La banalización del mal y el abandono en la formación y las condiciones laborales del policía.
Uno de los temas más preocupantes de la semana expone con crudeza la esencia de la gestión de Pullaro y Cococcioni en Santa Fe: el desprecio por la ley, por las normas más básicas y, en última instancia, por la vida humana.
Se puede desconocer lo que ocurre en algunos sectores de la administración pública, pero lo que no se puede hacer es permanecer inactivo cuando un problema adquiere notoriedad pública y se convierte en un escándalo.
La crisis en el Instituto de Seguridad Pública (ISEP)
Las denuncias sobre las condiciones en el ISEP son alarmantes. Las instalaciones están en ruinas, con riesgo de demolición, sin agua potable ni alimentos suficientes, con falta de camas y condiciones de higiene indignas. Todo esto está documentado con imágenes y testimonios de primera mano, pero el gobierno sigue sin dar respuestas. Los padres de los cadetes están desesperados. A diario recibimos imágenes, audios y videos que retratan la gravedad de la situación. La magnitud del problema es tal que incluso llega a saturarnos ciertamente.
Lo más grave es que esta problemática no es nueva, sino que se arrastra desde hace décadas. En lugar de soluciones estructurales, se optó por internar a los cadetes en condiciones deplorables sin una planificación logística adecuada. No hay un plan básico de infraestructura ni financiamiento, y las becas de $93.000 son una afrenta a la dignidad del personal en formación.
La banalización del mal en las redes sociales
Lo que agrava la situación es la reacción de ciertos sectores en redes sociales. Ante las denuncias, algunos justifican estas condiciones con argumentos como «nosotros también lo vivimos» o «es parte de la formación policial». Esta lógica de «si yo lo sufrí, los demás también deben hacerlo» no sólo es inhumana, sino que perpetúa un círculo de maltrato institucional.
Hannah Arendt habló sobre la «banalización del mal» al analizar el nazismo. Describió cómo personas «comunes» justificaban acciones aberrantes simplemente porque «obedecían órdenes». Salvando las distancias, la misma lógica se repite en quienes minimizan las condiciones inhumanas de formación policial y normalizan la precariedad con resignación.
El deterioro de las condiciones laborales policiales
La precarización laboral en la policía responde a una estrategia de control basada en la política del «látigo y la chequera». Los salarios rozan la línea de pobreza y están estructurados con pluses y pagos no remunerativos que actúan como mecanismo de presión. Esto obliga a los efectivos y sus familias a vivir en la incertidumbre económica, oscilando entre un bienestar mínimo o la indigencia profunda. Para compensar esta precariedad salarial, muchos policías se ven forzados a realizar horas extras interminables, sacrificando su descanso, su vida familiar y, en muchos casos, su salud. Este modelo de sometimiento laboral no solo empobrece al trabajador policial, sino que debilita toda la estructura de seguridad pública.
Esta problemática no solo afecta a los cadetes, sino también a los efectivos en actividad con décadas de servicios. Las dependencias policiales carecen de baños en buen estado, duchas para el personal, vestuarios y espacios dignos. Los agentes trabajan en condiciones extremas, con sueldos bajos y sin garantías laborales mínimas. La precariedad es tal que, recientemente, un policía falleció por leptospirosis y, en lugar de investigar las condiciones insalubres, el gobierno castigó a quienes denunciaron la situación con traslados arbitrarios.
El silencio del gobierno y su desprecio por el personal policial
Detrás de esta crisis está un gobierno que elige mirar hacia otro lado mientras el sistema de seguridad se desmorona silenciosamente. La gestión actual ha demostrado una visión distorsionada de la seguridad, reflejada también en su manejo del sistema penitenciario. Una funcionaria llegó al extremo de referirse a una nueva cárcel como «el infierno», dejando en claro que la política de seguridad se sustenta en el terror y la represión «para presos y a su manera también para policías».
La falta de inversión en seguridad no es casualidad, sino una política deliberada. La legislatura provincial se ha convertido en una escribanía del Ejecutivo, aprobando reformas sin debate ni oposición real. La situación de los cadetes es solo una muestra de un problema más profundo: el abandono del personal policial en todos los niveles.
La construcción cultural de la violencia y la militarización de la policía
Detrás de estas condiciones indignas subyace una construcción cultural de la violencia como herramienta de disciplina y control. Se pretende imponer la idea de que el sacrificio extremo, la carencia y la degradación son parte esencial de la formación policial. Esta narrativa busca justificar condiciones de vida y de trabajo inhumanas bajo el pretexto de forjar «hombres y mujeres fuertes». Pero en realidad, esta estrategia responde a una lógica más profunda: la militarización de la policía.
La política de someter a los trabajadores policiales a condiciones de extrema dureza no es casualidad. Forma parte de un esquema de domesticación institucional que busca modelar una fuerza policial sumisa, acrítica y alineada con intereses políticos específicos. Esta militarización encubierta no apunta a mejorar la seguridad, sino a transformar a la policía en una herramienta de control social, reduciendo su autonomía y fortaleciendo su dependencia del poder político de turno.
Reflexión final: solidaridad y conciencia
Es fundamental que dentro de la fuerza policial y en la sociedad en general exista mayor solidaridad. Mientras algunos justifican la precarización con comentarios mezquinos, el gobierno los usa como excusa para no hacer nada. Si seguimos normalizando estas condiciones, no habrá posibilidad de cambio.
Las condiciones de trabajo de los cadetes y de los efectivos en actividad reflejan el desprecio del gobierno por quienes garantizan la seguridad pública. Si no tomamos conciencia y exigimos cambios, el deterioro seguirá profundizándose.
No basta con indignarse. Es momento de actuar y para ello hay que pensar y razonar profundamente.
APROPOL Noticias