Menos cámaras, más protección para los policías

Menos cámaras, más protección para los policías

No alcanza con prometer cárcel para los responsables cuando el policía ya murió.

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Cuando un policía es asesinado en cumplimiento del deber, el Estado tiene la obligación de hablar. Pero tiene una obligación todavía mayor: haber hecho todo lo posible para que ese crimen nunca ocurriera. Por eso, las declaraciones posteriores no pueden sustituir las responsabilidades previas.

Escuchar a funcionarios afirmar que «los vamos a meter presos» puede resultar tranquilizador para una parte de la opinión pública, pero también revela una peligrosa simplificación institucional. En un Estado de Derecho no son los funcionarios políticos quienes «meten presos» a las personas. Esa es la función del Ministerio Público de la Acusación y del Poder Judicial, con las garantías que establece la Constitución.

La tarea del Poder Ejecutivo es otra: prevenir, conducir, organizar, equipar y proteger.

No alcanza con prometer cárcel para los responsables cuando el policía ya murió. La primera responsabilidad del Gobierno consiste en garantizar que el personal llegue vivo al final del servicio.

En los últimos meses hemos visto a determinados funcionarios convertirse en los principales voceros de la política de seguridad provincial. Sus apariciones públicas, con un lenguaje cada vez más enfático y confrontativo, no sólo comunican decisiones de gobierno: también construyen perfiles políticos. Es una práctica legítima dentro de la actividad política. Lo que deja de ser legítimo es que una tragedia termine convertida en escenario para la construcción de liderazgo o la acumulación de capital político.

El asesinato del suboficial Eduardo Damián López merece justicia, pero también merece verdad institucional.

La pregunta no es únicamente quién lo mató. Esa respuesta deberá darla la Justicia.

La otra pregunta —la verdaderamente incómoda— debe responderla el Gobierno:

¿Qué hizo el Estado antes de ese operativo para minimizar el riesgo? ¿Fue suficiente el personal? ¿La planificación fue adecuada? ¿Los recursos eran acordes al nivel de violencia previsible? ¿Existían protocolos eficaces para este tipo de eventos?

Porque una política de seguridad no puede evaluarse solamente por la cantidad de detenidos que exhibe después de una tragedia.

Se mide, sobre todo, por la cantidad de policías que logran regresar con vida a sus hogares después de cada servicio.

Ese es el verdadero respaldo institucional.

Todo lo demás corre el riesgo de convertirse apenas en un discurso pronunciado frente a las cámaras cuando ya es demasiado tarde.

«Quien quiera oír que oiga»

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP),  «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) y «Gobernar mediante la sospecha».

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