¿“Mileinización” del discurso o deriva oportunista?

¿“Mileinización” del discurso o deriva oportunista?

La tentación de etiquetar rápidamente este tipo de declaraciones como una “mileinización” —en alusión al clima político asociado a Javier Milei— es comprensible, pero quizá simplifica un fenómeno que merece un análisis más fino.

Por Alberto Rubén Martínez (*)

Lo que sí aparece con claridad es una coincidencia discursiva con el enfoque de orden público que encarna Patricia Bullrich, particularmente en torno al llamado “protocolo antipiquetes”. Es decir, más allá de las trayectorias políticas o ideológicas, hay un punto de encuentro: la validación del uso de la fuerza como herramienta para gestionar el conflicto social.

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EL CONSEJITO DE LA SEMANA: Saín propone «cagarlos bien a palos» a trabajadores de la seguridad pública.

Más que un giro ideológico, una señal de época

Hablar de “mileinización” puede ser útil como recurso retórico, pero en el fondo lo que se observa es algo más amplio: una cierta adaptación —o, si se quiere, alineamiento— con un clima de época donde el discurso punitivo gana terreno.

En ese contexto, figuras que en otros momentos defendieron enfoques más garantistas parecen correr sus propios límites. No necesariamente porque hayan cambiado de ideas en profundidad, sino porque el escenario político actual premia la dureza y castiga la ambigüedad.

El problema no es de etiquetas, sino de coherencia

El punto central no es si Saín se acerca más o menos a Milei o Bullrich. El problema es la coherencia entre lo que se sostuvo históricamente y lo que se expresa ahora.

Porque si alguien que se reivindica defensor de los derechos humanos termina avalando —aunque sea discursivamente— prácticas que implican represión de protestas sociales, la discusión deja de ser ideológica y pasa a ser ética.

Cuando los extremos se tocan

La política argentina tiene una larga tradición de paradojas. Y una de las más llamativas es cómo, en determinados temas —especialmente seguridad y orden público— sectores aparentemente opuestos terminan compartiendo herramientas y discursos.

«Hay que aplicarle el Protocolo Antipiquetes y cagarlos bien a palos, como hacen los miércoles con los jubilados!!! (La cordobecita no tiene suerte) “Tensión total en Seguridad: Las cinco fuerzas federales convocan a una marcha por los bajos salarios” – Saín en su cuenta de X

En ese sentido, más que “mileinización”, podría hablarse de una convergencia en torno a una lógica: frente al conflicto, palo. Una lógica que, más allá de quién la enuncie, siempre merece ser mirada con desconfianza.

El riesgo de validar lo que antes se cuestionaba

Si algo enseñan los procesos políticos es que las herramientas que hoy se justifican contra “otros”, mañana pueden volverse contra cualquiera. Por eso, cuando se avalan protocolos represivos según la conveniencia del momento, se debilita el piso común de derechos.

Y ahí está el verdadero problema: no quién lo dice, sino qué se está legitimando.

Porque si la respuesta a una protesta —sea de jubilados, policías o cualquier trabajador— es la represión, entonces el debate ya no es sobre seguridad. Es sobre el tipo de democracia que se está construyendo.

Un presente judicial que agrava el cuadro

A este viraje discursivo se le suma un dato imposible de soslayar: la situación judicial de Marcelo Saín. Con causas que lo tienen imputado y procesado por presuntos hechos de cohecho y espionaje ilegal sobre ciudadanos, su figura aparece hoy atravesada por cuestionamientos de máxima gravedad institucional.

No se trata de acusaciones menores. La corrupción y el uso clandestino de herramientas de inteligencia contra civiles son, en cualquier democracia, líneas rojas. Y más aún cuando se trata de alguien que ha ocupado posiciones de poder en el área de seguridad.

Entre el discurso y los hechos

Este contexto judicial introduce un elemento adicional en el análisis: la coherencia personal. Porque cuando quien opina sobre el uso de la fuerza del Estado está, al mismo tiempo, bajo sospecha de haber utilizado ese mismo Estado de manera irregular, el debate cambia de plano.

Ya no es solo una discusión sobre modelos de seguridad o enfoques políticos. Es también una cuestión de autoridad moral.

El trasfondo: credibilidad en caída

En ese marco, las declaraciones recientes no aparecen aisladas, sino como parte de un deterioro más amplio. La combinación de causas judiciales graves y posicionamientos que validan la represión como respuesta al conflicto social termina configurando una imagen en retroceso.

Y ahí es donde el análisis deja de ser ideológico para volverse institucional: ¿Qué credibilidad puede sostener alguien que, mientras enfrenta acusaciones por prácticas ilegales, propone endurecer el uso de la fuerza estatal?

Una advertencia que trasciende nombres propios

Más allá de la figura de Saín, el caso deja una enseñanza más amplia. Cuando se relativizan principios básicos —ya sea desde el discurso o desde la práctica— lo que se erosiona no es solo una trayectoria individual, sino la confianza en las instituciones.

Porque, en definitiva, la democracia no se mide por lo que se dice cuando conviene, sino por lo que se sostiene cuando resulta incómodo. Y en ese terreno, las contradicciones suelen tener un costo que tarde o temprano se hace visible.

«Quien quiera oír que oiga»

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP) y «La Teoría del Foco y la Vara». En abril se sumará «El Principio de Reciprocidad Institucional».

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