Mercedes: condenaron a un ex policía a ocho años de prisión por abuso sexual contra una subalterna

El excapitán de la Policía Bonaerense Sandro Herrera recibió una nueva condena por un hecho ocurrido en 2019 en la ciudad de Mercedes.

El caso vuelve a poner en primer plano una cuestión particularmente sensible dentro de las fuerzas de seguridad: qué ocurre cuando la relación jerárquica se transforma en una herramienta de sometimiento y cuánto daño adicional puede provocar una investigación que se demora durante años.

La Justicia condenó a Sandro Herrera, excapitán de la Policía Bonaerense y exintegrante de la conducción policial en Mercedes, a ocho años de prisión por el abuso sexual de una subalterna ocurrido en 2019.

Según informó Noticias Mercedes, Herrera ya había estado detenido anteriormente por otro hecho de abuso, aunque permanecía en libertad. La nueva sentencia establece una pena de ocho años, pero mientras el fallo no quede firme continuará bajo el régimen de prisión domiciliaria.

La condena fue dictada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.º 1, con intervención del fiscal de juicio Adrián Landini y del fiscal de investigaciones Pedro Illanes.

Una relación jerárquica que agrava la dimensión del caso

El hecho adquiere una gravedad particular porque no se trata solamente de un delito cometido entre dos personas, sino de una situación atravesada por una relación de superioridad jerárquica dentro de una fuerza de seguridad.

En estructuras verticales como las policiales, el mando no es un dato accesorio. El superior tiene capacidad para influir sobre destinos, evaluaciones, funciones, recargos, oportunidades y condiciones cotidianas de trabajo. Cuando esa posición es utilizada para someter, hostigar o abusar de una persona subordinada, la violencia excede el plano individual y compromete también el funcionamiento institucional.

Por eso estos casos deben ser investigados con especial seriedad. La existencia de una cadena de mando no puede convertirse en un ámbito de impunidad ni en una barrera para quien necesita denunciar.

La demora también produce daño

Otro de los aspectos relevantes del caso es el tiempo transcurrido desde el hecho investigado. La denuncia se remonta a 2019 y la condena llega varios años después, en un proceso que, según el medio local, parecía haber quedado prácticamente congelado.

Las demoras judiciales tienen consecuencias concretas. Mientras el expediente avanza lentamente, la persona denunciante continúa expuesta a rumores, versiones y sospechas. En este caso, la víctima habría debido soportar durante años comentarios de colegas que sostenían que había retirado la denuncia a cambio de un ascenso.

La nueva condena contradice esas versiones y muestra hasta qué punto una investigación demorada puede abrir un espacio donde el vacío judicial termina siendo ocupado por el rumor.

Cuando la víctima también es cuestionada dentro de la fuerza

Ese punto merece especial atención.

Una subalterna que denuncia a un superior no solamente enfrenta un proceso penal. También puede quedar expuesta a un entorno laboral donde continúan operando jerarquías, vínculos personales, lealtades internas y mecanismos informales de presión.

Por eso una institución que pretenda abordar seriamente estos hechos debe garantizar canales de denuncia confiables, protección frente a represalias y condiciones para que la investigación pueda desarrollarse sin que quien denuncia termine sometido a una segunda forma de castigo.

No alcanza con afirmar que existen protocolos.

Es necesario que funcionen.

La presunción de inocencia no significa desprotección de la víctima

La discusión sobre denuncias falsas, que también atraviesa hoy a policías, penitenciarios y otros trabajadores, no debería utilizarse para relativizar casos donde existen pruebas suficientes y una sentencia condenatoria.

Una cosa es defender la presunción de inocencia mientras una investigación está abierta y cuestionar sanciones anticipadas cuando todavía no existe prueba suficiente. Otra muy distinta es desconocer una condena dictada luego de un proceso judicial.

Ambas preocupaciones pueden coexistir sin contradicción.

Es posible sostener, al mismo tiempo, que las denuncias falsas dañan gravemente a personas inocentes y que las denuncias verdaderas deben investigarse con profundidad y sancionarse cuando los hechos quedan acreditados.

La clave está precisamente en la calidad de la investigación.

Un antecedente que también interpela a la propia institución

El caso de Mercedes debería servir además para revisar cómo funcionan los mecanismos internos de control dentro de las fuerzas de seguridad.

Cuando el denunciado ocupa posiciones jerárquicas, el riesgo de que la subordinación laboral afecte la libertad de quien denuncia es mayor. Por eso resulta indispensable que las investigaciones puedan desarrollarse fuera de las cadenas de mando comprometidas y que existan garantías efectivas para preservar a las personas involucradas.

La defensa de los derechos laborales de policías y penitenciarios no puede ser selectiva.

Debe proteger al trabajador acusado injustamente, pero también a la trabajadora que denuncia un abuso real cometido desde una posición de poder.

