización como posible factor de riesgo.
No aparece un análisis profundo sobre turnos, jornadas prolongadas, endeudamiento, dependencia de servicios extraordinarios, presión disciplinaria, cultura jerárquica, impacto de sanciones o traslados, exposición reiterada a episodios traumáticos y conciliación entre vida familiar y disponibilidad policial.
No significa que cualquiera de esos factores explique automáticamente un suicidio concreto, porque establecer causalidades individuales sin evidencia sería irresponsable, sino que una política seria debería estudiarlos de manera sistemática y no limitar el problema a la esfera privada del trabajador.
El caso del comisario y el límite de las explicaciones oficiales
Durante la entrevista también se mencionó el reciente suicidio de un comisario que había sido trasladado aproximadamente dos semanas antes y, ante la consulta sobre una posible relación entre ambos hechos, Rus afirmó que el traslado obedecía a cuestiones relacionadas con la Inspección General de Seguridad y que no tenía vinculación con el desenlace.
La aclaración oficial debe ser respetada y no corresponde inferir causalidades que no estén probadas, aunque el episodio vuelve a demostrar por qué una política preventiva necesita estudiar sistemáticamente los factores organizacionales, no para concluir que un traslado provoca un suicidio, algo que sería científicamente y periodísticamente irresponsable, sino para determinar qué impacto pueden tener los cambios de destino, procedimientos disciplinarios, conflictos profesionales u otras situaciones laborales sobre personas que ya atraviesan vulnerabilidades.
Los suicidios no pueden transformarse en simples novedades
Hay una frase de la ministra que, probablemente sin pretenderlo, muestra otra dimensión del problema, porque Rus explicó que al llegar al Ministerio le llamó la atención “la cantidad de suicidios” cuando comenzó a verlos en las novedades policiales.
Una muerte por suicidio puede ingresar burocráticamente en una novedad, pero una política pública no puede dejarla allí, ya que cada caso debería generar, además de la investigación correspondiente y del respeto absoluto por la intimidad de la persona y su familia, una revisión institucional orientada a identificar factores comunes, señales previas, intervenciones realizadas, oportunidades perdidas y modificaciones posibles.
El objetivo no debería ser buscar culpables administrativos después de cada tragedia, sino aprender institucionalmente para reducir riesgos futuros.
Falta saber dónde están los números que realmente importan
Una política integral debería permitir responder cuántos policías y penitenciarios reciben actualmente asistencia psicológica o psiquiátrica, cuántos solicitaron ayuda voluntariamente, cuántos fueron derivados por superiores, cuánto demora un turno, cuántos profesionales existen por cantidad de trabajadores, qué porcentaje abandona tratamientos, cuántos regresan al servicio armado, cuánto tiempo tarda ese reintegro, cuántos sufren pérdida de ingresos durante el tratamiento, qué unidades presentan mayor cantidad de consultas, cuál es el presupuesto destinado específicamente a salud mental de las fuerzas y qué evolución tuvieron los indicadores después de implementar los programas.
Nada de eso aparece en la entrevista.
Tal vez algunos de esos datos existan, pero si existen la ministra no los expuso cuando tuvo una extensa oportunidad para explicar su política, y esa ausencia es significativa porque sin diagnóstico, indicadores y evaluación resulta muy difícil saber si estamos frente a una estrategia integral o simplemente ante un conjunto de respuestas parciales.
No alcanza con cuidar el arma; hay que cuidar al que la porta
Mendoza puede tener reconocimiento facial, inteligencia artificial, drones, laboratorios y sistemas de videovigilancia de vanguardia, y todo eso puede constituir una inversión legítima y útil para la seguridad pública, aunque ninguna tecnología puede compensar un recurso humano agotado, enfermo, endeudado, angustiado o temeroso de pedir ayuda.
Si el Estado reconoce que el policía representa su primer contacto con el ciudadano, que porta un arma y que constituye el principal eslabón de la seguridad, entonces su salud mental debería recibir una planificación equivalente a la importancia que el propio Gobierno dice atribuirle.
Lo que surge de la entrevista de Mercedes Rus no demuestra que Mendoza carezca absolutamente de acciones, pero sí deja una duda mucho más profunda: existen medidas, aunque la ministra no consigue mostrar que estén integradas dentro de una política específica, completa, medible y diseñada desde la realidad laboral de policías y penitenciarios.
Frente a diez suicidios mencionados en menos de dos años, esa diferencia deja de ser semántica y pasa a convertirse en una obligación política.
La pregunta que el Ministerio todavía debería responder
El desafío no consiste solamente en retirar un arma cuando alguien ya presenta riesgo, capacitar a compañeros para reconocer señales o acompañar a una dependencia después de una muerte, sino en construir un sistema en el cual pedir ayuda no implique perder ingresos, no ponga automáticamente bajo sospecha la carrera profesional, no estigmatice al trabajador y no dependa de que un compañero advierta algo cuando el sufrimiento ya resulta visible.
También significa estudiar qué parte del problema puede estar vinculada con el propio funcionamiento institucional y aceptar que algunas respuestas no están exclusivamente en un consultorio, porque cuando un policía teme hablar por las consecuencias laborales, necesita servicios extraordinarios para completar el salario, oculta una crisis para conservar ingresos y depende de que otro compañero advierta su deterioro, el problema no está solamente en su salud mental individual, sino también en la organización que administra su trabajo.
Ese es el punto que la entrevista no consiguió despejar y sobre el cual el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza debería dar respuestas mucho más concretas.
La provincia parece saber muy bien cómo encontrar una patente, reconocer un rostro o seguir desde un dron a una persona que intenta escapar, pero todavía debe demostrar que posee una estrategia igualmente rigurosa para detectar algo bastante más difícil y urgente: cuándo uno de sus propios trabajadores está empezando a quedarse sin salida.
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