Ni encubrimiento ni condena anticipada

El caso permite marcar una línea que debería ser elemental.

Frente a una denuncia, corresponde investigar.

Frente a una acusación todavía no probada, corresponde preservar la presunción de inocencia.

Frente a una víctima, corresponde garantizar protección.

Y frente a una condena, corresponde aplicar la responsabilidad que determine la Justicia.

El verdadero desafío institucional no consiste en elegir entre una parte y otra, sino en construir procedimientos capaces de distinguir correctamente entre una denuncia falsa y un hecho verdadero.

Porque tan grave como destruir la vida de un inocente mediante una acusación infundada es permitir que una víctima real quede atrapada durante años entre el silencio, la jerarquía y la sospecha.

Una condena que obliga a volver sobre el pasado

La sentencia contra Sandro Herrera no agota la historia. Por el contrario, obliga a mirar hacia atrás y revisar qué ocurrió cuando comenzaron a circular las primeras denuncias y cuando Noticias Mercedes sostuvo que sus investigaciones sobre abusos dentro de la estructura policial habían sido objeto de restricciones judiciales. La condena actual no demuestra por sí sola que aquellas acusaciones de encubrimiento fueran correctas, pero sí vuelve legítima una pregunta que ya no puede ser despachada como una simple pelea entre un medio y funcionarios locales.

Si en 2021 existieron decisiones judiciales destinadas a limitar publicaciones sobre denuncias de abuso sexual y presuntas irregularidades dentro de la conducción policial, hoy corresponde conocer con precisión qué se resolvió, quién lo solicitó, qué fundamentos se utilizaron y qué expedientes estaban involucrados. Del mismo modo, también debería reconstruirse qué ocurrió con las causas anteriores contra Herrera, cuáles fueron archivadas, por qué motivo y qué elementos existían entonces para sostener o descartar las denuncias.

La condena de ocho años no convierte retrospectivamente en verdaderas todas las denuncias formuladas años atrás, pero sí demuestra que al menos parte de aquella problemática merecía una investigación seria y profunda. En ese sentido, el paso del tiempo no cerró la discusión sino que la volvió más incómoda, porque ahora existe una sentencia que obliga a revisar cómo reaccionaron las instituciones cuando las primeras señales ya estaban sobre la mesa.

El caso deja así una enseñanza que excede a Mercedes: ni la denuncia debe transformarse automáticamente en condena, ni la jerarquía, el silencio institucional o una medida judicial pueden convertirse en barreras para investigar hechos graves. Cuando años después aparece una condena, la pregunta no es sólo qué hizo el condenado, sino también qué hicieron —o dejaron de hacer— quienes tuvieron antes la posibilidad de investigar, controlar y garantizar que esas denuncias fueran tratadas con la seriedad que exigían.

Una condena que obliga a volver sobre el pasado

La sentencia contra Sandro Herrera no agota la historia. Por el contrario, obliga a mirar hacia atrás y revisar qué ocurrió cuando comenzaron a circular las primeras denuncias y cuando Noticias Mercedes sostuvo que sus investigaciones sobre abusos dentro de la estructura policial habían sido objeto de restricciones judiciales. La condena actual no demuestra por sí sola que aquellas acusaciones de encubrimiento fueran correctas, pero sí vuelve legítima una pregunta que ya no puede ser despachada como una simple pelea entre un medio y funcionarios locales.

Si en 2021 existieron decisiones judiciales destinadas a limitar publicaciones sobre denuncias de abuso sexual y presuntas irregularidades dentro de la conducción policial, hoy corresponde conocer con precisión qué se resolvió, quién lo solicitó, qué fundamentos se utilizaron y qué expedientes estaban involucrados. Del mismo modo, también debería reconstruirse qué ocurrió con las causas anteriores contra Herrera, cuáles fueron archivadas, por qué motivo y qué elementos existían entonces para sostener o descartar las denuncias.

La condena de ocho años no convierte retrospectivamente en verdaderas todas las denuncias formuladas años atrás, pero sí demuestra que al menos parte de aquella problemática merecía una investigación seria y profunda. En ese sentido, el paso del tiempo no cerró la discusión sino que la volvió más incómoda, porque ahora existe una sentencia que obliga a revisar cómo reaccionaron las instituciones cuando las primeras señales ya estaban sobre la mesa.

El caso deja así una enseñanza que excede a Mercedes: ni la denuncia debe transformarse automáticamente en condena, ni la jerarquía, el silencio institucional o una medida judicial pueden convertirse en barreras para investigar hechos graves. Cuando años después aparece una condena, la pregunta no es sólo qué hizo el condenado, sino también qué hicieron —o dejaron de hacer— quienes tuvieron antes la posibilidad de investigar, controlar y garantizar que esas denuncias fueran tratadas con la seriedad que exigían.

Fuente consultada: Noticias Mercedes